La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a las autoridades locales de Popayán para que diseñe y ejecute una política pública social de habitante de calle, ante la problemática que se presenta desde hace varios años en la capital del Cauca dada la falta de implementación de esta herramienta para  favorecer a esta población vulnerable que afronta marginación o debilidad manifiesta.

En su oficio, el ente de control mencionó que la Corte Constitucional calificó la situación social y económica de quienes hacen de la calle su lugar de habitación, bien sea de forma permanente o transitoria, como “un atentado contra su dignidad y la efectividad de sus derechos fundamentales”, y agregó que “esto evidencia su especial situación de vulnerabilidad y sustenta el compromiso directo e inmediato que tiene el Estado Social de Derecho con los habitantes de calle”.

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En este sentido, la Procuraduría Regional de Instrucción del Cauca advirtió que inició una actuación preventiva con el objeto de ejercer vigilancia y control para que la administración municipal de los payaneses cumpla la Ley 1641 de 2013 dirigida a garantizar, promocionar, proteger y restablecer los derechos de estas personas y anticiparse a la posible materialización de infracciones en contra de sus derechos fundamentales. 

La entidad también refirió en su misiva lo manifestado por el órgano constitucional con respecto a que los lineamientos trazados por la citada Ley deben ser tomados como pautas suficientes para ordenar a los entes municipales la puesta en marcha de programas que brinden protección reforzada a la población en condición de indigencia, con el propósito de lograr su atención integral, rehabilitación e inclusión social.

Por último, solicitó a los destinatarios de la petición, remitir los soportes e informar, entre otras, si actualmente el municipio cuenta con la caracterización demográfica y socioeconómica de los habitantes de calle, bajo los parámetros obligados por la ley para la realización de la intervención social requerida. Además, les pidió informar si se formuló la política pública social, y de no haberse hecho, detallar la manera en que dicha política será formulada, implementada, seguida y evaluada. 

La comunicación fue remitida al alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz; los secretarios de Gobierno, María Consuelo Chantre; Salud, Gerardo Ernesto Zúñiga y Planeación, Yasmín Hurtado Ordóñez, así como a la jefa de la Oficina Asesora Jurídica, Ana Lucía Prado.