EL Salvador se ha adentrado en los últimos días en una crisis política sin precedentes que tiene como telón de fondo la nueva estrategia del gobierno de Nayib Bukele para combatir a las pandillas o maras, el principal flagelo de la nación centroamericana.

El desencadenante es el crédito de 109 millones de dólares que El Salvador necesita solicitar al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para financiar la Fase III del Plan de Control Territorial para "modernizar" a las fuerzas de seguridad. Y para ello, Bukele dio plazo de una semana a la Asamblea Nacional para aprobarlo.

Bukele, que llegó al poder el pasado 1 de junio, en su primer mes de gestión anunció un Plan de Control Territorial para combatir a las pandillas, a desarrollar en tres fases con un coste total de 575,2 millones de dólares, de los cuales unos 200 millones de dólares deberían salir del BCIE.

El BCIE ya ha dado luz verde a la ejecución de este dinero entre 2019 y 2021, si bien aún es necesario que la Asamblea Legislativa de  El Salvador ratifique los contratos de préstamo.

Precisamente con esta intención, Bukele anunció el pasado jueves que el Consejo de Ministros convocaría para el domingo siguiente una sesión extraordinaria en el Congreso. El mandatario se amparó en el artículo 167.7 de la Constitución, según el cual el Gobierno puede forzar una reunión plenaria "cuando los intereses de la República lo ameriten".

El Parlamento reaccionó el viernes rechazando por 64 votos frente a tres y una abstención la sesión extraordinaria, porque "no basta la simple invocación de la seguridad nacional" para activar el artículo 167.7, "que debe utilizarse de modo excepcional debidamente motivado" por "reales circunstancias fácticas".

"No obstante que el tema de seguridad tiene una alta prioridad para este pleno, la autorización de un préstamo no constituye emergencia constitucional, sino que ello implica endeudamiento, para lo cual la Asamblea Legislativa, de conformidad a la Constitución, está en la facultad para hacer un control en las finanzas públicas", esgrimió.

Entonces, Bukele lanzó un órdago invocando directamente al artículo 87, por virtud del cual "se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en la Constitución".

El domingo, militares y policías fueron a buscar a los diputados opositores a sus casas con la orden "verbal" de Bukele para que participaran en la sesión extraordinaria, pese a lo cual muchos se negaron.

Las fuerzas de seguridad acabaron irrumpiendo en el Salón Azul, donde se celebran los debates parlamentarios, ante la presencia de apenas una veintena de los 84 diputados que componen la Asamblea Legislativa.

Bukele, gobierna sin partido propio. Los dos pilares del Gobierno de Bukele son la lucha contra la violencia y la corrupción, que han confluido en el marco de las investigaciones contra dirigentes del Fmln y de Arena por sus presuntos vínculos con las pandillas.

Este operativo de seguridad se enmarca en el plan de Bukele contra las pandillas, con el que busca, por un lado, recuperar el control de los territorios que ahora controlan las maras, especialmente en los centros históricos de las grandes ciudades, donde tienen sus feudos, y, por otro, "descabezar" a estas bandas criminales en las cárceles.

Bukele persigue de esta forma un doble objetivo: asfixiar económicamente a las pandillas, ya que al privarlas de su territorio las privaría también de sus negocios, entre los que destacan el narcomenudeo y la extorsión; y cortar la cadena de mando, puesto que la mayoría de las órdenes proceden de los cabecillas apresados