A TRES DÍAS del asesinato de Fernando Villavicencio a la salida de un mitin político en la ciudad de Quito, las autoridades ecuatorianas presentaron evidencias en contra de los seis colombianos que fueron detenidos por sus presuntos vínculos con el homicidio del candidato presidencial de 59 años de edad.

Las pruebas en manos de la Fiscalía, por las que se ordenó prisión preventiva para los indiciados e instrucción fiscal por 30 días, fueron halladas en cuatro celulares incautados a los presuntos responsables, donde, según investigadores, se hicieron llamadas telefónicas con supuestos políticos de ese país.

Por supuesto que la noticia sigue generando indignación entre los sectores sociales y políticos del Ecuador, quienes desde hace algunos meses han encabezado fuertes discusiones por los aparentes nexos entre dirigentes políticos y organizaciones criminales ligadas al tráfico de drogas.

Entretanto, las autoridades colombianas, ecuatorianas e integrantes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), en medio de un encuentro virtual entre ellos, revelaron que los reportes de las llamadas telefónicas que salieron de los móviles son valiosos para la investigación en curso.

En el mismo encuentro, revelaron los nombres de los seis capturados por la policía entre el 9 y 10 de agosto, en medio de un operativo especial, que incluyó allanamientos en Conocoto y San Bartolo, ubicados al sur y suroeste de Quito. Se trata de Andrés Manuel Mosquera Ortiz, José Neider López Hitas, Adey Fernando García García, Camilo Andrés Romero Reyes, Jules Osmín Castaño Alzate y Jhon Gregore Rodríguez. Los principales medios de comunicación informaron que se abrieron en contra de los sospechosos dos instrucciones fiscales: Una por el delito de tráfico de drogas y la segunda por asesinato de un candidato a elección popular.

Según las autoridades, los aprehendidos hacen parte de una organización de alto calibre del Ecuador y sobre dos de ellos (García García y Castaño Alzate) pesan órdenes de captura por el delito de receptación. Además, en Colombia tienen antecedentes penales por hurto, homicidio, porte ilegal de armas, ataque contra servidor público, tráfico y narcotráfico.

Igualmente, de los seis capturados, hubo una séptima persona involucrada hasta el momento, quien fue asesinada por el esquema de seguridad de Villavicencio en medio de un fuego cruzado, inmediatamente después del ataque en el que murió el candidato presidencial. Las autoridades no revelaron la identidad del abatido, pero sí confirmaron que también era de nacionalidad colombiana y que el 17 de junio estuvo en prisión por porte de armas.

Como se sabe, las autoridades ecuatorianas también tienen en su poder armas y vehículos confiscados en medio del operativo. Asimismo, mediante el procedimiento, retuvieron seis ametralladoras calibre 9 milímetros, cuatro pistolas, un fusil, dos alimentadoras calibre 5,56, tres granadas de fragmentación, un subfusil y algunos kilos de sustancias prohibidas.

De la misma manera, fueron recuperados una motocicleta y un automóvil, ambos reportados como robados, los cuales, según información de las autoridades, habrían sido usados para trasladarse y escapar de la escena del crimen.

Estado de excepción

El asesinato de Villavicencio aún tiene a Ecuador indignado. El ataque donde recibió tres balazos en la cabeza se registró a pocos días de celebrarse la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en la que el político figuraba como el segundo candidato con mayores oportunidades de suceder en el poder al actual presidente Guillermo Lasso.

Después del atentado, el mandatario nacional decretó un estado de excepción en el país por el lapso de 60 días. “Las Fuerzas Armadas se movilizan en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos, la tranquilidad del país, las elecciones libres y democráticas del 20 de agosto, tal y como lo ha previsto el Consejo Nacional de Ecuador (CNE)”, aseguró el jefe de Estado.

La medida autorizada por Lasso permite a los militares utilizar la fuerza para restablecer la seguridad ciudadana y el orden público, en caso de ser necesario. Pero también, prohíbe ciertos derechos ciudadanos como la inviolabilidad del domicilio y reuniones en espacios públicos.

Como es sabido, la intención es evitar alteraciones públicas en medio del proceso electoral, cuya continuidad o no fue debatida por algunos sectores, a pesar de la decisión del presidente de mantener la fecha de los comicios para el 20 de agosto.

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Las denuncias

El magnicidio en Ecuador se dio en un escenario de incertidumbre e inestabilidad política que, según expertos en temas políticos de América Latina consultados por EL NUEVO SIGLO, pone en peligro la gobernabilidad en el país andino.

Además, se registra después de conocerse las amenazas recibidas por Villavicencio y su equipo de campaña, por parte de organizaciones criminales, cuyas actividades venía denunciando públicamente, prometiendo atacarlas de llegar a la presidencia. También hizo señalamientos contra supuestos políticos corruptos, muchos de los cuales han ocupado cargos de poder en Ecuador como Rafael Correa, expresidente de dicha nación.

Al respecto, su esposa, Verónica Sarauz, se pronunció en entrevista con Blu Radio. “Yo lo voy a decir de forma muy clara: el correísmo. El correísmo tiene vínculos con las bandas delictivas de este país. Bandas que se han tomado provincias enteras, bandas narcodelictivas”, dijo la viuda, al ser consultada sobre quiénes sus principales sospechas por el asesinato de su marido.

En sus declaraciones, también mencionó el nombre de la senadora colombiana, Piedad Córdoba. “Fernando no solo les declaró la guerra a políticos corruptos de este país (Ecuador). También tuvo problemas con Piedad Córdoba en Colombia. Ella también amenazó a mi esposo que lo iba a desaparecer (…). No estoy diciendo que ella fue parte de esto, pero fue una de las personas que Fernando denunció por corrupción y ella lo amenazó”.

También hizo referencia a posibles fallas del esquema de seguridad de Villavicencio. “Mi esposo tenía un informe del 97% de riesgo contra su vida. Fernando andaba en un chaleco antibalas y un auto blindado… Tengo que ver el cuerpo de mi esposo, tengo que saber qué pasó, qué falló en la seguridad (…). No entiendo por qué un sicario se acerca tanto al círculo de seguridad de mi esposo y logra matarlo”.

Al respecto, Fausto Salinas, comandante de la Policía Nacional, afirmó a medios ecuatorianos que la seguridad de Villavicencio tenía tres cercos. La seguridad directa del candidato presidencial estaba conformada por cinco agentes. El inmediato constaba de un equipo de apoyo para mantener el orden. Mientras que el cerco externo estaba conformado por dos patrulleros.

Rechazo internacional

La Cancillería colombiana, bajo las órdenes de Álvaro Leyva, se pronunció por el magnicidio en Ecuador. “La Cancillería de Colombia rechaza de manera vehemente el asesinato del candidato a la Presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, en medio del atentado del que fue víctima durante un mitin en Quito y expresa sus condolencias a sus familiares y simpatizantes”, dijo.

El presidente Gustavo Petro también informó que tuvo la oportunidad de conversar con su par ecuatoriano, Guillermo Lasso, a quien le expresó su preocupación en torno al crimen de Villavicencio.

Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó el atentado. “Ataques de esta naturaleza representan una grave amenaza a la democracia, y los responsables deben ser llevados ante la justicia”, aseguró, a través de un comunicado.

El asesor de Seguridad de la Casa Blanca, Jake Sulliban, se refirió al magnicidio como un “descarado acto de violencia”. Dijo en su cuenta de X, (anteriormente Twitter): “Enviamos nuestras condolencias a la familia y seres queridos del candidato presidencial ecuatoriano, Fernando Villavicencio. Estados Unidos condena este descarado acto de violencia y asalto a la democracia ecuatoriana”.