* Gobierno Boluarte e institucionalidad
* La Fuerza Pública defiende el orden
Se esperaba en el Perú una transición pacífica tras la salida del poder de Pedro Castillo, agobiado por el mal gobierno así como la detención y fuga de varios de sus familiares y colaboradores inmersos en la corrupción. Esa caótica situación desató la frustración general y la impopularidad del mandatario de izquierda hasta forzar su destitución semanas atrás. Sin embargo, lo ocurrido en las semanas recientes evidencia que no parece importarles mucho a las organizaciones políticas contestarias -citadinas o regionales- que los gobernantes incumplan sus promesas de campaña y se repartan entre sus afines los fondos y contratos del Estado. Tampoco les interesa que impere la justicia. Por el contrario, optan por apelar al caos y pescar en rio revuelto, así toque violar la ley y exponer a la ciudadanía a dolorosos enfrentamientos en los que caen policías, militares y civiles de la más diversa condición.
Ante las violentas marchas de esta semana protagonizadas por partidarios del hoy preso Castillo, las mayorías de Lima y otras ciudades reclaman estabilidad, seguridad, orden y respeto al Estado de Derecho. Elementos todos ligados a la transición en el poder que significa la asunción de Dina Boluarte, quien ocupa en estos momentos la presidencia, según mandato constitucional, citando además ya a nuevas elecciones.
La mandataria asumió el cargo a sabiendas de que desde diversos sectores de la política querían sacar partido de la caída del exgobernante de izquierda con el único fin de capturar el poder, incluso por la fuerza. Es por eso que se han desatado multiplicidad de desafíos a la institucionalidad. Marchas y protestas de las que lo único que se sabe con alguna certeza es que buscan defenestrar al gobierno legítimo y apoderarse de la maquinaria estatal. Son las turbas montoneras de la ‘revolución’, que están por arrasar cuantos obstáculos encuentran a su paso violento. Llegaron a Lima y provocaron varios incendios y múltiples destrozos. A nivel local, de manera extraoficial, se dice que desde Bolivia el expresidente Evo Morales y sus agentes siguen apoyando a Castillo e impulsan la dislocación del sistema en el Perú…
A su vez, quienes defienden la democracia y arriesgan sus vidas por mantener el orden institucional son los integrantes de la Fuerza Pública. Las marchas han dejado, en su camino a Lima, varios muertos y heridos por los enfrentamientos con la autoridad. La llegada a la capital de los conglomerados de contestarios de las provincias ha trasladado del campo y las sierras a la capital el pulso entre la legitimidad y los violentos. Los estamentos policiales y militares han mostrado un gran valor y disciplina para evitar una tragedia mayor. Mas no cabe la menor duda de que una vacilación, un levantamiento parcial o la deserción de los agentes del orden, en tan explosivo escenario, daría al traste con el gobierno de transición. En ese sentido, debe reconocerse la valentía de la presidenta Boluarte que, desde la Casa de Pizarro, está al frente de la crisis e insta a las diversas autoridades a defender el orden a toda costa. Sabe que si la violencia sigue aumentando, la situación podría derrocarla. Falta ver si la población de las principales ciudades respalda a los agentes del orden y sale a las calles a defender la institucionalidad y su modus vivendi. En tal caso, la continuidad del reciente Ejecutivo estaría asegurada. Como se ve, en estos momentos la estabilidad democrática descansa en la voluntad de la Fuerza Pública para resguardar la estabilidad y democracia.
En tanto los abogados de Castillo se mueven en los tribunales, buscando conseguir por cualquier medio su libertad, pese a que las pruebas de sus negocios ilegales abundan y varios de sus socios están presos. Lo último que trascendió era que un juez aceptó estudiar la posibilidad de una habeas corpus. Esto ocurre en Lima, una ciudad tomada por asalto por millares de agresivos marchantes que lanzan piedras contra todo y parece repugnarles la urbe, en especial los edificios históricos, bancos, entidades oficiales y hasta universidades.
Es de esperar que en esta dramática contienda entre los dirigentes del orden y los invasores, se imponga la autoridad y se evite al máximo un aumento de víctimas mortales y heridos. Son personas que están siendo usadas como ‘carne de cañón’ por los agitadores locales e internacionales.