EN LA Comisión Primera de Senado se debatirá el proyecto de ley que pretende incentivar a los partidos y movimientos políticos para la inscripción de mujeres para los cargos de elección popular, desde las Juntas de Acción Comunal hasta el Congreso de la República.
La senadora Esperanza Andrade, ponente de la iniciativa, explicó que esta proposición legislativa, que modificará los artículos 17 y 18 de la Ley 1475 de 2011, responderá a los vacíos jurídicos que aún persisten en el país frente a la inclusión de la cuota femenina en la política nacional.
“Pese a los mandatos consagrados en la legislación colombiana, aún existen importantes brechas entre los géneros que ponen a la mujer en franca desventaja en relación con el hombre en los diferentes aspectos de la vida social, económica, política y laboral”, expresó la dirigente conservadora.
Aunque la participación de la mujer en política ha aumentado desde el 2014, la senadora considera que “es menester que Colombia encamine sus esfuerzos en la adopción de estrategias para disminuir las desigualdades existentes entre hombres y mujeres, logrando de esta manera avanzar en el cumplimiento del objetivo de igualdad de género y el empoderamiento femenino”.
Financiamiento de partidos
De acuerdo con la congresista conservadora, se considera indispensable garantizar recursos económicos exclusivos para la inclusión de las mujeres en los procesos políticos del país. Para ello, propuso que las colectividades políticas o movimientos reciban el 35% de financiación estatal para gastos de funcionamiento, y no 40% como está estipulado actualmente por dicha ley, para que ese 5% restante sea frente a la proporción de mujeres respecto de su bancada.
“La norma no perjudica a las organizaciones, ya que seguirán recibiendo la misma cantidad de dinero, pero la diferencia es que entre más mujeres resulten elegidas, mayor dinero se les entregará”, señaló.
En cuanto a la destinación de los recursos, Andrade manifestó que dentro del 15% de los aportes del Estado se les establece un porcentaje fijo de siete puntos para uso exclusivo de las mujeres en la corporación. Sin embargo, considera que esta estrategia “se ha quedado corta en la medida de que dichos recursos deben ser destinados no solo a la inclusión de la mujer sino a las actividades de centros de pensamiento, realización de cursos de formación y capacitación política y electoral, así como la inclusión de grupos minoritarios y jóvenes”.
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Poca representación femenina
De acuerdo con los datos reportados por la Registraduría Nacional, la presencia del género femenino en cargos de elección popular para el periodo 2020-2023 no supera el 25%. En las pasadas elecciones legislativas se inscribieron 944 mujeres para los comicios electorales legislativos, 636 para Cámara y 308 para Senado. No obstante, solamente 55 dirigentes obtuvieron su curul en el Congreso (32 para Cámara y 23 para Senado), respectivamente.
La situación en las demás corporaciones de elección popular no parece distinta. De 20 mujeres inscritas para gobernación, solo dos fueron electas; de 754 registradas para alcaldías, se eligieron 132; mientras que en las asambleas, de 1.321, fueron escogidas 73 y en concejos municipales, de 35.855, lo lograron 2.157.
“Se recuerda que en Colombia del total de la población nacional, la mayoría está compuesta por mujeres (51,2%), lo que nos obliga a definir estrategias para avanzar en el empoderamiento político de este género a nivel local, regional y nacional”, afirmó la senadora Esperanza Andrade.
Aval de la Corte Constitucional
Frente a la proposición, el Alto tribunal señaló en una sentencia que no había implicaciones jurídicas que desestimaran la proposición radicada en el Congreso, sustentando que este proyecto implica acciones afirmativas para la promoción de la igualdad real.
“El porcentaje de financiación estatal otorgado a partidos y movimientos políticos dependiendo del número de mujeres y jóvenes elegidos en las corporaciones públicas, constituye en criterio de la Sala no solo un estímulo razonable a estos partidos y movimientos, sino que contribuye a promover la participación política efectiva de estos sectores de la población, lo cual se encuentra en plena armonía con la Constitución Política”, se lee en el documento.
Si bien en el Congreso se aprobó el nuevo Código Electoral que promulga la paridad de género (50% mujeres, 50% hombres), esta proposición ha generado incertidumbre entre la Registraduría y la Misión de Observación Electoral (MOE) por las constantes dificultades que ha soportado la Corte Constitucional frente a la revisión del proyecto.