En 2020 Colombia dejó de ejecutar recursos de su gasto público cercanos al 4% del PIB, es decir $41 billones de un total permitido de $255 billones. Esta situación, que afecta considerablemente las finanzas del Estado, es un problema recurrente. No en vano en los últimos años el Ejecutivo ha dejado de invertir entre 2% y 4% de los recursos que estaban asignados.

En medio de la crisis fiscal, social y económica por el impacto de la pandemia y ante la inminencia de la llegada al Congreso del proyecto de reforma tributaria, que si bien trae un importante componente social implicará un aumento de impuestos para empresas y personas, desde distintos sectores de está urgiendo al Gobierno para que también se apriete el cinturón, no solo ejecutando el presupuesto de forma más eficiente sino recortando gastos de funcionamiento y rubros no prioritarios.

La solicitud no es para menos si se tiene en cuenta que ante la apremiante necesidad que tiene la Nación de recursos, con la reforma tributaria busca conseguir al menos $15 billones.

Este monto de por sí deja un mal sabor entre los contribuyentes y la ciudadanía en general que no entienden por qué se verán más afectados sus bolsillos con más impuestos cuando en otros sectores oficiales no hacen sacrificios.

Este es el caso del Congreso de la República, que en medio de la emergencia sanitaria no avanzó en la rebaja ni congelación de sus altos sueldos, pese a los llamados de de todos los sectores.

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Una muestra de esa circunstancia es que, para este año, el Gobierno les autorizó un incremento del salario de los congresistas de 5,12%. Es decir, se aumentó el salario de cada uno en $1,67 millones, lo que significa que a partir del primero de enero de 2021 pasaron a ganar $32.740.000, más los gastos de representación.

Todo un despropósito cuando el salario mínimo de los colombianos subió 3,3% para este año, es decir $30.723 al día, pasando de $877.803 a $908.526 al mes.

Apretón

Desde el año pasado se ha venido informado que para 2021 se espera que el gasto público sea más eficiente. De hecho, el Ministerio de Hacienda dijo en el Congreso que en los $313,9 billones aprobados para el Presupuesto General de la Nación este año, ya venía incluido un recorte de gastos de funcionamiento del Estado.

A mediados del año pasado, el Gobierno ya presentó un paquete de medidas para cuidar los recursos públicos y hacer eficientes los gastos de las entidades debido a la crisis provocada por la emergencia sanitaria.

“Eficiencia no significa dejar de gastar, es gastar siempre con los mejores criterios, obviamente de pertinencia, de costo, de razonabilidad de las decisiones que se toman, pero también con toda la transparencia”, dijo por entonces la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.

En el marco de dicho Plan se limitó lo referente a modificación de plantas y gastos de personal, contratación de servicios profesionales, pago de horas extras y vacaciones, mantenimiento de bienes o compra, adquisición de tiquetes aéreos, viáticos y comisiones, viajes de delegaciones oficiales, uso de vehículos oficiales, control a gastos de publicidad así como a lo relativo a papelería y telefonía, austeridad en eventos y regalos, nada de condecoraciones.

Sin embargo, no parece ser suficiente. Es más, hasta el propio expresidente Álvaro Uribe ha insistido en días recientes sobre la necesidad de que el Gobierno sea más eficiente en el gasto público y se apriete el cinturón.

Pero no solo es dejar de gastar o recortar gastos inoficiosos. También se contribuye a disminuir las necesidades de recursos de la Nación cuando se ejecuta bien el presupuesto aprobado y provisionado.

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Según conoció este diario, en el Ministerio de Hacienda se está estudiando la posibilidad de continuar con el plan de austeridad que se hizo en 2020, con la supresión o fusión de entidad e incluso de congelar los altos salarios de funcionarios, como una respuesta al ajuste interno dentro del Gobierno.

Pero aquí también hay problemas. Como se dijo, durante el año pasado la programación del gasto público del Gobierno no se cumplió en su totalidad, dejando de gastar $41 billones del total asignado por el Presupuesto General de la Nación y de los recursos asignados para el FOME.

Asimismo, el Ministerio de Hacienda, de un total de $40,8 billones asignados, no utilizó $23,9 billones, es decir el 62%. A su vez, el Ministerio del Deporte, de $462.000 millones asignados, dejó de gastar $220.000 millones, casi el 47%; el Ministerio de Agricultura, que tenía presupuestados $1,8 billones, no utilizó $400 mil millones, mientras el Ministerio de Ambiente, tenía asignados $727 mil millones y no utilizó $132.000 millones.

Al mismo tiempo del total del presupuesto asignado a la Presidencia de la República, un total de $5,3 billones, se dejó de utilizar $3,5 billones, es decir el 65%.

En esta misma relación, el Ministerio de Vivienda, de $4,3 billones, dejó de gastar $1,1 billones, mientras que el Ministerio de Ciencia y Tecnología, de $270.000 millones, no utilizó $88.000 millones. El Ministerio de Transporte, de unos recursos asignados de $7,1 billones, no gastó $1,6 billones.

Hay que destacar que la principal fuente de ingresos del Estado son los tributos que pagan los colombianos. Estos tributos incluyen impuestos como el IVA, las contribuciones a salud y pensiones, los impuestos a la renta de las personas y a la renta de las empresas, entre otros. El Estado también consigue recursos de las ganancias de las empresas industriales y comerciales del sector público, (ejemplo: Ecopetrol) y de regalías pagadas por empresas mineras y petroleras privadas. 

Transferencias

De otra parte, según el observatorio fiscal de la Universidad Javeriana, y documentando específicamente las transferencias realizadas desde el FOME hacia las entidades del orden nacional y su ejecución, así como la ejecución realizada directamente desde el Ministerio de Hacienda, hasta la fecha, se han desembolsado $29,7 billones desde este fondo, de un total de $45 billones.

Entre estos recursos, por un lado, $14,4 billones han sido trasladados a cuentas creadas exclusivamente para programas de la emergencia, en los que se puede identificar que $10,8 billones han sido comprometidos y $9,7 billones han sido pagados. Por otro lado, $6,8 billones han sido transferidos a otras cuentas y no es posible identificar su nivel de compromiso o pago. 

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Tantos son los compromisos del país, que desde el Ministerio de Hacienda se han comprometido $8,5 billones, de los cuales se ha pagado el 84%. 

De acuerdo con el Observatorio Fiscal, “a partir de la información disponible, no es posible saber cuántos recursos han sido apropiados por esta cartera para los programas a su cargo. Se concluye que, tras un año de la declaración del Estado de Emergencia, no es posible conocer el destino específico de los recursos empleados y que persiste la ausencia de un plan de gasto detallado de los billonarios recursos presupuestados que aún no se han empleado”.

Otros años

El gasto público en Colombia en 2019 alcanzó el 31,86% del PIB, una caída de 2,86 puntos respecto a 2018, cuando el gasto fue el 34,72% del PIB.

La posición de Colombia frente al resto del mundo en 2019, en cuanto a gasto se refiere, ha empeorado y su situación en la tabla ha pasado del puesto 32 al 35. No obstante es más importante su posición en el ranking de gasto respecto al PIB y en este caso ha descendido, al puesto 88 entre 190 países, del ranking de Gasto público respecto al PIB.

En 2019 el gasto público per cápita en Colombia, fue de $7.600.000 por habitante. En 2018 fue de $8.218.000, luego el gasto público por habitante ha descendido en $618.000. Si miramos diez años atrás vemos que entonces el gasto público por persona era de $4.800.000. En la actualidad según su gasto público per cápita, Colombia se encuentra en el puesto 87 de los 190 publicados.