El Gobierno se va a reunir en las próximas semanas con las bancadas para definir el cronograma para presentar las reformas que le son claves y que no dan espera, como la pensional, la de la salud y la ley de sometimiento de los grupos armados.  

En este sentido, la administración Petro tiene que organizar el orden de radicación de las iniciativas de tal forma que logre aprovechar de la mejor manera el tiempo, con el fin de que tengan más chance de ser aprobadas, pues el período legislativo que viene es más corto –del 16 de marzo al 20 de junio– y en el segundo semestre de este año hay elecciones territoriales, lo que se da por descontado que distraerá un poco el tiempo de los congresistas que tienen candidatos para alcaldías, gobernaciones, concejos, asambleas y JAL. 

El trabajo de alta filigrana política que en ese sentido tiene por delante el ministro del Interior, Alfonso Prada Gil, es complejo, pues además de buscar acordar con las bancadas de la coalición de gobierno, liderada por el Pacto Histórico, el orden de radicación de los proyectos, debe cuidar que los mismos no estén al tiempo en iguales comisiones para que no terminen estorbándose en su trámite, pues hay reformas como la de salud y la laboral que tienen que tramitarse inicialmente por las comisiones séptimas. 

Otra de las reformas que desvelan al Gobierno es la política, que fue aprobada en primera vuelta el año anterior y que debe pasar por segunda entre marzo y junio próximos, de lo contrario se hundirá porque se trata de un acto legislativo y, por lo mismo, no puede ser tramitada en sesiones extras después del 20 de junio. 

También está el proyecto de acto legislativo que reconoce a los campesinos como sujetos especiales de protección constitucional, el cual fue aprobado por el Congreso de la República el año anterior en la primera vuelta y debe surtir la segunda entre marzo y junio próximo.

Las elecciones 

El 29 de junio arrancará la campaña para las elecciones territoriales de octubre de este año que, como ha sucedido en anteriores oportunidades en que se ha desarrollado este proceso electoral, distrae la actividad del Legislativo, pues los parlamentarios tienen intereses en juego con sus partidos y con los candidatos en las diferentes regiones en donde ejercen su influencia política. 

Si bien no se puede llegar a decir que el Congreso se va a paralizar, pues no hay que olvidar que la inasistencia a determinado número de sesiones les puede costar a los congresistas la pérdida de investidura, es innegable que los comicios territoriales afectarán el ritmo del Congreso y el trámite de los proyectos de origen gubernamental y de raíz  parlamentaria. 

Tampoco puede olvidar el Gobierno que algunos de los proyectos de reforma que presentará podrían resultar impopulares, por lo que muchos congresistas se cuidarían de votarlos a favor o simplemente no les darían trámite, temiendo que en las elecciones les puedan pasar a sus candidatos y sectores políticos la factura de cobro. 

Es el caso de la reforma al Código Penal, de la cual el ministro de Justicia, Néstor Osuna, dijo que tiene listo el borrador del proyecto, el cual está enmarcado en la política de que para algunos delitos menos graves tener alternativas distintas a la prisión y de esta forma también descongestionar las cárceles. 

 “El proyecto trata de ofrecerle a la sociedad colombiana una reforma al sistema penitenciario, que le brinde más seguridad en el sentido de disminuir la reincidencia, y contemple un sistema carcelario más razonable, modelo y ajustado a la sensatez”, dijo el ministro Osuna. 

Por ejemplo, el proyecto contempla que si no hay reincidencia y el delincuente repara a la víctima, la privación de la libertad sería más corta. 

Sin duda este proyecto generará debate, pues una parte de la población podría compartir este tipo de iniciativas, partiendo de la base de que la cárcel no está cumpliendo su función de resocializar, pero grandes sectores de la ciudadanía piden incluso endurecer las penas por la creciente inseguridad. 

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Plan Nacional de Desarrollo 

El próximo 7 de febrero el Gobierno Nacional radicará el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, el cual recoge el programa con el cual Gustavo Petro ganó la elección presidencial, así como cuenta con el insumo de medio centenar de consejos regionales vinculantes que adelantó la administración en diferentes regiones del país, donde recibió miles de propuestas de los ciudadanos en materia de desarrollo y para mejorar la calidad de vida de la población. 

La discusión de este proyecto se tomará la mayor parte del segundo periodo que se avecina de esta primera legislatura. Basta recordar que el anterior gobierno de Iván Duque presentó el proyecto el 6 de febrero de 2019 y finalmente fue aprobado el 3 de mayo del mismo año. 

Entonces, el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo será un fuerte competidor para las reformas que tiene previsto el Gobierno Nacional presentar en marzo venidero. 

Dosificar o aplazar radicación de proyectos 

El balance del paquete legislativo del Gobierno en el pasado período fue superlativo, porque logró sacar adelante la totalidad de las iniciativas que presentó, comenzando por la reforma tributaria.  

Sin embargo, las reformas que vienen ahora son más complicadas en su discusión en el Congreso, por el alto impacto que producirían en la sociedad, como la pensional y la laboral. 

Tanto la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez; como la de Salud, Carolina Corcho, señalaron al principio de este gobierno que estas iniciativas requerirían antes de ser llevadas al Congreso de una amplia discusión  con los diferentes actores. 

Sin embargo, esta discusión es muy incipiente y se ha dado más que todo en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, aprovechando este escenario por la presencia de los sindicatos y representantes de los empresarios en la determinación del salario mínimo de 2023. 

Pero la reforma pensional no se ha discutido, por ejemplo, con los fondos de pensiones, con los diferentes gremios involucrados en el tema y con los partidos políticos, entre otros. 

En ese sentido una posibilidad para el Gobierno es aplazar la presentación de estos proyectos para el 2024, o al menos uno de ellos, y aprovechar este año para dar una discusión de fondo con los diferentes actores de los respectivos sistemas. 

Sin embargo, es algo que no está en los planes del presidente Gustavo Petro, por lo menos teniendo en cuenta lo que ha manifestado públicamente. El jefe de Estado ha sido claro con su bancada en que “no creemos que se puedan aprobar proyectos de esta magnitud después del primer año; o lo hacemos este año con el viento a favor, o si no, después la historia nos manda hacia otros lares”, dijo en julio pasado.