Cada día se conocen más detalles del proyecto de reforma a los códigos penales y al sistema carcelario que el gobierno presentará al Congreso en marzo próximo. No hay duda de que urge una reforma para resolver el problema de prisiones que hoy muestra un hacinamiento del 25% incluyendo URI’s (200%) y estaciones de policía -que no están diseñadas para alojar presos condenados como lo hacen hoy-.

El Minjusticia ha ido dando información con cuentagotas. Ha dicho que ciertas conductas hoy criminalizadas deben dejar de serlo. Mencionó, por ejemplo, la inasistencia alimentaria y dijo que si alguien va a la cárcel por no pagar esa asistencia, menos va a poder hacerlo si está preso. Tiene razón. Además, se viola el principio de que no hay prisión por deudas. Pero hay que prever un mecanismo, que no sea el largo y costoso procedimiento civil actual que hace nugatorio el derecho, que permita a las mujeres obligar al pago De lo contrario se anula el efecto de disuadir que tiene hoy la cárcel. Y así en otros casos.

Ha propuesto rebaja de penas, más facilidad para casa por cárcel y la posibilidad de que los presos salgan a trabajar a las 8:00 am y vuelvan a dormir a las 6:00 pm. Esto parece un chiste: la reincidencia es altísima hoy porque los delincuentes saben que si los detienen los jueces no ordenan la prisión o los sueltan en pocos días.  Hay quienes cuentan con cinco o más “entradas” y están afuera delinquiendo. Las cárceles se convertirían en hoteles que les ahorrarían hospedaje, desayuno y cena por cuenta de nuestros impuestos.

Ha dicho el ministro que no deben construirse más cárceles. Por supuesto hay una gradación de conductas, desde las más graves como el homicidio, el narcotráfico, el secuestro y el terrorismo, por ejemplo, hasta el robo a mano armada y, más abajo, el hurto leve (y no reiterado). Probablemente el ministro no ha estudiado el decreto 0014 de 1955 sobre los “estados de especial peligrosidad” que identificaba a los abigeos, los tratantes de armas, los reducidores, los urbanizadores piratas y otros. Esos eran enviados a colonias penales (Araracuara) en zonas de difícil acceso (agua o avión) donde tenían que construir sus propias facilidades y cultivar para comer. Costaba muy poco mantenerlas y en ellas los delincuentes aprendían oficios. Desapareció en una de las “n” reformas penales y hoy nadie lo recuerda. Pero quizá a los que proponen la reforma actual los ilumine para buscar soluciones útiles al hacinamiento sin poner en riesgo la seguridad ciudadana.

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Coda: Petro y la alcaldesa han pedido al Congreso que prohíba las corridas de toros. Otros proyectos buscan prohibir las riñas de gallos, la exportación de ganado en pie, el coleo llanero y hasta la pesca deportiva, porque los pobres animalitos sufren torturas y se violan sus derechos. El argumento es equivocado: no es que los animales tengan derechos, sino que el hombre tiene el deber de respetar la naturaleza.  

En su respuesta a la decisión de la Corte Constitucional, la alcaldesa dijo: “El siglo XXI es el siglo de la vida, no el de la muerte.” Yo le pregunto, y lo mismo a Petro, si piensan lo mismo respecto del aborto. Porque sus partidos apoyan el aborto, incluso voluntario y en cualquier etapa.  En el “siglo de la vida” cada año se practican unos 73 millones de abortos (Lancet Global Health. Sep. 2020) y en los Estados Unidos a partir de la sentencia de 1973 en el caso Roe v. Wade, han sido abortados 64.5 millones de niños.