- El pulso tras el ajuste a la justicia
- La crisis del sistema penitenciario
Cada vez que se discute una reforma a la justicia hay temas que suelen ponerse sobre la mesa casi de manera inmediata, especialmente el relativo a la capacidad del sistema carcelario para albergar la creciente cantidad de personas condenadas y sindicadas. El debate en estos momentos a otra iniciativa de reingeniería a esta rama del poder público no ha sido la excepción. El Gobierno cree que el proyecto será clave para descongestionar la justicia y acercarla al ciudadano, especialmente en lo relativo a sentencias de unificación, desjudicialización de asuntos para ser resueltos por particulares y autoridades administrativas e incluso la habilitación del arbitraje legal.
Sin embargo, el artículo más ambicioso respecto a la situación en las cárceles (al menos tras lo aprobado en la Comisión I del Senado) es el relacionado con limitar a un máximo de 1 año la reclusión por detención preventiva y 18 meses en los eventos especiales que serían definidos por una futura ley estatutaria. Tanto la Fiscalía como una asociación de alcaldes de inmediato advirtieron que aprobar esa norma llevaría a una excarcelación masiva superior a las 12 mil personas, entre ellas casi cinco mil procesadas por delitos como homicidio o agresiones sexuales. El campanazo pareció dar resultado ya que en la plenaria del Senado se abre paso la posibilidad de hundir este controvertido artículo.
A lo anterior se suma que desde distintos sectores de la ciudadanía así como de los alcaldes y los gobernadores se continúa insistiendo en que lejos de flexibilizar las normas para permitir excarcelaciones o elevar los requisitos para que una persona pueda ser objeto de una medida de aseguramiento intramural, lo urgente es hacer más drástico el ordenamiento penal para que los criminales que son capturados en flagrancia hurtando celulares o incurriendo en otros delitos de alto impacto, no queden libres a las pocas horas o días, volviendo sin recato alguno a su actividad ilícita.
Se trata, sin duda alguna, de un problema bastante complejo, en el que no sólo se debe analizar, de un lado, cuándo la normatividad penal debe afectar la libertad de un sindicado, que los tratadistas modernos recomiendan que solo sea en casos extremos, y, de otra parte, si el sistema de prisiones tiene la capacidad para albergar a una población que crece a un alto ritmo.
Este último es un asunto aún más complicado. En días pasados, por ejemplo, en la Corte Constitucional se llevó a cabo una audiencia de seguimiento a las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015, las cuales declararon “el estado de cosas inconstitucional” en el sistema penitenciario y carcelario colombiano. Durante la misma impactaron las cifras reveladas por la Contraloría, con base en un informe de agosto pasado, según el cual el Inpec reportaba una disminución de 7 puntos en el hacinamiento en prisiones, en el período de julio de 2016 a mayo de 2018, pasando de 54.6 por ciento a 47.8 por ciento. Este resultado positivo, sin embargo, se ve afectado negativamente por el escaso dinamismo de la construcción de más cupos carcelarios.
Según el ente de control fiscal, tampoco se ha renovado la infraestructura carcelaria y los procesos de resocialización son poco efectivos. Además, las instalaciones donde se preparan las comidas son inadecuadas y los servicios de salud deficientes. Asimismo, para la Contraloría es claro que los impactos positivos de reformas legislativas dirigidas a descriminalización de conductas y concesión de beneficios judiciales y administrativos, son neutralizados con la expedición de normas de aumento de penas, eliminación de subrogados y creación de tipos penales. A ello se suma que la Tasa de Reincidencia creció en el período 2016-2018, pasando de 16.7 por ciento a 18.3 por ciento.
El Gobierno, ante la Corte, sostuvo que si bien viene adelantando medidas para garantizar los derechos de las más de 192 mil personas privadas de la libertad, la solución a la crisis debe ser conjunta, es decir del Ejecutivo, la ciudadanía y el Congreso, acompañado ello de la urgencia de desterrar el llamado “populismo punitivo”.
Otro flanco del problema carcelario es que continúa existiendo un pleito entre las instancias nacionales y regionales respecto a quién debe construir las cárceles para los sindicados, que hoy son más de 40 mil.
Visto todo lo anterior es fácil entender que por más que se esté tramitando en el Congreso un proyecto de reforma a la justicia, cada cambio que allí se haga para aumentar o disminuir la población carcelaria debe aterrizarse a la realidad de un sistema penitenciario que arrastra no solo un alto porcentaje de hacimiento sino una crisis estructural profunda.