EL PROYECTO de reforma laboral que presentó el Gobierno, no tuvo en cuenta los criterios técnicos de expertos laborales de distintos gremios y afecta al tripartismo, presentando un texto de reforma que afecta la empleabilidad, frena el desarrollo económico del país y les da la espalda a los sectores más vulnerables del mercado laboral, incrementando, además, las indemnizaciones por despidos.
Así lo señala la Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip), al advertir que la nueva propuesta es una continuación inaceptable de las mismas fallas que ocasionaron que la anterior fuera tumbada en el Congreso de la República.
Asegura el gremio que “el Gobierno, en el diálogo social, no puede tomar partido de una de las partes, sino estar abierto al desafío de compartir parte de la toma de decisiones con los actores claves de la sociedad. Sin embargo, esto no se ve reflejado en el actual proyecto de reforma, pues el Ministerio del Trabajo está actuando como parte, al no responder a los intereses tripartitos de los actores del mercado de trabajo, ya que los intereses del sector empresarial no se ven reflejados”.
Recomendaciones
Igualmente, Acrip indica que “desconoce las recomendaciones que hizo el Banco de la República sobre la pérdida de los 450.000 empleos, que se generarán debido al aumento desmedido de los costos laborales, como se mantiene en el actual proyecto. El Gobierno desatiende los poderosos argumentos técnicos planteados por el Banco y, mantiene en la reforma, el incremento de recargos, licencia de paternidad, jornada laboral, indemnizaciones y fueros de estabilidad laboral”.
Asegura que la iniciativa “no está enfocada en resolver los principales problemas del mercado de trabajo colombiano: el desempleo y la informalidad, sigue estando pensada para una minoría del país, esto es, los aproximadamente 10 millones de colombianos que tienen un contrato de trabajo. En este proyecto, al igual que el anterior, no se promueve la generación de empleo, siendo este uno de los principales problemas del país, lo que demuestra que al gobierno no le preocupan los más vulnerables del mercado laboral: los desempleados”.
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Sostiene en su comunicado que “las normas sobre tercerización (contratación y subcontratación) van en contra de las mipymes, al establecerse la solidaridad en todos los casos, no solo para las actividades afines a la contratante y, adicionalmente, una acción de reintegro (más una indemnización) del personal del contratista desvinculado. Tales medidas conllevarán a que los usuarios de la contratación de terceros para servicio u obras, se inclinen por la contratación exclusiva de grandes empresas y no por las micros y pequeñas, respecto de las cuales les tocaría responder, inclusive, asumiendo la excesiva obligación de asumir el personal del contratista aún cuando no sea afín”.
Los costos
Señalan que “insiste el gobierno en la inamovilidad laboral en varios de sus artículos, al establecer diferentes acciones de reintegro, por ejemplo, por incumplir el procedimiento disciplinario, no entendiendo el tejido empresarial que en más de un 98% son micros y pequeñas empresas sin una organización robusta, que les permita cumplir el dispendioso proceso disciplinario que trae el proyecto. Este, incluso, excede lo que han dicho sobre el particular las altas Cortes del país. De aprobarse esta reforma cada despido se convertirá en la amenaza del cierre del micro y pequeño empresario, toda vez que, como mínimo, los salarios y prestaciones sociales y costos de un proceso judicial en el que se pretende el reintegro, se puede estimar en aproximadamente $ 50 millones que se vuelven irresistibles para un micro y pequeño empresario”.
Finalmente, enfatizan en que “se consagra un aumento desmedido de la indemnización por despido sin justa causa. Se duplica, triplica y cuadruplica y hasta más la indemnización, dependiendo de la antigüedad, la que pasa de 20 a 60 días por años subsiguientes al primero, cuando el trabajador cumpla 10 años. Esto, se convertirá en un estímulo para que los empresarios despidan a sus empleados antes de cumplir estos 10 años, repitiendo un error que se había superado cuando la ley anterior consagraba la acción de reintegro después de cumplir la década de servicios”.