Un Control Excepcional -por vía de Actuación Especial- al Proyecto Hidroituango, que permitirá determinar en unos seis meses quiénes pudieron tomar malas decisiones en su ejecución y las irregularidades que se pudieron dar en el proceso de planeación  para la construcción de la represa, fue iniciado por la Contraloría General de la República (CGR).

Asimismo se establecerán los sobrecostos que se han generado, como las pérdidas que ha producido la crisis que afronta, y las emergencias ambientales y sociales que se han generado con la misma.

El contralor Carlos Felipe Córdoba Larrarte puso al frente de esta Actuación Especial al vicecontralor (E) y contralor delegado de Minas y Energía, Ricardo Rodríguez Yee, que lideró en su momento la auditoría que puso al descubierto el escandaloso caso de Reficar. Rodríguez Yee lidera un equipo de expertos ingenieros civiles, geotecnistas, especialistas en hidrología y avezados auditores.

El equipo

Equipos interinstitucionales de Contraloría, Procuraduría y Fiscalía avanzan en recabar, de manera conjunta, el material probatorio sobre el proyecto Hidroituango, para luego proceder en lo de su competencia, anunció Córdoba Larrarte.

En este sentido indicó que “estamos apostando porque el proyecto Hidroituango salga adelante, pero es preciso afirmar, sin ningún miramiento, que quienes hayan tomado malas decisiones o aparezcan involucrados en algún tipo de irregularidad, que amerite un enjuiciamiento por esa conducta, tendrán que responder por esas actuaciones”.

Veeduría

Asimismo, mediante Auto del 8 de febrero de 2019, el Contralor General de la República admitió la solicitud de Control Excepcional al proyecto Hidroituango promovida por el representante legal de la Veeduría Ciudadana Nacional Recursos Sagrados.

Mediante comunicación del 29 de enero de este año, el señor Juan Carlos Calderón España, en su condición de Director y representante legal de esta Veeduría, solicitó al Contralor General, que se realizara Control Excepcional respecto del proyecto de Generación Eléctrica Hidroituango, indicando que “es de conocimiento público la magnitud del megaproyecto, no solo por su impacto en el sector energético nacional, en términos de producción, sino por su impacto medioambiental y económico para los entes territoriales financiadores del megaproyecto”.

El contralor Córdoba Larrarte ha hecho énfasis en priorizar dentro de su gestión los mecanismos de participación ciudadana y en particular, la relevancia de las veedurías ciudadanas en las vigilancia y control de la gestión fiscal pública, de ahí que haya admitido este control excepcional sobre las cuentas de entidades del orden territorial, que son competencia de la Contraloría Departamental de Antioquía y de la Contraloría de Medellín.

El control excepcional busca determinar el presunto detrimento patrimonial al Departamento de Antioquía, al Instituto para el Desarrollo de Antioquía – IDEA, al municipio de Medellín, a las Empresas Públicas de Medellín – EPM y al patrimonio de la Nación, por presuntas deficiencias en el proyecto.

Una vez analizadas las razones que fundamentaron la solicitud de la Veeduría Ciudadana Nacional Recursos Sagrados, el Contralor General, consciente de la importancia que representa para el país el proyecto Hidroituango y el impacto del mismo, ordenó que se adelanten varias líneas de trabajo.

Las líneas trazadas por la CGR para mirar dentro del control excepcional aprobado, están dadas a partir de presuntas irregularidades en el proceso de planeación para la construcción de la represa y en la gestión ineficiente y antieconómica en el proyecto de constitución y liquidación de EMP Ituango, lo que generó mayores costos cargados al proyecto.

Así como las pérdidas generadas por los recursos que han sido necesarios para atender las emergencias ambientales, sociales y ecológicas ante los contratiempos presentados en la construcción de las obras principales.