Tras un periodo de anuncios en las diferentes cumbres de alcaldes y gobernadores, el Gobierno nacional, en cabeza del ministro del Interior, Daniel Palacios, radicó en el Congreso el proyecto de ley que modifica varias normas del Código de Seguridad y Convivencia, el Código Penal y el Código de Extinción de Dominio, para castigar a quienes cometan delitos con armas de fuego o cortopunzantes y que previamente hayan sido detenidos por las autoridades.

Asimismo, el jefe de esa cartera afirmó que este proyecto busca que los jueces de la República envíen a prisión a quienes reinciden en la criminalidad, e igualmente señaló que se agravarán las penas para aquellos que atentan contra la Fuerza Pública.

“Este proyecto de ley pretende agravar conductas penales, para lograr, por ejemplo, que el hurto a personas lleve a una condena efectiva con medida de aseguramiento, que el porte de armas tenga medida de aseguramiento”, expresó Palacios.

Insistió en que la iniciativa fortalecerá la seguridad de la ciudadanía y evitará la impunidad, por lo que advirtió que tendrá mensaje de urgencia del Gobierno para que el trámite en el Senado y Cámara de Representantes se desarrolle en este último periodo legislativo.

Frente a las medidas que se aplicarán a delincuentes que ataquen a uniformados, Palacios advirtió que “se agrava una pena de ocho a 13 años para quien comete este tipo de delitos contra algún miembro de la Fuerza Pública o personal de la justicia, o cometa lesiones personales contra los mismos. En caso de homicidio, la condena será hasta 58,3 años de prisión”.

En tanto que la pena irá de cuatro a 12 años de prisión para quien cometa daño en bien ajeno cuando se trata de la infraestructura institucional, del servicio público y de la justicia.

Del mismo modo, el Ministro resaltó el papel que desempeñarán los alcaldes y gobernadores para avanzar en la construcción de centros penitenciarios, así como en el mejoramiento de las unidades de detención temporal para evitar que se presente hacinamiento.

“Buscando que esa capacidad de llevar a la cárcel y de tener media intramural, también lleve un compromiso por parte de los mandatarios locales y del Gobierno nacional, de avanzar en el tema de la construcción de infraestructura carcelaria, centros de reclusión temporal, centros de traslado por protección; por eso trabajaremos de la mano de alcaldes y gobernadores, para que esa construcción de centros penitenciarios sea una realidad”, expresó.

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Panorama actual

Según los registros presentados en el proyecto de ley, el 21% de los homicidios en Colombia son producto de riñas, especialmente de situaciones de intolerancia; mientras que el 19% de los homicidios son con arma blanca, por lo que el Ministro reiteró que se debe prohibir el porte de este elemento cortopunzante en las calles.

Además indicó que solamente en Bogotá se han presentado un poco más de 28.923 hurtos durante el transcurso del año, de los cuales 4.415 fueron con arma de fuego.

En este sentido, el jefe de la cartera del Interior especificó que el objetivo fundamental es mantener la privación de la libertad a aquellos delincuentes que reinciden en alguna conducta hasta por 72 meses, como es el caso de la intimidación o amenaza con arma de fuego, otras armas, elementos o dispositivos menos letales y cuchillos, entre otros.

La iniciativa también contempla el tiempo en prisión del condenado de acuerdo al valor del bien que fue hurtado. Por ejemplo, si un objeto cuesta menos de cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes, la pena estará entre 18 y 36 meses de cárcel. Pero si vale entre los cuatro y ocho salarios mínimos, el delincuente será condenado a una pena mayor.

Además, quien ejerza la violencia, amenaza, coacción o intimidación para obstruir, impedir o dificultar la realización de cualquier función pública, incurrirá en prisión de 36 a 60 meses.

“Colombia está pidiendo que no haya impunidad para los bandidos, para quien roba en la calle. En este sentido, lo que buscamos es, entendiendo el clamor de los colombianos y la instrucción del Presidente, que con este proyecto de ley podamos fortalecer y reducir la impunidad, que quienes cometen un delito estén en las cárceles”, puntualizó el Ministro.

Asimismo, Palacios informó que el proyecto crea el registro nacional de armas, elementos y dispositivos menos letales a cargo del Ministerio de Defensa, por intermedio del Departamento de Control, Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (Dccae), donde se establecerá el permiso para el porte de armas menos letales, que se clasifican en energía cinética, neumáticas de aire comprimido y fogueo.

De igual manera, el Ministerio del Interior creará un sistema de recaudo a nivel nacional de los pagos por concepto de comparendos y medidas correctivas impuestas por los Inspectores de Policía, al igual que buscará adoptar la tecnología para su implementación. “Los recaudos ingresarán al Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonset), en cuenta independiente dispuesta por las administraciones distritales y municipales”, puntualizó.

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Viabilidad del proyecto

En anteriores semanas, EL NUEVO SIGLO habló con exfiscales y ex vicefiscales generales, quienes dieron su percepción frente a esta propuesta legislativa y explicaron si esta tendría los suficientes efectos para detener la reincidencia criminal.

Por una parte, el exfiscal general Guillermo Mendoza sostuvo que esta reforma penal será bienvenida “en la medida en que dificulte que se otorguen las libertades a las personas por esos delitos en donde se actúa violentamente ante las víctimas”.

Señaló que una de las necesidades que debe abordar la propuesta es “la posibilidad de imponer detención preventiva para los casos de hurto, independiente de la cuantía, y que cuando haya actos de violencia contra las personas, eso incrementaría la pena en el hurto”.

Sin embargo, el exfiscal Néstor Humberto Martínez aseguró que esta propuesta tenía que ser presentada como una reforma constitucional porque, de lo contrario, la Corte declararía la inconstitucionalidad de la misma, como sucedió con un proyecto que radicó en 2018 cuando era jefe del ente acusador.

“El problema es que tener en cuenta la reincidencia para efectos penales solo es posible si Colombia aborda el tema mediante una reforma constitucional”, precisó.

Finalmente, el ex vicefiscal Jorge Armando Otálora recalcó que, aunque la reincidencia tiene azotada y dolida a la sociedad, el primer aspecto que debe reconocerse es que “el Estado fracasó en la política penitenciaria porque si la gente va a las cárceles y vuelve a seguir cometiendo delitos, entonces qué tratamiento penitenciario se les está dando a esas personas en los establecimientos carcelarios”.