Con la firma del Pacto por la Búsqueda de las personas dadas por desaparecidas de Bogotá y Cundinamarca arrancó la conmemoración del 9 de abril, Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas.

Se trata de la suscripción del convenio interadministrativo entre el Distrito y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, UBPD, el cual establece el compromiso de coordinar acciones conjuntas de carácter humanitario para alivianar el dolor de las familias de los desaparecidos.

Para todas las víctimas del conflicto armado, buscadores y buscadoras, @Bogota, @VictimasBogota y todas sus instituciones estamos comprometidas a acompañarlos y apoyarlos para hacer y sumar esfuerzos en la búsqueda de las personas desparecidas. #MásCercaDeLasVíctimas pic.twitter.com/awGIhz4xUf

— Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) April 7, 2021

En ese sentido, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y la directora de la UBPD, Luz Marina Monzón, reiteraron su compromiso con la implementación del Acuerdo de Paz como una respuesta a las familias de las víctimas de desaparición y que aún esperan verdad en torno a lo ocurrido en desarrollo del conflicto armado colombiano.

Además, a esta iniciativa sumaron organizaciones de la sociedad civil, la Organización de Naciones Unidas y la Gobernación de Cundinamarca.

"Cuéstenos lo que nos cueste tendremos que llegar a la verdad la justicia, reparación y garantías de no repetición. Así sea un esfuerzo de generaciones debe permanecer porque lo menos que cualquier persona ultrajada vulnerada o agredida espera es eso", señaló López.

De acuerdo con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, en Bogotá, durante el conflicto armado se registraron 1.133 víctimas de desaparición forzada.

De igual manera, se presentaron 130 víctimas de reclutamiento y utilización de menores de 18 años de edad; 449 víctimas de secuestro, es decir, 1.712 personas en total fueron desaparecidas, secuestradas y reclutadas entre 1958 y el 2016 en la capital del país. 

"La ciudad capital no fue ajena al conflicto armado, más de 390 mil personas están oficialmente registradas como víctimas del conflicto residiendo en la ciudad, de ellas, 1.133 están registradas por el crimen doloroso y cruel de desaparición forzada", puntualizó la mandataria. 

A su vez, recalcó que "este pacto se trata de una firma como región, como lo que somos Bogotá y Cundinamarca, porque tenemos que enfrentar esas tragedias para superarlas y trabajar por las oportunidades".

Por otro lado, según datos del Observatorio Distrital de Víctimas y del Centro Nacional de Memoria Histórica, a nivel nacional 113.442 personas continúan desaparecidas, de las cuales el 63,9% son víctimas de desaparición forzada; el 20,7% fueron secuestradas y nunca se supo de su paradero; y el 15,3% reclutadas. 

Por su parte, el alto consejero para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, Vladimir Rodríguez, aseguró que la entidad ha avanzado en acuerdos de entendimiento y trabajo con la JEP y con la Comisión de la Verdad.

"Hoy estamos aquí para formalizar nuestro compromiso con los desparecidos y con sus familias. Si bien Bogotá no ha sido el principal escenario de la confrontación armada, sí ha sido una de las principales ciudades del país que ha recibido más víctimas", indicó Rodríguez.

Según explicó Luz Marina Monzón, directora de la UBPD, con este pacto se pretende contribuir de manera decida con toda la comunidad de las 20 localidades de Bogotá y de los municipios de Cundinamarca en torno a consolidar los esfuerzos que se requieran para encontrar a los desaparecidos que dejó la guerra durante estos más de 50 años de confrontación armada a lo largo y ancho del territorio nacional.

Por su parte, Leonardo Rojas, secretario de Gobierno de la Gobernación de Cundinamarca, dijo que el departamento de Cundinamarca firmará este pacto con Bogotá para seguir buscando a las personas desaparecidas. "Pueden contar también con las 153 mil víctimas que tiene el departamento y que buscan, verdad, reparación y no repetición de los actos de violencia".

A su turno, Juan Carlos Monge, Representante Adjunto de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que "a desaparición forzada genera incertidumbre e impacto a largo plazo; el estado tiene la obligación de adoptar medidas para dar con el paradero y esclarecer los hechos. Este pacto facilita la participación de la sociedad civil y de los que han asumido el rol de buscadores".

En representación de las víctimas, Sofía Martínez, aseguró que se considera como una mujer buscadora, ya que desde hace varios años no tiene información del paradero de su padre. "Esta palabra, buscadora, se posiciona desde la acción, no desde la palabra víctima, somos seres humanos con derechos de búsqueda, de nuestros seres queridos, hermanos, madre, padre, tíos y amigos", agregó.