El fortalecimiento de las instituciones sectoriales resulta imprescindible para garantizar una adecuada gestión y conservación de la naturaleza. Nueva entrega de la alianza entre EL NUEVO SIGLO y la Procuraduría General 

_______________

La ética podría entenderse como la ciencia de las costumbres, del deber ser, la ciencia del bien normativo. En este sentido, los principios racionales que rigen la conducta humana, el perfeccionamiento integral de la persona, el derecho a buscar la realización del orden social justo que constituye el bien común, harían parte de un compendio de aspectos que podemos considerar la ciencia del comportamiento moral.

Ahora bien, si todos estos elementos los encauzamos en la relación del ser humano con la naturaleza, estaríamos acercándonos a la noción de “ética ambiental”, tan ausente en estos tiempos en los que nuestro mundo está siendo profundamente afectado por la pandemia del coronavirus, por la corrupción, la contaminación desmedida, la sobreexplotación de recursos naturales, los innumerables incendios, y lo peor: la indiferencia generalizada.

Colombia, uno de los países más diversos del mundo, no es ajeno a ninguna de las problemáticas anteriormente mencionadas, por el contrario cada día nos enfrentamos a desafíos ambientales de mayor envergadura que han conducido en muchos casos al  desafortunado deterioro de los ecosistemas estratégicos que nos diferencian de otras naciones, como la Sierra Nevada de Santa Marta, el sistema montañoso litoral más alto del mundo.  

No hay duda alguna de la experiencia que Colombia tiene en el manejo de sus ecosistemas, de su bien concebida institucionalidad ambiental presente a lo largo de todo el territorio, así como del robusto sistema de normas que nos caracteriza. Sin embargo, el paso de los años y los nuevos retos que el planeta enfrenta en todo sentido, nos debe conducir a actuar responsablemente y plantear una propuesta de manejo ético de nuestros recursos naturales. Así las cosas, el fortalecimiento de las instituciones ambientales resulta imprescindible para garantizar una adecuada gestión y conservación de la naturaleza.

Prioridades

Adicional a lo planteado, y solo por exponer un ejemplo específico, resulta fundamental el fortalecimiento presupuestal y humano de los institutos de investigación, esos centros de pensamiento que son reconocidos en todo el orbe por la calidad de las investigaciones que proveen, pero que desafortunadamente al interior de nuestro país no se valora su importancia. La Nación no ha comprendido todavía que la ciencia es la base para la estructuración de una efectiva política ambiental, éticamente responsable con la naturaleza.

Igualmente podríamos apoyarnos en muchos otros ejemplos para afirmar que la mayoría de los problemas ambientales en Colombia se deben a la ausencia de “ética ambiental”; una inobservancia constante y generalizada en el proceder de la gente.

Si hablamos del concepto de desarrollo sostenible, que goza hoy de vocación universal, en Colombia lastimosamente no lo hemos comprendido en su verdadera dimensión. Y a pesar de que el vocablo “ética” no aparece en la definición de este término, mismo que se ha comprendido como el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de satisfacer las necesidades de las generaciones futuras; sólo quien viva y actúe al amparo de esos cánones que reclama la ciencia del bien obligatorio, tendría presente que cada uno de sus actos podría llegar a afectar la calidad y cantidad de los recursos naturales que eventualmente serían necesarios para la subsistencia de las generaciones venideras.

Sin embargo, y a pesar de que la mayoría de las políticas ambientales, junto al proceso de codificación que han tenido en los últimos años, incluyen teóricamente el concepto de desarrollo sostenible en su justificación y objetivos, el desafío hoy en día está en su efectiva aplicación y en la manera en la que los diferentes sectores realmente entiendan la importancia de su implementación.  

Valores

Conocemos la técnica, también la ciencia, y en la mayoría de los casos los avances tecnológicos nos conducen por el rumbo apropiado, pero hace falta mayor apego a códigos morales de conducta. Los valores deberían ser la base del proceder de los gobiernos y de las empresas. Y aquí un llamado especial para el sector privado, pues si la gran industria no le atribuye a las políticas ambientales igual trascendencia y significación, como la que le confiere al andamiaje institucional que hay detrás de estos negocios, el aporte que éstas hacen a la economía de nuestro país resultará efímero.

No podemos permitir que se sigan sobreexplotando nuestros recursos naturales, en torno a intereses particulares de unos pocos que tienen políticas empresariales ausentes de un real compromiso ambiental y social. A todas estas, sin agua, sin una calidad de aire adecuada y sin biodiversidad no podremos vivir, por más rendimientos que en términos financieros se produzcan. Se trata, simplemente, de ampliar los mandatos de la responsabilidad social empresarial, hoy denominados conductas de valor compartido.

Y todo lo anterior, impone referirnos a la poca importancia que se le ha dado al manejo e inversión que demandan las áreas protegidas de nuestro país. No se ha comprendido la valía de su efectiva protección, y mucho menos la necesidad de conservarlas en buen estado para que, entre otras cosas, nos sigan proveyendo los invaluables servicios ecosistémicos que exclusivamente podemos adquirir de estos lugares. 

La protección de los recursos naturales no es negociable, esa es la consigna. La sociedad está entendiendo el valor y la importancia de la conservación y preservación del medio ambiente y cada vez se exige mayor compromiso que conduzca a la efectiva protección de la biósfera.

Nos ha faltado ética común, responsabilidad en la construcción, diseño, e implementación de políticas que prioricen la conservación de nuestros ecosistemas, y que a su vez exija a quienes hacen uso de los recursos naturales retribuir algo de sus ganancias en su protección. El sentido común ha brillado por su ausencia, y hemos ignorado que el disfrute y uso que hacemos de la naturaleza debe ser compensado, pues, aunque parezca una obviedad, si queremos gozar de agua potable y aire de buena calidad debemos invertir en su salvaguardia.

La misma naturaleza se ha encargado de hacernos entender que íbamos por el camino equivocado, que esta catástrofe sanitaria por la que atravesamos tiene mucho que ver con el daño que le hemos hecho al ambiente. Deberíamos comprender la crisis actual como una oportunidad para empezar de nuevo, para concientizarnos que el medio ambiente es una prioridad; que no es la biodiversidad la que necesita a los seres humanos sino que somos nosotros los que dependemos de ella.

El día que realmente decidamos actuar con respeto, privilegiando la ética y la conciencia ambiental en todas nuestras acciones, ese día podremos empezar a hablar de justicia ambiental en Colombia.

* Asesora del Grupo de Cooperación Internacional de la Procuraduría General de la Nación.