* Contundente campanazo de JIFE al Congreso
* Aumenta el consumo y persiste la ilegalidad
La Encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas, realizada por el Dane en 2019, evidenció que el 9,7% de la población del país entre 12 y 65 años había consumido sustancias psicoactivas ilegales, que iban desde marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, heroína e inhalables como dick y popper, hasta metanfetaminas, LSD, hongos, yagé, cacao sabanero, ketamina, GHB o 2CB…
La marihuana resultó ser la sustancia más consumida, según lo admitió el 8,3% de los consultados, seguida muy de lejos por la cocaína, con 2,07% de incidencia. La edad promedio de inicio en el uso de cannabis fue 18,1 años.
A ello se suma que el Estudio de Consumo de Sustancias Psicoactivas en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (2017) confirmó que la marihuana era la más usada alguna vez en la vida, con 84,4%. En ese sondeo, el 43% de los jóvenes se encontraba en un Centro de Atención Especializada y el 9,6% en internamiento preventivo (estas dos son modalidades de privación de libertad), en tanto que el 27,2% tenía como sanción la libertad asistida o vigilada, un 4,6% estaba en medio semicerrado, el 3,3% en internado y un 4,2% prestaba servicios a la comunidad.
Esos datos estadísticos se deben traer a colación en momentos en que el Congreso se apresta a darle los cuatro últimos y definitivos debates a un proyecto de acto legislativo que reforma el artículo 49 de la Constitución y regulariza en Colombia la venta del cannabis para uso recreativo en adultos. Como se sabe, a partir de una reglamentación de 2015, la Ley 1787 de 2016 y una serie de decretos de 2017 se permite el cultivo, producción y comercialización de cannabis, pero solo para fines medicinales.
El citado proyecto de acto legislativo es impulsado por las mayorías de la coalición gobiernista (a excepción del conservatismo y una fracción de La U) y parte de la base de que Colombia ha invertido más de 16 mil millones de dólares en la guerra antidroga pero el narcotráfico no se ha reducido en ninguno de sus eslabones: producción, tráfico, exportación, consumo y estructuras delictivas asociadas. Bajo la tesis de que se necesita de un cambio de óptica en donde de la penalización se pase a la regulación, quienes apoyan el acto legislativo sostienen que ya en muchos países se permite el cultivo, venta y uso recreativo de la marihuana. Traen a colación, además, las sentencias de la Corte Constitucional en torno a la no penalización del porte de la dosis mínima de estupefacientes. Incluso, resaltan que en algunas naciones el expendio libre de cannabis no solo ha resultado un negocio legal muy lucrativo, sino que estaría extinguiendo la esfera criminal que lo rodeada antes. Y, puntualizan, que este giro permite a los Estados mejorar sus políticas de prevención y tratamiento de la drogadicción.
Paradójicamente, todos esos argumentos se estrellan con la advertencia que hiciera la semana pasada la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) en su informe anual correspondiente a 2022. La entidad adscrita a la ONU advirtió que la legalización del cannabis no ha logrado reducir el consumo de drogas y los mercados ilícitos de narcóticos persisten.
Tras manifestar su preocupación por la expansión de la industria del cannabis, que comercializa los productos a base de esa sustancia de una forma que atrae a la juventud y le resta importancia a los daños que puede causar el consumo de la marihuana de “potencia elevada”, el propio vicepresidente segundo de la JIFE recalcó que “vemos con preocupación la trivialización con respecto al uso no médico del cannabis, la tendencia a su legalización, principalmente en Latinoamérica y parte de Europa”. Recalcó que esta legalización con fines recreativos contraviene el artículo cuarto de Convención Única de Estupefacientes de 1961, que clasifica al cannabis como una sustancia altamente adictiva y prohíbe todo uso no médico o científico.
La JIFE señala que la legalización no disminuye el consumo de la marihuana con fines lúdicos y “parece” dar lugar a un incremento, sobre todo en la juventud. De hecho, los datos extraoficiales muestran que en las jurisdicciones donde se despenalizó, el uso del alucinógeno aumentó entre 9% y 15% con respecto a los lugares donde su consumo recreativo sigue prohibido. Incluso, el informe da un campanazo en torno a que los mercados ilegales de cannabis siguen activos en las jurisdicciones donde se ha legalizado el consumo. “Según los datos disponibles representan el 40% en Canadá, casi el 50% en Uruguay y el 75% en California”, se precisa. Esto porque en los expendios ilícitos se vende a precios más baratos la marihuana con mayor efecto psicoactivo, con todos los riesgos sanitarios que implica.
Visto el campanazo de la JIFE la pregunta es una sola ¿Las mayorías del Congreso en Colombia seguirán adelante con el cuestionado proyecto pese a todas estas advertencias?