Gaviria versus Corcho
Ya es conocido que el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, tiene algunas diferencias conceptuales con la titular de Salud, Carolina Corcho, en torno al alcance del proyecto de reforma que está en proceso de redacción final para ser radicado en el Congreso el próximo 6 de febrero, en el arranque de las sesiones extraordinarias. Gaviria tiene peso específico innegable en esta discusión en el marco del Consejo de Ministros, toda vez que ocupó la cartera de Salud en el gobierno Santos por casi seis años, ya que asumió en septiembre de 2012 y culminó el 6 de agosto de 2018, es decir cuando se dio el cambio de gobierno para la llegada de Iván Duque. De hecho, se considera el funcionario que más tiempo ha estado en esta cartera en las décadas recientes. En los corrillos políticos se asegura que si en determinado momento el choque de criterios entre Corcho y Gaviria se hace insostenible, el segundo podría pensar en dar un paso al costado y salir del gobierno ¿Será?
El ‘prefecto de disciplina’
Una curiosa interpretación hizo un reconocido empresario sobre el rol del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, en el gobierno Petro. En un primer encuentro con la prensa este año, en donde expuso los planes de su compañía para el 2023, se le preguntó off the record al empresario qué opinaba de la polémica sobre la política minero-energética del gobierno Petro, sobre todo la posibilidad de que no se firmen nuevos contratos de exploración de gas y petróleo. “… Ocampo es como el prefecto de disciplina en los recreos: deja que los alumnos jueguen y hagan lo que quieran, pero cuando se están pasando de la raya los llama al orden… En otras palabras, no se mete con la gestión de otros ministros salvo que empiecen a afectar las finanzas, el panorama fiscal o el rumbo económico… Ahí los llama al orden, y hasta ahora el rector, que es Petro, lo ha respaldado”, afirmó el empresario en una charla distendida con reporteros.
Concepto de política criminal
A propósito del controvertido proyecto de reforma penal y penitenciaria que viene impulsando el ministro de Justicia, Néstor Osuna, en torno a mecanismos para facilitar la excarcelación de delincuentes de buena conducta, que incluso podrían salir en el día de prisión, trabajar e implementar medidas de justicia restaurativa con la sociedad y las víctimas de sus infracciones a la ley, un parlamentario uribista está analizando la posibilidad de exigir, mediante derecho de petición u otro mecanismo legal, que se dé a conocer el concepto del Consejo Superior de Política Criminal, que por ley debe pronunciarse ante el Congreso frente a toda reforma penal, así su criterio no sea vinculante ni obligatorio.
Voces clave
De dicho Consejo hacen parte, de acuerdo al artículo 167 de la Ley 65 de 1993 y el Decreto 2055 de 2014, el Ministro de Justicia (que lo preside), los presidentes de Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el Fiscal General, el ministro de Educación, el Procurador General, el Defensor del Pueblo así como los directores de la Policía, la Dirección Nacional de Inteligencia, del Inpec, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Departamento Nacional de Planeación. Obviamente, los criterios clave aquí serían los del Fiscal, Procurador, Defensor del Pueblo y voceros de altas cortes, que no están bajo la esfera del Ejecutivo, como el resto de las instancias que componen el Consejo.