Varios fueron los elementos que el presidente Gustavo Petro puso sobre el tapete esta semana como parte de la política antidroga que busca implementar. Mientras, por un lado, informó que su Gobierno está en conversaciones para el sometimiento o acogimiento judicial de los Grupos Armados Organizados (GAO), al estilo del ‘Clan del Golfo’, por otro, en su visita al Catatumbo, el viernes, dijo que está dispuesto a convocar una Asamblea de Cocaleros de la región para buscar alternativas a la siembra de los cultivos ilícitos.

En el primer caso, luego del encuentro entre las delegaciones de Colombia y Estados Unidos, llevada a cabo a mediados de semana, sostuvo que las estructuras armadas que desactiven sus negocios ilegales y el tráfico de estupefacientes, y se sometan a una justicia alternativa, no serían motivo de extradición, pero que en caso de reincidir serían cobijados automáticamente con esta medida.

Por su parte, los delegados de Estados Unidos en su visita al país advirtieron que un acuerdo en ese sentido con el gobierno colombiano tendría que ser tratado directamente con la Secretaría de Justicia norteamericana, pero que ese trámite no se ha llevado a cabo y manifestaron no ser competentes al respecto.      

Asimismo, en cuanto a lo segundo, no solo el Gobierno descartó cualquier posibilidad de fumigación aérea de los cultivos ilícitos, retirando la antigua solicitud que había hecho la Policía ante la ANLA, y que estaba pendiente de seguir los rigurosos condicionamientos de la Corte Constitucional, sino que advirtió que se acaba la erradicación forzada de hoja de coca. Siempre y cuando, dijo el propio Presidente, se llegue a compromisos claros por parte de las comunidades cocaleras para buscar desarrollos alternativos.

¿Se aumentarán los cultivos?

El exprocurador general Jaime Bernal, consultado por EL NUEVO SIGLO, consideró que “… limitar todas las formas de combatir estos cultivos sin una seguridad de sustitución o una logística para sustitución, es un riesgo de que se aumenten los cultivos de coca en Colombia”.

 Añadió que seguramente “tienen un plan muy ordenado, pero no fumigar o no erradicar es abrir un posible espacio. No conozco la política que tengan ni la logística para implementar inmediatamente la sustitución de cultivos, porque esto no se hace de un día para otro”.

No obstante, destacó Bernal que “la respuesta de las personas que viven en estas regiones parece ser positiva para dedicarse a una actividad totalmente de desarrollo de la agricultura lícita”.

En cuanto al sometimiento o acogimiento a la justicia dijo que “creo que tienen que mirarla con mucho cuidado, primero se encuentra un tratado de extradición con obligaciones de los dos países… El simple hecho de que la persona entregue rutas y que colabore para desactivar el tráfico de drogas, puede ser un buen punto. Pero, hay que mirar cuando el delito se comete en los dos países. No sé si Estados Unidos pudiera ceder su competencia de juzgar a aquellos que han cometido delitos en su territorio y dejar la justicia en manos de Colombia”.

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Erradicación y no glifosato

El ex vicefiscal Francisco José Sintura, en declaraciones a este Diario, dijo que “veo compleja la posibilidad de una sustitución como la que se plantea sin que exista erradicación manual. Suspender la erradicación manual es permitir que crezca el negocio”.  Pero añadió: “con lo que sí estoy de acuerdo es que no deba existir glifosato”.

En relación con el acogimiento judicial, Sintura recordó que “fue algo que se intentó y se materializó en el gobierno del presidente César Gaviria con la política de sometimiento a la justicia”.

Explicó que había tres condiciones para que se garantizara la no extradición: el sometimiento, que implicaba la entrega de la persona y a cambio recibía penas más cortas; delación, es decir, desactivar la estructura de la organización; y tres, compensaciones económicas.

Sin embargo, el ex vicefiscal dijo que, aún con la entrega, la estrategia no fue efectiva por cuenta de la reincidencia.

Colaboración entre países

De otro lado, consultado el ex viceministro de Justicia, Rafael Nieto Loaiza, consideró que la propuesta por parte del gobierno Petro “está pensada y dirigida a los grupos criminales y no va a traer el resultado que esperan… Va a ser un desastre”.

Dijo que “en el mejor de los escenarios va a permitir la jubilación anticipada con beneficios de los cabecillas de las organizaciones actuales, con el reciclaje de nuevos liderazgos, pero sin duda no va a contribuir a la disminución de los narcocultivos, ni a una menor producción de cocaína. Lo que tendremos muy rápidamente es una expansión de los cultivos ilícitos, una mayor producción de cocaína y, por tanto, una reproducción y una exacerbación de la violencia”.

Agregó Nieto que la extradición no impide el acceso a las víctimas, pues ha habido miles de actuaciones judiciales con la colaboración en Estados Unidos. Añadió que tampoco es cierto que no se puede aplicar justicia en Colombia, pues después de cumplir la pena en Estados Unidos, se debe responder por los procesos que se tengan aquí abiertos.

Hay que analizar caso por caso

El ex vicefiscal general Jorge Armando Otálora dijo que “la erradicación voluntaria es un escenario en el cual el Estado colombiano siempre ha invitado a los ciudadanos que están ejerciendo esta actividad a que renuncien a ella, y el Estado se compromete a proporcionarles otra forma de ingreso a través de otros cultivos”.

Ante el sometimiento a la justicia y la extradición dijo que “hay que tener claro que aquí hay unas relaciones bilaterales con otros Estados, que hay que respetar. Entonces son escenarios que hay que mirarlos de manera puntual, caso a caso”.

 Frente a la sustitución de los cultivos ilícitos agregó que eso es lo ideal y “¡qué bueno que el presidente Petro insista en eso!”. No obstante, Otálora se preguntó “¿qué ocurre cuando no acatan ese ofrecimiento de erradicación voluntaria y qué queda de esa mano tendida?”.

Añadió que en ese escenario se tendría que volver irremediablemente a la erradicación forzada o la fumigación.

Por ello dijo que “aquí lo fundamental son los planes y programas que el Gobierno tenga para ofrecerles a estas regiones para que les pueden garantizar otro sustento”.