Un efecto negativo en las tarifas de energía traería consigo la entrega tardía de Hidroituango o su no operación, debido a que el valor de megavatio instalado hora/mes que es de 14,9 dolares pasaría a más de 30 dólares, generando una variación de su precio en la bolsa.

Así lo advirtió el contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, al estimar que este caso se podría presentar “por causa de deficiencias y situaciones adversas que hayan surgido durante la planeación y desarrollo del proyecto”.

"En consecuencia, se podría generar un mayor costo en el valor de la energía y probablemente mayores tarifas que serían para nuestra gente en el país", dijo el contralor.

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Hasta el momento, dice el ente de control, el costo del proyecto Hidroituango se aproxima a los $11,5 billones, de los cuales 38,23 % (más de $4,3 billones) corresponden a recursos propios. El 61,77 % restante proviene de la deuda con banca multilateral, que equivale a casi $7,1 billones.

Córdoba precisó que, de los 200 contratos suscritos por EPM –responsable del proyecto hidroeléctrico– entre 2011 y 2017, que serán materia de revisión por parte de la Contraloría General, 77 aún se encuentran en ejecución, 14 ya fueron liquidados, dos están en estado de suspensión, 106 ya terminaron y uno está en trámite de declaratoria de incumplimiento.

La CGR comunicó que está verificando también el cumplimiento de las obligaciones del contrato BOOMT (contrato entre Hidorituango S. A. y EPM para la construcción del proyecto), y haciéndole un seguimiento cronológico a los hitos del proyecto, a partir destaponamiento del túnel de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD) en abril del año pasado.

Los auditores de la Contraloría, añadió la CGR, examinan a fondo el contrato suscrito entre EPM y Consorcio CCC Ituango para la construcción de la presa, casa de máquinas y obras anexas, cuyo valor ejecutado fue del orden de los $2,9 billones.

"Actuamos sin prevenciones ni prejuicios”

Al intervenir en una Audiencia sobre Hidroituango convocada por la Procuraduría, el Contralor dejo claro que este es un tema técnico, que debe ser evaluado objetivamente, a la luz de los hechos, y en el que las responsabilidades deben corresponder a los hallazgos y pruebas producidas -sin sesgo alguno- por parte de los auditores e investigadores de la CGR.

“Actuamos sin prevenciones ni prejuicios porque entendemos que la causa fortuita, la fuerza mayor son siempre riesgos presentes en los proyectos colosales de la infraestructura. Pero lo que sí no estamos dispuestos a entender ni a tolerar son aquellos manejos que revelen negligencias, sobrecostos e imprevisión”, sostuvo.

“Tampoco estaremos dispuestos a validar, bajo ningún título, malas planificaciones con deficientes matrices de riesgo, así como contrataciones mal negociadas, mal controladas o mal auditadas. Eso hay que tenerlo claro desde ya, si queremos entendernos en este ejercicio de control fiscal”, agregó.

Según precisó Córdoba, de los 200contratos suscritos por EPM entre 2011 y 2017, que serán materia de revisión por parte de la Contraloría General, 77 aún se encuentran en ejecución, 14 ya fueron liquidados, dos están en estado de suspensión, 106terminados y uno en trámite de declaratoria de incumplimiento.

La CGR está verificando también el cumplimiento de las obligaciones del contrato BOOMT, y haciéndole un seguimiento cronológico a los hitos del proyecto, a partir deltaponamiento del túnel de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD) en abril del año pasado.

Otros aspectos que se revisan

Se evalúan igualmente los efectos y posibles daños generados con la celebración y ejecución de los contratos para la construcción de los túneles de desviación, túnel de acceso y las galerías de construcción del proyecto.

Los auditores de la Contraloría examinan a fondo el contrato suscrito entre EPM y Consorcio CCC Ituango para la Construcción de la presa, casa de máquinas y obras anexas, cuyo valor ejecutado fue del orden de los 2,9 billones de pesos.

Además, se revisan con lupa las fuentes de financiación del proyecto y la destinación e inversión de los recursos públicos del Estado, que fueron aportados por la Gobernación del Departamento de Antioquía, el Instituto para el Desarrollo de Antioquía – IDEA, el municipio de Medellín y Empresas Públicas de Medellín – EPM.

Hasta hoy el costo del proyecto Hidroituango se aproxima a los11,5 billones de pesos, de los cuales 38,23% (más de 4,3 billones) corresponden a recursos propios.

El 61,77%restante proviene de la deuda con banca multilateral, que equivale a casi 7,1 billones de pesos.

La CGR estimará los costos adicionales que a futuro se generarán por causa de deficiencias y situaciones adversas que hayan surgido durante la planeación y desarrollo del proyecto.

Riesgos ambientales

Aparte de los cuantiosos recursos que se han invertido en el proyecto, es motivo de preocupación para la Contraloría la situación ecológica que se ha desprendido de la emergencia, el impacto sobre las poblaciones ribereñas, el eventual efecto sobre tarifas y suministro energético y la sostenibilidad económica de una empresa que es patrimonio público.

A través de la Delegada de Medio Ambiente, la Contraloría General de la República auditará también los estudios de Valoración de Costos Ambientales utilizados por la autoridad ambiental competente para otorgar la Licencia Ambiental al Proyecto y las modificaciones a la misma.

El objetivo de esta evaluación es precisar si con base en dichos estudios, los riesgos ambientales fueron adecuadamente previstos, y si se tomaron las decisiones correspondientes para evitar la materialización de dichos riesgos, su minimización, mitigación, y las eventuales compensaciones ambientales.

También se va a determinar si las autoridades competentes han efectuado la valoración de los costos ambientales derivados de la contingencia presentada a partir de 2018 en el proyecto, y la forma como se ha previsto asumir dichos costos por los gestores fiscales correspondientes.

Justamente a partir de hoy, la CGR inició visitas a las diferentes autoridades ambientales con competencia en el área de influencia del Proyecto (CORANTIOQUIA, CORPOURABÁ, CVS, CORPOMOJANA, CSBV y CARDIQUE), además del ANLA, a fin de determinar qué acciones han adoptado en el contexto actual de la contingencia presentada en el Proyecto.