Quince días después de que el Gobierno publicara un borrador de decreto que establece un arancel del 40% ad valorem a las importaciones de textiles y confecciones, esta medida sigue confusa ya que no aclara las dudas que se tienen en el sector por los precios de venta. 

El documento anuncia que las importaciones serán de cualquier origen de nación de los productos clasificados en los capítulos 61 y 62 del arancel de aduanas nacional, cuando el precio declarado sea inferior o igual a US$10 por kilogramo bruto.

Asimismo, ordenaría un arancel del 15% ad valorem, más uno punto un dólar con cinco centavos por kilogramo bruto, a las importaciones de cualquier origen de nación más favorecida (NMF), de los productos clasificados en los capítulos 61 y 62 del arancel de aduanas nacional, cuando el precio declarado sea superior a diez dólares de los Estados Unidos, por kilogramo bruto.

El proyecto excluye de la aplicación de las medidas, las importaciones de residuos y/o desperdicios de la industria de la confección resultantes de los procesos productivos desarrollados al amparo de los Sistemas Especiales de Importación Exportación del Plan Vallejo, que tengan valor comercial.

El Ministerio de Comercio informó que lo anterior se da por los indicadores negativos en las cifras de producción y de empleo del sector colombiano. 

En un concepto del Gobierno Nacional, del año 2019, en el que se rechazaron los artículos que aprobó el Congreso dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y que establecían aranceles para las confecciones que se importaran al país, se pidió a la Corte Constitucional declarar inexequibles las medidas aprobadas por el legislativo, argumentando que los aranceles podrían afectar directamente a los consumidores impactando especialmente a la población de menores ingresos.

Decisiones

El congreso incluyó en el PND un arancel de 37,9% a las importaciones de textiles cuyo precio declarado fuera menor a US$20 por kilo, y un impuesto de 10% ad valorem más US$3 por kilo para las importaciones de prendas de más de 20 dólares.

Aunque esos artículos se cayeron por ser inconstitucionales, ya que las decisiones sobre aranceles las tiene que tomar el Ejecutivo y no el Legislativo, llama la atención que tanto el Ministerio de Hacienda como el de Comercio dijeron que incrementar esos tributos aumentaría el ingreso ilegal de los productos y se ampliaría el margen de rentabilidad del contrabando abierto en el sector textil.

Por su parte, Camilo Rodríguez, presidente de la Cámara Colombiana de la Confección, indicó que "valoramos el esfuerzo de la bancada de Gobierno, pero no acompañamos ni nos vamos a tomar la foto con el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, que saca un borrador de decreto que no impacta las confecciones. Aquí sigue saliendo beneficiada la mano de obra en Asia".

Frente al artículo nuevo de este borrador, que excluye de la aplicación de aranceles a las importaciones de desperdicios de confecciones de los procesos desarrollados al amparo del "Plan Vallejo", que tengan valor comercial, manifestó que "se cometió un error técnico por parte del Mincomercio, pese a que ya habíamos anunciado que resulta antitécnico porque en los artículos previos se evidencia que entran solo capítulos 61 y 62, no el 63. Entonces hay un buen lobby de algunas empresas que se han dedicado a dañar esa figura y a hacer un contrabando técnico".

Impacto

En esa línea, explicó que no tiene ningún impacto porque para que al sector le vaya bien, se requiere una "reforma estructural, pero en este momento no se atiende lo que necesitamos. Es mentiroso decir que se impone arancel de 40% a las confecciones, no es así porque si revisamos solo vemos que se aumenta de US$0 a US$10, es decir, solo corresponde al 2% de las importaciones que entran al país".

Según esta entidad, en 2019 se exportó mercancía por cerca de US$732 millones, pero se importó mercancía por US$2.428 millones, "lo que demuestra un déficit en la balanza comercial porque no hay política ni arancelaria ni aduanera que favorezca la balanza cambiaria".

Por su parte, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, aseguró que en la expedición del borrador “las razones económicas que nosotros vemos no son suficientes. Un incremento de aranceles en las prendas de vestir importadas aumenta su precio hasta 25%, afectando el bolsillo del consumidor. Es inoportuno".