La reforma tributaria ha sido aprobada. Pronto será sancionada y rige a partir del primero de enero del 2023. O sea, sale para pintura: ahora hay que escoger muy bien qué color se le va a poner a la política fiscal.

Una primera decisión -nada fácil- que debe tomarse es escoger entre la multiplicidad de gastos que están haciendo fila para ser incluidos en el presupuesto adicional que se presentará en el primer trimestre del año entrante. Ese adicional será el documento qué responderá, por fin, la pregunta tantas veces formulada y nunca respondida satisfactoriamente durante el debate de la reforma: ¿en qué se van a gastar los nuevos recaudos?

No todos los gastos anunciados por el gobierno cabrán allí. Habrá muchos que forzosamente se tendrán que quedar por fuera. No hay cobija fiscal para todos ellos. El margen es estrecho y habrá que priorizar.

Aunque una reforma que produzca $ 20 billones anuales no se ven todos los días y es una de las más ambiciosas de las que se han aprobado, piénsese no más que la sola rebaja del 50% en la prima del SOAT demandará el 10% de todo el producido fiscal de la reforma. A esto habría que sumarle partidas para compra de tierras; pensiones; educación gratuita; emergencia invernal; subsidios nuevos como el de $500.000 mensuales anunciados para  las madres cabeza de hogar; o subsidios viejos pero impagados como los de las empresas del sector eléctrico que según las últimas noticias ya superan  los $7 billones de pesos; o el de los refinadores como Ecopetrol por concepto de la gigantesca deuda acumulada por el subsidio no cancelado (más de $30 billones) correspondiente al fondo de estabilización de los combustibles; el impacto sobre la nómina oficial que pueda tener el ajuste del salario mínimo para el 2023; el efecto en el presupuesto de la llamarada de las tasas de interés que ya compromete más de un cuarto de todos los ingresos públicos.

Y así podríamos seguir hasta el infinito, pues las presiones de nuevos gastos públicos son también infinitas.

Otra decisión delicada y pendiente es la siguiente: parte importante de los recaudos de la nueva tributaria son transitorios. Por ejemplo, los que generan las sobretasas al sector minero energético que desaparecerán cuando los precios internacionales bajen. Sería imprudente financiar contra este tipo de ingresos transitorios gastos de carácter permanente. Este es un nuevo rompecabezas que tiene entre manos el ministerio de Hacienda.

El ministro Ocampo ha anunciado con buen juicio que próximamente presentará (como prólogo del presupuesto adicional con el que distribuirá la pesca milagrosa de la reforma tributaria) el programa de gastos que el gobierno central va a emprender en el futuro inmediato. Será un documento crucial que ayudará a precisar no solo cuáles gastos es factible ejecutar sino cuáles tendrán que guardarse piadosamente al cuarto de san alejo.

Recordemos que el gobierno ha dicho -y lo ha repetido hasta la saciedad- que va a cumplir con la regla fiscal. Esto significa que habrá que empezar a aplicarle el freno de mano al endeudamiento público. Y que todos- o en todo caso la mayoría de los gastos que se emprendan- tendrán que financiarse con los recursos fiscales que provea la nueva reforma tributaria o con una mejor gestión fiscal.

El grifo del endeudamiento que hubo que abrir cuando sobrevino la pandemia hay que empezar a cerrarlo. Si es que efectivamente se quiere cumplir con los parámetros de la regla fiscal. De esto están pendientes observadores internacionales y agencias calificadoras.

La reforma tributaria ha sido aprobada. Sus recaudos solo entrarán a las arcas públicas a partir del 2014, no lo olvidemos. Ahora sale para pintura y hay que escoger con sumo cuidado de qué color vamos a dibujar la política fiscal venidera: ¿con las chillonas tonalidades de la desmesura o con los tonos sobrios de la moderación?