Luego de que fuera suspendido el tercer debate en la Comisión Segunda de la Cámara al Proyecto de Ley sobre el Acuerdo de Escazú, la Alianza por dicha iniciativa hizo un llamado al Congreso para que defina pronto la nueva fecha para surtir el trámite, el tercero de cuatro y demostrar “su compromiso con los derechos humanos y el medio ambiente”.

“Este aplazamiento desconoce que el tratado regional ya lleva dos años en el Congreso y su trámite ha tenido múltiples discusiones, así como diversas dilaciones. La Alianza por el Acuerdo de Escazú en Colombia reitera la solicitud al Congreso y al Gobierno nacional de impulsar de manera urgente el proceso de ratificación de este visionario tratado. Su postergación repite la falta de compromiso que tuvo el Congreso pasado, en un momento en el que Colombia enfrenta enormes retos para el fortalecimiento del acceso a la información, a la participación ciudadana y a la justicia en materia ambiental. Adicionalmente, la gravísima situación de asesinatos y amenazas a personas defensoras del ambiente en el país es una razón determinante para que Colombia se haga parte del Acuerdo lo antes posible”, señaló la Alianza.

Recuerda que el Acuerdo de Escazú materializa el compromiso de América Latina y el Caribe con la democracia ambiental, un concepto que se fundamenta en procesos participativos con acceso a información técnica de calidad, mecanismos judiciales efectivos en materia ambiental y principalmente establece la obligación de proteger a quienes ponen en riesgo su vida en escenarios de protección territorial.

“Ignorar este tratado regional implica cerrar las puertas al fortalecimiento de nuestras políticas públicas e institucionalidad ambiental, y dar la espalda a un escenario de cooperación y multilateralismo fundamental para nuestro país” afirma Lina Muñoz Ávila, profesora de la Universidad del Rosario”, señaló.

Recientemente, Vanessa Torres, subdirectora de la organización Ambiente y Sociedad manifestó en Audiencia Pública que Colombia no solo debe hacer parte de esta iniciativa, sino liderar el proceso en la región.

Sobre la participación ciudadana indicó que, si bien Colombia cuenta con diferentes mecanismos judiciales, administrativos y políticos, la ausencia de una participación efectiva en etapas iniciales de toma de decisión limita el alcance del derecho. Añadió que en materia de justicia ambiental el Acuerdo de Escazú pone sobre la mesa la importancia de capacitar y generar herramientas a la rama judicial en materia ambiental, proceso necesario entendiendo que muchos fallos judiciales no han sido implementados por falta de capacidad.

“Por otro lado, congresistas de diversas bancadas y sectores políticos han manifestado su apoyo al Acuerdo de Escazú y su disposición de aprobarlo. Los representantes, coordinadores ponentes, Andrés Calle del Partido Liberal, Carolina Giraldo del Partido Verde, David Racero del Pacto Histórico, Fernando Niño del Partido Conservador, Alexander Guarín del Partido de la U, Elizabeth Jay-Pang del Partido Liberal, Erika Tatiana Sánchez de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Norman Bañol de la Circunscripción Indígena y Jorge Tovar de la Circunscripción de Paz, en un comunicado reconocen que el Acuerdo de Escazú es una herramienta que ayudará a seguir fortaleciendo la lucha y la protección por el medio ambiente y los derechos humanos.

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“Desde la Cámara, llevaremos la bandera de la defensa y trabajaremos con determinación para que este proyecto avance en su curso y pueda ser una realidad en nuestro país”, puntualizan.

¿Qué busca? Proteger a las personas que defienden el ambiente y prevenir los conflictos ambientales garantizando.

Que las personas involucradas en actividades que pueden afectar el ambiente participen en éstas desde el principio.

Que las comunidades accedan a información oportuna, comprensible y en igualdad de condiciones sobre procesos que puedan afectarlos y a sus territorios.

Que exista mayor acceso a la justicia en casos que afecten al ambiente y los derechos humanos.

¿Qué significa esto en la práctica? Con este Acuerdo, que hasta el momento ha sido ratificado por 13 estados de Latinoamérica y el Caribe, se podrían evitar casos como:

El del Suroeste Antioqueño: Allí las comunidades no solo se enteraron de la intención de hacer minería de oro cuando empezaron los sobrevuelos. La compañía minera usó caudales de agua para el proceso de exploración, mientras construía una vía que afectó grandes cantidades de árboles nativos y un helipuerto sin autorización.

El de Santurbán: El país enfrentó una millonaria demanda por 736 millones de dólares (cerca de 2,4 billones de pesos) instaurada por la minería Eco Oro.

La empresa aseguraba que sus inversiones se afectaron por la prohibición de exploraciones en el páramo de Santurbán, en Santander. Aunque ya salió un fallo de un tribunal internacional que le da la razón al país, pues señala que tiene derecho a delimitar sus páramos, también indica que Colombia violó la obligación de garantizar un trato justo y equitativo al inversionista extranjero.

El de Caño Cristales: Allí se había concedido una licencia exploratoria para la explotación de hidrocarburos, a pesar del enorme impacto ambiental que podría generarse a este ecosistema, y sin la participación de las comunidades que dependen del turismo local.