De cara a las próximas elecciones legislativas y de Presidencia en Colombia, la Procuraduría General de la Nación anunció que los procuradores y personeros regionales, provinciales y distritales deberán realizar vigilancia estricta a la contratación y al manejo de las plantas de personal y demás restricciones en las 1.103 alcaldías y las 32 gobernaciones del país, en el marco de la Ley de Garantías Electorales, que comenzó a regir desde el pasado sábado 29 de enero.

Precisamente, la procuradora Margarita Cabello enfatizó en la importancia del cumplimiento de las restricciones, en especial en el manejo de nómina, contratación y recursos públicos, con respecto a los comicios que se desarrollarán en la nación durante este año. Aseguró que esta vigilancia permite promover el ejercicio equitativo y transparente de la democracia y se abordará en condiciones de igualdad.

“Estamos trabajando de forma articulada con todos los personeros y personeras del país a través de los comités regionales y provinciales de control electoral que presiden nuestros procuradores territoriales, con el objetivo de velar por el ejercicio del derecho a la participación y prevenir la indebida utilización de recursos públicos en controversias de tipo político”, explicó la funcionaria.

Además, la jefa del Ministerio Público explicó que se realizará un análisis de información recolectada con los mandatarios regionales que permitirá establecer el cumplimiento de las restricciones a la Ley de Garantías Electorales y verificar el uso correcto de los recursos públicos. Cabello sostuvo que esta recolección de datos se desarrollará por parte de la Unidad de Vigilancia Electoral y del Grupo de Trabajo de la Unidad de Gestión de Información e Inteligencia (UGII) de la Procuraduría.

Recientemente, la Procuradora sostuvo un encuentro con algunos de los funcionarios administrativos, en el que escuchó y emitió sugerencias para la vigilancia de los próximos comicios electorales.

“Ustedes son parte fundamental del Ministerio Público para garantizar unas elecciones transparentes y que los ciudadanos tengan tranquilidad y confianza para ejercer sus derechos”, señaló la Procuradora.

Agregó que “se debe coordinar lo necesario de cara a la vigilancia que adelantamos como Ministerio Público a las elecciones. Trabajamos en equipo para estar listos en nuestra labor del próximo 13 de marzo. Actuamos desde lo preventivo con las alarmas electorales emitidas. En lo disciplinario, adelantamos investigaciones a funcionarios, incluidos los de elección popular”.

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No obstante, admitió que “hay muchas preocupaciones de nivel de trabajo diario de los personeros que hay que estar pendiente de escucharlos (…) dentro de los comentarios que le hicieron a la Procuraduría es que tiene que cumplir sus funciones con mucha escasez de personal, con mucha precariedad de herramientas mínimas para poder abordar adecuadamente sus funciones”.

Finalmente, Cabello alertó a aquellos funcionarios municipales que “no están dando abasto con sus funciones”, por lo que anunció una coordinación de las acciones para la vigilancia efectiva del organismo de control al proceso electoral.

Cabe recordar que en la Directiva 003, la Procuraduría instó a las autoridades administrativas a dar efectivo y estricto cumplimiento a la Ley de Garantías Electorales y a sus excepciones, a fin de exhortar y alertar en aquellos casos en que se configuren faltas en la prestación de servicios esenciales y en la atención oportuna en las situaciones de excepción, con el fin de garantizar de forma efectiva los derechos de los ciudadanos.

Restricciones

La Ley de Garantías consagra una serie de prohibiciones durante las campañas legislativa y presidencial y unas restricciones especiales durante la campaña para otros cargos de elección popular.

En primer lugar, los mandatarios locales y departamentales no podrán celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, ni participar, promover y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo, como tampoco de las que participen como miembros de sus juntas directivas, en o para reuniones de carácter proselitista.

Asimismo, no podrán inaugurar obras públicas o dar inicio a programas de carácter social en reuniones o eventos en los que participen candidatos a estos comicios. Tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros de los candidatos.

De igual manera, no podrán autorizar la utilización de inmuebles o bienes muebles de carácter público para actividades proselitistas, ni para facilitar el alojamiento, ni el transporte de electores de candidatos a cargos de elección popular. Tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros de los candidatos.