La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, le solicitó a la Corte Constitucional que realice una audiencia pública para definir el futuro de la reforma a la Procuraduría.

La cabeza del Ministerio Público le pidió al alto tribunal, a través de una misiva, que se realice una audiencia pública con el fin de discutir el nuevo código disciplinario, que le permite a esta entidad sancionar a funcionarios elegidos por voto popular, a pesar del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el caso de Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá.

La CIDH, en un documento emitido en noviembre del 2021, advirtió que la reforma a la Procuraduría no cumple con su sentencia.

Esa Corte internacional recordó que las órdenes fueron encaminadas a eliminar funciones de la Procuraduría sobre las sanciones disciplinarias contra funcionarios públicos de elección popular.

Congreso

Vale recordar que la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó el primer artículo de la reforma política propuesta por Heráclito Landínez, del Pacto Histórico. Este polémico artículo quita facultades a la Procuraduría para suspender a funcionarios elegidos por voto popular, en cumplimiento con lo dictaminado por la CIDH.

Sobre el asunto, Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical, se pronunció: “La reforma política la han autodenominado ‘anticorrupción’; sin embargo, es incomprensible que quieran anular a una entidad como la Procuraduría. ¿Pretenden premiar a quienes se han robado los dineros de los colombianos y que han sido destituidos por vínculos con la criminalidad?".

"Este Congreso no puede desconocer el mandato de la Constitución del 91, las reformas que aquí aprobemos tienen que profundizar esa separación de poderes, el sistema de equilibrio de poderes, el principio de frenos y contrapesos y no eliminarlo", agregó el senador.

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Sin embargo, Motoa destacó que se eliminara el artículo que pretendía limitar los derechos ciudadanos con el voto obligatorio.

"Las cifras de participación democrática no pueden validarse a costa de limitar garantías y derechos ciudadanos. Además, la crisis de representatividad no la vamos a corregir con el voto obligatorio", dijo el congresista.

Del mismo modo, el congresista Pedro Suárez Vacca señaló al respecto que “hemos aprobado la armonización del ordenamiento interno con el bloque de constitucionalidad; esto es eliminar la facultad de la autoridad administrativa, como es la Procuraduría, para imponer sanciones de tipo de destitución para funcionarios públicos elegidos por voto popular, esto de acuerdo con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

La procuradora

La procuradora general ha señalado al respecto que “tenemos que garantizar la existencia del derecho disciplinario, tal como lo ha dicho la Carta Magna colombiana y lo ha ratificado la Corte Constitucional. Esta reforma al Código Disciplinario lo que busca es prevenir y sancionar las conductas de aquellos funcionarios que no den estricto cumplimiento a los deberes, o que obstaculizan la correcta marcha de la administración pública”.

De igual forma, la representante del ente de control aseguró que se está trabajando para lograr que los procesos misionales se resuelvan en forma oportuna y confiable. “El reto es frente a la inmensa cantidad de actuaciones disciplinarias que se encuentran en la Procuraduría (75 mil). Es la materialización inmediata de los mismos, lo que demanda un esfuerzo grande y singular”, e hizo énfasis en la optimización de los procesos y tiempos de respuesta en la gestión de la entidad, particularmente en los radicados disciplinarios con riesgo de prescripción.

“Es bueno que sepan la historia, porque nos ayuda a no cometer los mismos errores. Fue la Carta Política del 91 la que le dio la función a la Procuraduría General de la Nación, con carácter autónomo e independiente del Ejecutivo, con una misión de control frente a las autoridades públicas”, aseguró la procuradora.

“La meta propuesta es bajar la mayor cantidad posible los procesos, a efectos de que podamos cumplir con nuestra misionalidad y contrarrestar esas voces peligrosas que hablan, sin conocer de fondo lo que es la Procuraduría, de eliminar una institución de cerca de 200 años de existencia” y puntualizó que “eliminar de la estructura constitucional a la Procuraduría, como algunos quieren, implica, por lo menos, una nueva constituyente. No es tan fácil”.