“Son responsabilidad del Estado y el gobierno, que constitucionalmente están en la obligación de garantizar la vida y la seguridad de todos los colombianos, incluidos los firmantes del acuerdo de paz y los líderes sociales, tal como está consignado en el punto 3.4 del Acuerdo”, manifestó el Partido Farc por medio de un comunicado haciendo referencia a su preocupación por esta situación.
La Farc señaló que desde el inicio del nuevo mandato hasta el momento, se han asesinado 133 excombatientes, 34 de sus familiares y así mismo, hay 11 desparecidos.Por esta razón, la colectividad aseguró que este flaglelo es una “clara violación” al Acuerdo de Paz.
Por lo tanto, la colectividad hizo un llamado a los países garantes, a los expresidentes Pepe Mujica y Felipe González, veedores internacionales de la implementación del Acuerdo de Paz, a la ONU y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que de cara a las elecciones regionales del próximo mes de octubre, los miembros del partido cuenten con seguridad para el ejercicio de la política.
#Declaración del Consejo Nacional de los Comunes, ante la grave situación de seguridad que ha cobrado la vida de 133 ex guerrilleros, 34 familiares y 11 desaparecidos, sumandose a los más de 600 compatriotas asesinados por su papel de liderazgo social.https://t.co/dKcD8hiQee pic.twitter.com/WAlLeM1nYm
— FARC (@PartidoFARC) 22 de junio de 2019
Además, frente a lo antes mencionado, expresaron que las explicaciones dadas por el Gobierno y la Fiscalía son insuficientes y a su vez que no existe un compromiso para garantizar la vida de los colombianos "y mucho menos la intensión de poner en marcha las políticas, los mecanismos y las medidas acordadas dentro del Plan Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, que garantice la no repetición del fenómeno de la violencia política que ha sido una de las principales causas del conflicto armado interno en nuestro país”.
Así mismo, la Farc tachó de inaceptable la campaña de estigmatización en contra de su parte, militantes y dirigentes, por parte del Centro Demócratico y lo calificaron como una campaña de persecución política y hostigamiento contra "quienes somos signatarios de un tratado de paz con el Estado".