En el 2014 peligraba el futuro de los llamados “colegios en concesión” de Bogotá. ¿Acaso había fracasado este experimento basado en la administración independiente de 25 colegios públicos en varias de las zonas más necesitadas de la capital?

Todo lo contrario. Las cifras demostraban que el modelo, creado durante la primera administración de Enrique Peñalosa, era un éxito rotundo. Según un escalafón de la Alcaldía que medía los resultados académicos de la educación pública, siete de los primeros 10 colegios distritales -y 17 de los primeros 50- eran concesionados. Según los resultados de las pruebas Saber 11 del 2013, el 88 % de los colegios en concesión (22 de los 25) obtuvieron un nivel alto o superior, mientras que ninguno obtuvo un nivel bajo. Por otro lado, más de la mitad de los colegios administrados directamente por el Distrito en las mismas UPZ se situaron en un nivel medio o bajo en dichas pruebas.       

El problema de los colegios en concesión no eran sus resultados, los cuales eran excelentes, sino que su éxito incomodaba a la administración de Gustavo Petro y, sobre todo, a la Asociación Distrital de Educadores, el satélite bogotano de Fecode. Anualmente, educar a un alumno en un colegio en concesión costaba alrededor de $1.500.000 menos que en un colegio administrado por el Distrito. Dada la mayor calidad académica que demostraron las concesiones, este hecho derrumbaba el mito de que el problema de la educación pública tradicional era la falta de inversión estatal.  

Bajo el falso argumento de que los colegios en concesión “privatizan” la educación pública, algo absurdo dado que el servicio aún es gratuito para los alumnos y sus familias, la ADE y Fecode montaron una campaña de presión para que Petro liquidara el modelo justo cuando estaban a punto de vencer los contratos que lo regían.

De manera arbitraria, Petro decidió no renovar los contratos de tres colegios en concesión. Los demás contratos se prorrogaron gracias al enorme esfuerzo de los padres y alumnos. En su lucha por mantener las concesiones, ejercieron presión ciudadana sobre el Concejo, libraron una efectiva campaña mediática y hasta llevaron a cabo un plantón del todo pacífico frente al Palacio Liévano.

Esta resistencia de las familias contra los estrechos intereses de la oligarquía sindical y sus aliados políticos hizo eco durante la campaña a la Alcaldía del 2015. Entonces, los argumentos a favor de la libertad educativa se presentaron con contundencia.        

En últimas, la victoria de Peñalosa salvó a los 22 colegios en concesión que sobrevivieron la arremetida. Su segunda administración amplió el modelo al crear 13 nuevos colegios bajo el exitoso modelo.

Menciono estos hechos porque, al seguirlos de cerca, concluí en el 2015 que “los señores de Fecode representan el principal obstáculo frente a la buena educación pública en Colombia”. Hoy, mientras los colegios en concesión operan con cautela y los muy privilegiados líderes sindicales se rehúsan a volver a las aulas, buena parte del país está llegando a una conclusión similar.