EL PROYECTO de ley contra el fraude digital está diseñado para proteger a los ciudadanos de suplantación de identidad y estafa, según Duvalier Sánchez, representante a la Cámara por el Valle del Cauca del Partido Verde. A un debate de convertirse en ley de la República, esta iniciativa ofrecerá un marco jurídico para atacar los delitos electrónicos e informáticos que han generado cuantiosas denuncias en el país. Aseguró que esta situación en Colombia es alarmante, lo que han puesto en evidencia más de 40 000 víctimas por año.
EL NUEVO SIGLO: ¿Por qué se hace necesaria esta ley en el país?
DUVALIER SÁNCHEZ: Porque los temas de delito informático, delito electrónico y suplantación de identidad van en aumento. Según la DIJIN, se ha aumentado más de 400 % las denuncias por este tipo de flagelos. Después de la pandemia, muchas personas han decidido hacer compras por Internet y todo este tema de fraude y suplantación ha hecho que haya muchas víctimas que terminan con costosas deudas que no eligieron. Cuando se dan cuenta, terminan ante otra revictimización ante las compañías financieras, de telecomunicaciones y comerciales, que los obligan a pagar una deuda que no escogieron.
ENS: ¿Qué estadísticas manejan en la actualidad sobre suplantación de identidad?
DS: Más de 40 000 víctimas al año, según Asobancaria, por temas de fraude financiero y digital. Más de 400 denuncias por estos delitos en Colombia. Además, en un estudio que hizo Microsoft entre 23 países, Colombia ocupa el puesto 21 en términos de inseguridad informática. Uno conoce a un familiar o un amigo víctima de suplantación de identidad, generando deudas millonarias. Es un problema del día a día y necesita una ley de la República para proteger a esas víctimas.
ENS: ¿Este proyecto de ley está acordado con las instituciones financieras y comercios?
DS: Así es. Hemos atendido a todos los gremios, desde Asomóvil, que son las telecomunicaciones, hasta las nuevas compañías de pequeños y rápidos préstamos. Lo último que hicimos antes de someter este proyecto a debate fue un gran foro, en el que escuchamos a víctimas, gremios y empresas.
ENS: ¿Cómo evitar que la gente se aproveche de la ley para no pagar compras que realmente hicieron en un momento determinado?
DS: Lo primero es que este proyecto parte del principio de la buena fe. Segundo, la persona debe notificar a la compañía que fue víctima y tiene un tiempo para denunciar en Fiscalía. Si después de 30 días no hay una denuncia radicada en Fiscalía, la compañía vuelve a activar los cobros que se hayan generado: intereses de mora y reporte en las centrales de riesgo. Por eso es importante que sepan que, si mienten, están cometiendo un delito ante el Estado.
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ENS: ¿Qué mecanismos adicionales deben establecerse para que los bancos e instituciones de comercio verifiquen la verdadera identidad de quienes están comprando?
DS: El sentido de la propuesta de ley es que se mejoren todas las herramientas que tienen hoy al alcance de la tecnología para la verificación y autenticación de los usuarios de diferentes servicios. Que las compañías se hagan corresponsables, pero también que prevengan el delito, pues hoy se sacan créditos y servicios solo con una cédula, sin poner en marcha protocolos de verificación que permitan mejorar la seguridad informática y seguridad digital en este tipo de compras. Incluso, cuando se dan los hechos, el más interesado en resolver el caso es la compañía. Por lo tanto, debe presentar las evidencias para que el caso se esclarezca.
ENS: ¿De qué manera esta ley protegería a los ciudadanos víctimas de una suplantación de identidad y estafa?
DS: Cuando el proyecto logre salir del Congreso, pues le falta un debate, va a generar protección y garantías a las víctimas. Tan pronto se den cuenta que fueron fraudulentamente sacados este tipo de servicios, notifican e informan a esas entidades financieras, por lo que deben suspenderse los cobros. Les garantizamos derechos a las víctimas de que no haya abuso por parte de las compañías, por una situación en la que las han involucrado.
ENS: ¿Qué manejo se le daría al reporte en centrales de riesgo?
DS: La persona queda con una etiqueta que especifica que ha sido víctima de suplantación digital, hasta que se esclarezca el caso. Pero sale de las centrales de riesgos. A través de esta ley, generamos este derecho a favor de la víctima.
ENS: ¿Qué tendría que hacer un ciudadano que ha sido víctima de suplantación?
DS: Es sencillo, a través de un medio escrito o línea telefónica, notificar a la compañía que está generando el cobro que ha sido víctima de fraude de una suplantación digital. La compañía tendrá que suspender el cobro y la víctima debe hacer la respectiva denuncia en Fiscalía, en un lapso de 30 días. Si no lo hace en ese tiempo, la empresa o entidad puede seguir con el cobro.
ENS: El proyecto protege a las personas que son víctimas de suplantación digital y estafa, pero ¿Qué debe hacer una empresa o entidad que ha sido blanco de este tipo de acciones ilícitas y que, a través de engaños, les son sustraídos grandes cantidades de productos?
DS: Ya el trámite debe hacerlo la empresa ante el sistema judicial. Aquí lo importante es que la empresa debe buscar las pruebas. Además, la empresa tiene más mecanismos para hallar al delincuente que el ciudadano. Lo que pasa es que al ciudadano era a quien le generaban la responsabilidad de pago. La carga de la prueba le queda a la empresa. Además, es la empresa que cuenta con los medios para garantizar mayores estándares de seguridad para verificar y autentificar.