* Régimen Ortega opera con total impunidad
* Comunidad internacional debe movilizarse
La preocupante pasividad de la comunidad internacional frente a lo que está pasando en Nicaragua no solo aumenta el riesgo que corren millones de habitantes de la nación centroamericana ante el desbordado autoritarismo del régimen de Daniel Ortega, que lleva catorce años en el poder, sino que pone en peligro la obligatoriedad del respeto a la supremacía del sistema democrático y las garantías fundamentales en todo el continente.
Y es que es imposible no hacer una relación directa entre los graves atropellos que está perpetrando el gobierno de Managua contra la oposición y los sectores que piden un cambio político, con las arremetidas violentas de la dictadura venezolana contra sus contradictores. En uno y otro caso la fórmula de los regímenes de facto son las mismas: cooptación de todas las ramas del poder público, politización de la justicia, uso abusivo de la Fuerza Pública, negativa al escrutinio internacional, satanización de toda voz crítica, corrupción entronizada en las cúpulas oficiales, manipulación burda de las reglas electorales y violaciones patentes de los derechos humanos…
Tanto Ortega como Nicolás Maduro se saben en la mira de las condenas internacionales. También son blanco de denuncias ante múltiples instancias externas. Igualmente son conscientes de que si en sus respectivos países el Estado de Derecho operara libre y autónomamente seguramente ellos y sus respectivas camarillas terminarían presos. Sin embargo, ambos consideran que la comunidad internacional no irá más allá de los pronunciamientos y algunas sanciones políticas, económicas y diplomáticas de corto alcance. Es más, cínica y calculadamente utilizan la crisis humanitaria y sufrimiento de sus respectivas poblaciones como una especie de ‘escudo humano’, bajo la tesis de que cualquier eje de presión internacional terminará creciendo el clima de zozobra y riesgo para sus atribulados connacionales.
En anterior editorial habíamos advertido que si el mundo no se movilizaba ante las primeras detenciones de siete candidatos presidenciales y decenas de líderes políticos de oposición al régimen de raíces sandinistas, lo más probable era que Ortega profundizara esa estrategia ilícita para sacar del camino a todo el que se le atraviese en su intención manifiesta de seguir aferrado al poder en los comicios -evidentemente amañados- de noviembre próximo. Y así ocurrió. Hoy están presos la mayoría de rivales electorales del cuestionado mandatario nicaragüense, sin que este haya mostrado el menor temor a las condenas de decenas de gobiernos de todas las latitudes, las alertas de la OEA sobre el rompimiento de la Carta Democrática o las advertencias de Naciones Unidas… La misma hoja de ruta de la dictadura venezolana e incluso del régimen cubano.
Ayer Colombia decidió llamar a consultas a su embajador en Managua advirtiendo la “sistemática persecución contra la oposición política, el periodismo y el liderazgo social en Nicaragua". El gobierno Duque volvió a exigir a la administración Ortega la inmediata liberación de los presos políticos, el cese de la persecución sistemática a la oposición, garantías para el libre ejercicio de las libertades políticas así como que se lleven a cabo elecciones transparentes y libres.
Ya México y Argentina, paradójicamente con gobiernos de izquierda, habían retirado sus respectivos embajadores de Managua, en tanto Estados Unidos adoptó unas primeras sanciones contra el gobierno Ortega. Sin embargo, se requiere una mayor y más efectiva presión sobre ese régimen. Si no hay una acción política más decidida del concierto de naciones democráticas, es muy posible que la administración nicaragüense llegue a los comicios de noviembre y trate en las urnas de darle un ropaje seudo-legal a un mandato típica y evidentemente autoritario.
Visto todo lo anterior, queda claro que se requiere de la OEA y la ONU así como de la Unión Europea y, sobre todo, del gobierno del presidente Joe Biden una acción conjunta más decidida, inteligente y eficaz para forzar a Managua a terminar con sus tropelías contra la oposición y los sectores que piden apertura democrática. Obviamente nadie está pensando en presiones de tipo militar. En modo alguno. Hay otras vías de presión más eficientes. Sin embargo, el primer requisito para aplicarlas es la unión de la comunidad internacional en una sola dirección y con un solo plan. Si ello no ocurre, Ortega llegará a noviembre y con total impunidad se hará a un nuevo y espúreo mandato, condenando a su población a más años de sufrimiento, subordinación y violencia.