“Colombia no es un país violador de los derechos humanos”

Cortesia

El Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería colombiana, fue la sede del encuentro entre el presidente Iván Duque y su gabinete con la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que realiza una visita oficial al país para emitir la semana entrante, un pronunciamiento oficial sobre la situación de derechos humanos.

La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez ofició como anfitriona, y luego de dar la bienvenida a la delegación y los saludos protocolarios cumpliendo las normas de bioseguridad, se procedió al encuentro dirigido por el presidente Duque y que se extendió por cerca de dos horas.

Inicialmente, dijo la canciller Ramírez, Duque sostuvo una sesión reservada con la delegación para darles la bienvenida y reiterarles la voluntad del Gobierno nacional de que sus magistrados pueden acceder a la información que consideren necesaria.

Luego se procedió a la reunión de trabajo a la que asistieron, además, el embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordóñez; los consejeros Presidenciales para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, y para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, así como la viceministra de Asuntos Multilaterales, Adriana Mejía.

Por la CIDH asistieron su presidenta, Antonia Urrejola; los secretarios ejecutivos Camina Koch, Maximiliano Duarte y María Claudia Pulido, así como los comisionados Stuardo Ralón y Joel Hernández.

Al final del encuentro la vocería del Gobierno la tomó la consejera Gutiérrez, quien dijo que para que la CIDH pueda hacer “un balance objetivo de Colombia” se requiere conocer el contexto. En ese sentido reiteró que si bien para sus magistrados el centro de atención son las víctimas, “van a oír a las víctimas que han presentado denuncias, no solamente las víctimas de los manifestantes que dicen haber sufrido abusos de la Policía, sino también de los policías víctimas de esta situación de contingencia que hemos vivido”.

Gutiérrez reiteró “el absoluto respeto” del Estado colombiano, de la institucionalidad, del Gobierno, de los órganos de control, en el respeto por los derechos humanos. Colombia, dijo, “no es un país violador de los derechos humanos, tenemos dificultades pero esas dificultades las afrontamos con la justicia”.

Luego de esta reunión, los magistrados se reunieron, también en privado, con todos los ministros del gabinete quienes entregaron, desde sus despachos, una visión holística y un informe detallado sobre las afectaciones del paro nacional en cada sector de la economía.

En una reunión aparte, a puerta cerrada, el turno fue para el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, quien entregó un balance de las acciones de orden público, las agresiones contra miembros de la Fuerza Pública, y el accionar del Esmad y los cuerpos policiales y militares durante las protestas.



Protesta pacífica y criminales

Al final de las tres reuniones, la vicepresidenta y canciller Ramírez entregó una declaración –sin preguntas- en la que defendió el respeto a los derechos humanos del Estado colombiano y, en particular, de la actual Administración.

Tenemos un país donde el Estado de derecho es la garantía para que podamos seguir avanzando en democracia, y en esa democracia tenemos que proteger el derecho de los ciudadanos de poderse expresar libremente, de garantizar el derecho a la expresión, el derecho a la protesta pacífica”, afirmó.

Hemos explicado a la CIDH que los bloqueos a los que han sometido al pueblo colombiano durante estas semanas han amenazado la vida, la seguridad alimentaria y la salud, al impedir el abastecimiento de alimentos y medicamentos. Y que el Gobierno colombiano y nuestro Estado son respetuosos siempre de la protesta pacífica, tal como exige la ley y, por supuesto, los instrumentos internacionales”, señaló.

La funcionaria dijo que en esta sesión de trabajo los ministros explicaron a la CIDH que “el Estado colombiano está en todo su derecho, y sobre todo en la obligación”, de proteger a la ciudadanía, la democracia, los bienes públicos y la propiedad privada “que se ha visto amenazada durante estas seis semanas bajo el asedio de un grupo minoritario” de delincuentes.

Ramírez explicó que ese grupo minoritario “de criminales” se aprovechó de la protesta legítima de una gran cantidad de jóvenes, dedicándose “a saquear, a destruir, y por supuesto, a causar la muerte de tantas personas, y eso es lo que la justicia colombiana tiene que investigar”.

La vicepresidenta Ramírez enfatizó que “aquí no podemos dejar que quede nada en la impunidad, ni toda la criminalidad que se ha desplegado, porque realmente vemos una gran cantidad de criminales: 40.000 armas ha tenido que incautar la Fuerza Pública”.

Sobre ese tema, la funcionaria agregó que esas personas que salieron armadas salieron a una protesta “no de manera pacífica, sino con la intención de destruir”. Por ello pidió que las investigaciones puedan demostrar que en Colombia “nadie puede estar exento y nadie podrá estar fuera de la justicia”. 

Pero tampoco, aseguró, podrá estar fuera de la ley cualquier miembro de la Fuerza Pública que haya excedido sus funciones o que haya cometido algún tipo de abuso o cualquier tipo de violación de los derechos humanos. 

La jefe de la cartera de Exteriores explicó que a lo largo del paro nacional se han dado 12.478 manifestaciones, concentraciones y marchas, y solo ha habido 1.413 intervenciones del Esmad, “lo que demuestra a la CIDH que no tenemos una Policía que persigue a los manifestantes y que impide las manifestaciones, que solo han intervenido cuando ha sido estrictamente necesario debido a la violencia de estos grupos minoritarios”.



 

También se refirió a que en Bogotá se han dado 458 actos de violencia que representan el 25% del total nacional, y aseguró que además de las vidas humanas que se han perdido durante las protestas, las afectaciones al comercio ya suman $11 billones en todo el país.

Igualmente, sostuvo que con esta visita “hemos mostrado una institucionalidad fortalecida, muy comprometida con el respeto y la promoción de los Derechos Humanos”, y dijo que las medidas que ha tomado el ministro Molano tienen la mayor importancia “para asegurarse de que cada miembro de la Policía que salga a enfrentar cualquier desafío que afecte a los colombianos sepa que también la exigencia legal del cumplimiento a los derechos humanos será implacable. Nadie será exento de cumplir con el respeto a los derechos humanos”, insistió.

Por último, envió un mensaje a los jóvenes que han sido los protagonistas de las manifestaciones. “El presidente Duque explicó ante la CIDH que los jóvenes que iniciaron las protestas seguirán siendo el objetivo de nuestro trabajo, de nuestro compromiso, aquí hay un Pacto por la Juventud en el que estamos trabajando, estamos dedicados a construir un futuro de esperanza, de progreso para la juventud colombiana”, concluyó.

 

Informe en una semana

El trabajo de la CIDH se dividió en tres grupos: una delegación fue a Popayán, otra a Cali y otra más a la ciudad de Tuluá. Todos ellos se reunieron, por separado, con las autoridades administrativas, colectivos sociales y víctimas. No hubo declaraciones.

Todo el material que ha recabado el organismo internacional se suma al que recibieron el lunes en sus encuentros con los organismos de control y el que reciban en su visita a territorio. La visita oficial terminará mañana.