Una polvareda en la opinión pública levantó la providencia de la Procuraduría que suspendió por tres meses al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y al de Ibagué, Andrés Hurtado, por determinar que en las actuales elecciones violaron la prohibición a los funcionarios de participar en política. 

Algunos consideran que el órgano de control no está facultado en este sentido, de acuerdo a un fallo de la Corte IDH; otros piensan que sí tiene la competencia según la normatividad nacional.

La Procuraduría dijo que las pruebas que recolectó demuestran que Quintero ha participado en política en favor del Pacto Histórico, bloque de fuerzas de izquierda y  progresistas que respaldan la candidatura de Gustavo Petro. 

Explicó la jefe del Ministerio Público, Margarita Cabello, que "la Procuraduría tiene la competencia constitucional y legal para investigar, suspender provisionalmente y sancionar hasta con destitución e inhabilidad a todos los servidores públicos del país, incluyendo a los de elección popular".

Adicionó que la participación en política de un funcionario no se limita a que de manera expresa pida votar por un candidato, sino que contempla cualquier actuación que genere en el imaginario colectivo la realización de alianzas o apoyos que rompan con el equilibrio de la contienda electoral. "El uso de las redes sociales, de los medios de comunicación, no puede ser instrumento para afectar la imparcialidad que debe caracterizar este proceso", dijo Cabello.

Un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a raíz de la destitución de Gustavo Petro, cuando fue alcalde de Bogotá, indica que los funcionarios de elección popular solo pueden ser suspendidos o destituidos tras la sentencia de un juez; no obstante, posteriormente la Ley 2094 de 2021, que modificó el Código General Disciplinario para ajustarlo a la sentencia de este organismo de la OEA, le dio al Ministerio Público funciones jurisdiccionales.

Opinión de expertos

EL NUEVO SIGLO consultó a expertos acerca de este fallo de la Procuraduría en que suspende a los alcaldes de Medellín e Ibagué.

El exprocurador Jaime Bernal Cuéllar dijo que “creo que la decisión de la Corte Interamericana no le está quitando competencia en este momento a la Procuraduría porque esa decisión tuvo un efecto que fue promulgar una Ley que modificó el Código Disciplinario, con el objeto de acomodar la legislación colombiana a la decisión de la Corte Interamericana, y lo hizo en dos sentidos: el primero, atribuirle funciones judiciales a la Procuraduría y, en segundo lugar, introducir para el proceso disciplinario el Sistema Acusatorio”. 

Añadió que el país “consideró que con esas modificaciones quedaba en concordancia la legislación colombiana con lo postulado por la Corte Interamericana. Esa Ley está vigente, se encuentra, porque fue demandada ante la Corte Constitucional y ésta no se ha pronunciado”.

Complementó que “al estar vigente y tener Colombia esa postura mediante la cual consideró que cumplió la decisión de la Corte Interamericana, tiene plena competencia para tomar la medida cautelar por considerar que es una falta que ciertos funcionarios públicos participen en política”.

'Rey de burlas'

Por su parte, el exprocurador general Alfonso Gómez Méndez dijo: “Esto que está pasando solamente demuestra la inconveniencia de mantener una disposición que en el fondo es una especie de rey de burlas”, pues en un país fundamentalmente político, “en donde todo lo mueve la política (…) lo que conduce es a que la gente haga política por debajo de la mesa”. 

Agregó que solo ahora excepcionalmente con los medios tecnológicos como los celulares y las redes, “salen a la luz pública comportamientos que pueden ser considerados como intervención en política”.

Por ello, Gómez Méndez dijo que el país debe ponerse serio con esta situación o es mejor cambiar la prohibición en las condiciones que hoy existen, porque “es muy difícil que se pueda llegar a todas las distancias cuando, fundamentalmente, esto no es ningún secreto: en época electoral prácticamente todos los alcaldes, gobernadores, ministros, hacen política e intervienen en debates de carácter político”.

Consideró que sería mucho menos grave que los funcionarios intervengan en debates de carácter político, “que utilizar el presupuesto; los contratos; los nombramientos, lo que pasa con los famosos contratos de prestación de servicios que se están actualizando cada mes, cada dos meses, cada tres meses, para amarrar a los electores”.

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Falta grave

Mientras que el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Jaime Arrubla expresó que la providencia de la Procuraduría sobre la suspensión del Alcalde de Medellín muestra “claramente que está fundamentada en varias pruebas, dice que no se trata de un hecho aislado sino de varios hechos sistemáticos, donde el Alcalde ha participado en política, y a través de mensajes, a través de Twitter, a través de videos. Y obviamente llegan a la conclusión de que para la transparencia del proceso electoral hay que suspenderlo porque se trata de una falta gravísima a título de dolo”.

Agregó que, según el sistema jurídico colombiano, la Procuraduría está facultada hoy para suspender o destituir funcionarios públicos, en este caso por participación en política. 

 Añadió Arrubla que si bien hay la discusión sobre el fallo de la Corte IDH, en el sentido de que los funcionarios de elección popular solo pueden ser suspendidos o destituidos por un juez tras un fallo condenatorio, hay que tener en cuenta “el Código Disciplinario que se reformó recientemente, donde se incluyó esa función jurisdiccional para la Procuraduría”.

Designan alcalde encargado

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, reiteró ayer su rechazo al fallo de la Procuraduría que lo deja fuera del cargo por tres meses. Manifestó en las afueras de la Alcaldía, acompañado por su esposa y por su gabinete, ante un cúmulo de ciudadanos que marcharon para protestar por la medida, que “Medellín no va a permitir un golpe de Estado. Vamos a seguir en esta lucha, no nos van a sacar". 

Anunció que “no nos querían en la Alcaldía, pues nos tendrán en las calles, vamos a estar en cada cuadra defendiendo el futuro que merece Colombia. Y se los juro, vamos a vencer".

El Mandatario paisa no hizo referencia a las acciones que llevará a cabo frente a la decisión de la Procuraduría, aunque entre las posibilidades que tiene está la tutela, fundamentada en el derecho a ser elegido y el de los ciudadanos que lo eligieron al cargo. No se descarta una acción ante la Comisión IDH, como lo hizo Gustavo Petro cuando fue destituido del cargo en Bogotá.

Por su parte, el presidente Duque designó como alcalde encargado de Medellín al alto comisionado para la paz, Juan Camilo Restrepo.

"Según la decisión de la Procuraduría General de la Nación, de suspender al alcalde del Distrito de Medellín, la cual ya nos fue comunicada, hemos encargado como alcalde a Juan Camilo Restrepo Gómez, Alto Comisionado para la Paz, durante el periodo que corresponda", escribió Duque en Twitter.

Frente a esto, Quintero reaccionó que "el presidente Duque acaba de anunciar que designó a un alcalde fantoche que piensa acabar con la institucionalidad de Medellín. Llamamos a una resistencia democrática, pero pacífica. Esto no se va a quedar así".

La Procuraduría General notificó al Alcalde de Medellín de su suspensión provisional de tres meses, en su investigación por presunta participación en política.

En un documento de 22 páginas, el Ministerio público presentó las evidencias que señalarían las irregularidades del Mandatario, en medio de la campaña presidencial.

Las pruebas comprenden desde publicaciones en redes sociales hasta declaraciones de Quintero, que darían a entender que apoya al candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro.

El más reciente hecho fue el pasado 9 de mayo, en un video donde aparece el alcalde de Medellín en un carro, diciendo "el cambio en primera", cuando usaba la palanca de cambios.