El gobierno del izquierdista Gustavo Petro suscribió este viernes en Bogotá un acuerdo de cooperación con la Corte Penal Internacional (CPI), con el fin de "fortalecer" el poder judicial en Colombia.
El acuerdo "busca trabajar de manera conjunta para fortalecer la cooperación, el diálogo, el intercambio de experiencias y la creación de capacidades entre el sistema judicial y los organismos de control en Colombia", aseguró la Presidencia en un comunicado emitido el viernes.
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En la presidencial Casa de Nariño, el fiscal de la CPI, Karim Khan, y el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, firmaron el documento en presencia del presidente Petro, tras un encuentro entre representantes de la Corte y del gobierno colombiano, incluido el mandatario.
"Para nosotros es muy esperanzador que la sede del evento de lanzamiento y presentación de la política de complementariedad y cooperación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sea en Colombia, aquí en Bogotá", dijo la víspera el canciller colombiano al término de una reunión con Khan en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La CPI, creada en 2002, es la única corte independiente del mundo establecida para investigar los crímenes más graves, como genocidios, crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Los acuerdos, que se firmaron también en República Centroafricana según un comunicado del tribunal, buscan estrechar lazos de cooperación con los Estados firmantes del Estatuto de Roma de 1998 sobre crímenes de guerra, "acercando su labor a las comunidades afectadas y profundizando en sus asociaciones".
Khan, por su parte, elogió el jueves la política de implementación de los acuerdos de paz de 2016 con la extinta guerrilla de las FARC, entonces la más poderosa del continente. "El ejemplo que vemos acá es un ejemplo para el mundo", sostuvo el abogado británico.
"Cuando trabajamos con Colombia, no venimos acá con todas las respuestas. Nosotros aprendemos (...) de la Fiscalía General, de la JEP, de las instituciones", agregó.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es una institución nacida en el proceso de paz de 2016 y juzga algunos de los peores crímenes cometidos durante la guerra.
Colombia vive un conflicto armado de seis décadas que ha dejado 9,5 millones de víctimas entre secuestrados, desaparecidos, desplazados y asesinados.