La Contraloría General de la República (CGR) concluyó un estudio orientado a analizar el estado de los recursos públicos de las entidades en liquidación con corte a diciembre de 2019, que arroja varias conclusiones sobre estos procesos, empezando porque al finalizar 2019 involucraban un total de activos por $2,26 billones para el pago de acreencias y, en muchos casos, se están llevando hasta dos décadas para llegar a su fin. 

El tiempo promedio de duración de las liquidaciones es de 20 años, para lo cual el organismo de control podría estar afectando el cumplimiento de los objetivos propuestos en estos procesos, ocasionando un incremento en los costos asociados a los mismos y demoras en el pago de las acreencias.   

También son largos tiempos que se toman los liquidadores para finiquitar el proceso liquidatario correspondiente, lo que lleva a que la duración total de los mismos supere, en algunos casos, los 20 años. 

Un caso que merece especial atención es el de la Caja Agraria cuyo proceso liquidatario supera los 27 años. 

Las principales conclusiones de este estudio, adelantado por la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada de Gestión Pública e Instituciones Financieras, son las siguientes: 

A diciembre de 2019 el valor total de los activos o recursos públicos de las entidades en liquidación (con o sin negocio fiduciario), era de $2,26 billones que se destinan a cumplir con el pago de las acreencias propias de estas entidades. 

Existen 51 negocios fiduciarios que administran recursos de entidades públicas en liquidación, con recursos totales de $1,64 billones, que pueden convertirse en fuentes de liquidez para atender sus pasivos o acreencias del orden de $690.475 millones.  

De esos 51 negocios, se evidenció que 2 presentan patrimonios negativos: Incoder (-$4.800 millones) y Electrificadora de Bolívar S.A. E.S.P. (-$3.791 millones). 

La presencia de estos patrimonios negativos en las entidades en liquidación, cuyas acreencias laborales e indemnizaciones deban ser respaldadas según los decretos de liquidación con recursos del Presupuesto General de la Nacional, como es el caso de Incoder y de la Electrificadora de Bolívar, podría tener un efecto negativo en las finanzas públicas.