El pasado octubre, Ales Bialiatski fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz 2022. Fue uno de los tres galardonados, junto a dos organizaciones de derechos humanos: la rusa Memorial y el ucraniano Centro para las Libertades Civiles. El Comité Nobel reconoció el “extraordinario esfuerzo de las tres organizaciones por documentar crímenes de guerra, violaciones de los derechos humanos y abusos de poder”.
Pero Bialiatski no pudo viajar a Oslo para recoger su premio. Fue detenido en julio de 2021 y encarcelado desde entonces. Este mes fue declarado culpable de cargos falsos de financiación de protestas políticas y contrabando, y condenado a 10 años de prisión. Sus tres coacusados también fueron condenados a largas penas de cárcel.
Los orígenes de la actual represión se remontan a las elecciones presidenciales de 2020. El dictador Alexander Lukashenko lleva en el poder desde 1994, pero en 2020 por primera vez un aspirante creíble se escapó del control para enfrentarse a él.
Sviatlana Tsikhanouskaya se presentó contra Lukashenko después de que su marido, el activista democrático Sergei Tikhanovsky, fuera detenido y se le impidiera hacerlo. Su campaña, independiente y protagonizada por una mujer, cautivó a la opinión pública, ofreciendo la promesa de un cambio y uniendo a muchos votantes.
La respuesta de Lukashenko a esta rara amenaza fue detener a varios miembros del equipo de campaña de Tsikhanouskaya, junto con varios candidatos de la oposición y periodistas, introducir restricciones adicionales a las protestas y restringir internet. Cuando todo eso no disuadió a muchos de votar en su contra, amañó descaradamente los resultados.
Este fraude flagrante desencadenó una ola de protestas de una magnitud nunca vista bajo el régimen de Lukashenko. En su punto más alto, en agosto de 2020, cientos de miles de personas salieron a la calle. La violencia sistemática del Estado y las detenciones tardaron mucho tiempo en acabar con las protestas.
Todo lo que Lukashenko ha hecho desde entonces es reprimir el movimiento democrático. Las cárceles están abarrotadas de presos: se calcula que Bielorrusia cuenta actualmente con 1.445 presos políticos, muchos de los cuales cumplen largas condenas tras ser juzgados por tribunales parcializados.
La represión de Lukashenko es posible gracias a una alianza con un paria aún mayor: Vladimir Putin. Cuando la Unión Europea y otros Estados democráticos aplicaron sanciones en respuesta a la represión de Lukashenko, Putin concedió un préstamo que fue crucial para ayudarle a capear el temporal.
Lukashenko rompió así una larga estrategia de cuidadoso equilibrio entre Rusia y Occidente. El efecto fue unir a los dos líderes corruptos. Esto continuó durante la guerra de Rusia contra Ucrania. Cuando comenzó la invasión, algunas de las tropas rusas que entraron en Ucrania lo hicieron desde Bielorrusia, donde días antes habían estado realizando simulacros militares. También se desplegaron lanzamisiles rusos con base en Bielorrusia.
Pocos días después del inicio de la invasión rusa, Lukashenko impulsó cambios constitucionales, sancionados mediante un referéndum. Tras ello, Putin prometió suministrar a Bielorrusia misiles con capacidad nuclear.
Sin embargo, hasta ahora los soldados bielorrusos no han participado directamente en combates. A Putin le gustaría que lo hicieran,
Lukashenko ha logrado un equilibrio entre el discurso beligerante y la acción moderada, insistiendo en que Bielorrusia solo se unirá a la guerra si Ucrania le ataca. Esto puede deberse a que el hecho de que Bielorrusia haya permitido la agresión rusa ha hecho que la población esté cada vez más descontenta con Lukashenko.
*Editor jefe de Civicus