NUEVO CAPÍTULO en la polémica sobre la escasez de 1.200 medicamentos y principios activos de los mismos que se viene presentando en el país desde finales del año pasado y se ha profundizado en el primer trimestre de 2023.
La Procuraduría General ordenó la apertura de indagación previa contra funcionarios por determinar del Ministerio de Salud y del Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), por la presunta omisión de medidas frente a la posible escasez de algunos medicamentos, lo que afecta los derechos fundamentales a la salud y a la vida.
La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que se han agotado las instancias orientadas a obtener una respuesta efectiva por parte del Gobierno, al que desde octubre de 2022 enviaron comunicaciones con solicitudes precisas e instando a garantizar el ininterrumpido suministro de medicamentos esenciales para la población, los cuales resultaron infructuosos.
- Le puede interesar:Construcción del Metro afectaría medio ambiente en Barrios Unidos
El ente de control sostuvo que hizo requerimientos a la ministra Carolina Corcho y al director del Instituto, Francisco Rossi, sobre esta problemática y pidió información acerca de las medidas adoptadas para atender la situación, que produjo incluso la declaratoria de alerta sanitaria.
Rossi dijo el pasado 13 de marzo que el país, desde el punto de vista legal, más que desabastecimiento lo que tiene es escasez en varios de medicamentos. Citó situaciones asociadas a la escasez de materias primas de insumos, así como a dificultades en materia de importación y la gestión de los procesos regulatorios, lo cual hace que no se haya podido resolver el problema, como también ocurre en otros países.
Drogas para tratar trastornos mentales, algunos antibióticos y analgésicos así como para la hipertensión arterial, infecciones y otras patologías crónicas tienen bajo nivel de suministro a pacientes.