PARA QUE atienda la crítica situación por un manejo descontrolado de los residuos sólidos en la ciudad, que podría eventualmente generar una emergencia sanitaria si no se toman los correctivos de manera inmediata, la Procuraduría General de la Nación reiteró el llamado a la alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López.
En el requerimiento, extendido a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) a través de la Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, evidenció los llamados de advertencia remitidos por la procuraduría desde el 2021, fecha en la que ya se alertaba la inadecuada prestación del servicio público de aseo en sus componentes de recolección, barrido y transporte de residuos en la ciudad de Bogotá, así como los riesgos para los ciudadanos.
El ente de control advirtió que la acumulación indebida e inadecuada de residuos en vías públicas genera la proliferación de vectores, gas metano y lixiviados, entre otros, pone en riesgo la salud pública y el medio ambiente de los bogotanos.
Finalmente, la Procuraduría les recordó a las entidades que los alcaldes están obligados a garantizar la eficiente y adecuada prestación de los servicios públicos dentro de su jurisdicción y, por ende, deben adoptar las medidas inmediatas, advirtiendo también que, el incumplimiento de estos deberes genera responsabilidad en materia disciplinaria.
EL NUEVO SIGLO consultó con la UAESP lo sucedido, quienes anunciaron que este viernes Javier Baquero, director de la Unidad, dará sus declaraciones al respecto desde la intervención de un punto crítico de basuras.
Las denuncias
En los últimos días el concejal del Centro Democrático, Jorge Colmenares, denunció que 14.426 cestas de basura han sido robadas o vandalizadas durante el 2023 y el Distrito no ha repuesto ninguna.
Las cestas de basura saqueadas, destruidas o que ya no tienen vida útil deben ser repuestas por la Administración Distrital y a la fecha, según la UAESP, no han hecho reposición de ninguna. En contenedores, solo en el 2023 se han hurtado o destrozadas 2.540. Los concesionarios deberían hacer la reposición en un plazo de 24 horas, pero la realidad que impera en las calles es otra, denunció el Concejal Jorge Colmenares.
Según la UAESP encargada del tema, en oficio al concejal Jorge Colmenares, respondió: “Con relación a las cestas públicas, se le informa que es obligación del Distrito realizar la reposición de las cestas que hayan perdido la vida útil. Al respecto, se le informa que a la fecha el Distrito Capital no ha realizado la reposición de las cestas hurtadas o vandalizadas que hayan perdido su vida útil”.
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“Por su parte los contenedores son responsabilidad de los 5 operadores a los que se les adjudicó la concesión, quienes según la UAESP tienen 24 horas para reponer los contenedores. Los supervisa una interventoría, quienes dicen que hacen su trabajo muy bien. Pero la realidad en las calles es otra: basuras, residuos, animales, contaminación. Más de 15.000 cestas sin reponer y sin tener claro el tema de contenedores, no puede ser medido como una buena gerencia. Y para completar el mantenimiento de cestas, se retribuye vía tarifa, es decir sale del bolsillo de los bogotanos”, denunció el concejal Jorge Colmenares.
Las localidades que más han sufrido hurtos o vandalizaciones de cestas y contenedores son Puente Aranda, Tunjuelito, Teusaquillo y Suba.
Cobros excesivos
Como una respuesta a la indignación ciudadana frente al abuso en el cobro de la tarifa de aseo, en varias zonas de la ciudad, el concejal de Bogotá, Julián Rodríguez Sastoque, hizo un debate de control político para frenar los cobros injustificados.
Las quejas por abusos en los cobros se registran en los cinco operadores de aseo de la ciudad. Desde febrero de 2018 los ciudadanos han interpuesto 450.648 reclamos relacionados con la tarifa de aseo, casi todos (95 %), por cobros injustificados y doble facturación.
“Atendemos la indignación ciudadana y pedimos actuaciones para intervenir en esta situación. Recibimos denuncias por el cobro de la tarifa en el sector rural relacionadas con el cálculo de barrido y limpieza, por eso hacemos un llamado a los entes de control y entidades a cargo de la vigilancia de los servicios públicos por la inadecuada aplicación de la metodología tarifaria y demás irregularidades”, sostuvo el cabildante.
El concejal llamó la atención sobre Promoambiental, operador de aseo de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, La Candelaria, San Cristóbal, Usme y Sumapaz, que le ha cobrado injustamente una tarifa urbana a 655 hogares campesinos de la localidad de Chapinero y a 78 de San Cristóbal.