Se han radicado 602 quejas por delitos electorales

Foto archivo El Nuevo Siglo

Son 602 las quejas sobre delitos contra el sufragio que ha recibido la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel), del Ministerio del Interior, según un reporte presentado ayer con corte al 26 de julio.

Las cinco conductas más reportadas por los ciudadanos son violación al régimen de propaganda electoral y acceso a medios de comunicación (divulgación política y propaganda electoral antes de los tres meses anteriores a la fecha de las elecciones), constreñimiento al sufragante (recibir o ser testigo de amenazas que busquen alterar la intención de voto), intervención en política de servidores públicos (funcionarios públicos que intervienen en el proceso electoral que propicien la práctica del voto), corrupción al sufragante (prometer, recibir dinero o bienes a cambio del voto) y trashumancia electoral (inscripción de la cédula en un lugar diferente al de su residencia, trabajo o negocio).

A través de la Ventanilla Única Electoral Permanente, el Ministerio también ha tramitado y suministrado información (enero a julio) a 409 solicitudes presentadas por los partidos y movimientos políticos con el fin de verificar los antecedentes de 246.539 posibles candidatos.

Los canales de recepción de quejas más usados son la Misión de Observación Electoral (MOE), que ha recibido 326 quejas, la página web (uriel.mininterior.gov.co) con 162 quejas y el correo electrónico (denunciasuriel@mininterior.gov.co) con 81 quejas.

De acuerdo con el informe presentado por la Registraduría, en Antioquia, un 28% de las cédulas inscritas no corresponden con las bases de datos de seguridad social de los municipios, lo que indicaría que ese porcentaje representa posible trashumancia electoral. Esto mismo ocurrió en el Valle del Cauca con un 20% de cédulas; en Cundinamarca, 47,1%; en Santander, 37,6%, y en Tolima, un 33,5%.

El 8 de julio, con el objetivo de garantizar la libertad de los colombianos para decidir su futuro y fortalecer la legitimidad democrática de las instituciones y el Estado Social de Derecho en las regiones, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, presentó el Plan Ágora de Transparencia y Seguridad para las Elecciones Territoriales de 2019.

“La principal amenaza de la democracia es la captura del Estado por parte del crimen organizado por eso se requiere el Plan Ágora, que es una estrategia de alcance nacional, tiene cuatro componentes: focalización de zonas críticas, articulación del Estado, participación ciudadana y visibilización", dijo Gutiérrez.

Para este fin se pondrá en marcha el Grupo de Reacción Inmediata Electoral, GRIE, cuya finalidad es diseñar una estrategia para articular las acciones de las entidades del Estado y garantizar el desarrollo de los comicios.

También se desarrollará una ruta especial de protección para candidatos, habrá acompañamiento de instituciones de seguridad y protección para el partido político Farc y se activará una ruta especial de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, Ciprat, para el proceso electoral.

Este plan se diseñó teniendo en cuenta que “hay un riesgo de captura del Estado en estas elecciones territoriales. Por ello, se requiere una acción integral, con un control social donde la participación ciudadana es fundamental”, afirmó la ministra Gutiérrez