Presidente de Anif, Sergio Clavijo, dice que esas calificaciones son "relativas" y que Gobierno debe atender compromisos con el proceso de posconflicto y de déficit fiscal

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Según el Fondo Monetario Internacional, FMI, la economía colombiana no requiere, por ahora y hasta 2022, un ajuste estructural.

Para la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, el organismo multilateral “compró” la visión de Gobierno sobre solidez macro-financiera y fiscal, tanto en el corto como mediano plazo.

El análisis indica que “la economía política de tan buena libreta de calificaciones para Colombia tiene una doble explicación. Como suele ocurrir, esas calificaciones son ‘relativas’ a lo que ocurre con los vecinos y en ese sentido Colombia se merece un buen reporte, pues ha mostrado resiliencia; es decir, se ha deteriorado la macro del país, pero todavía no estamos en cifras negativas de crecimiento ni con perspectivas de crisis financieras ni externas. Además, frente a las contracciones del PIB-real cercanas al -1% de años pasados y frente al pronóstico del +1% para 2017 en la región, Colombia sale ‘relativamente’ bien librada con su ‘nadadito de perro a flote’ del 2% anual”.

Otra de las razones para la condescendencia del FMI con Colombia, razón para la condescendencia del FMI con Colombia, es que dicha institución se ha comprometido con el posconflicto y no quiere decir que los esfuerzos son insuficientes, pues la propia Sra. Lagarde está comprometida con la recuperación del país. Prueba de ello ha sido la extensión de la llamada “línea crediticia de contingencia” que solo se le ha dado a México, Polonia y Colombia, pero por eso mismo el FMI ha tenido que adoptar una “línea de beneficio de la duda” con estos países.

Perspectivas debatibles

En particular, son muy debatibles las perspectivas macrofinancieras que presenta el FMI para Colombia hacia el futuro inmediato (2017-2022) y, como se sabe, el grueso de los pronósticos más allá de unos cinco años tiene muy bajo poder predictivo por cuenta de la elevada incertidumbre global y de la compleja economía política local en medio del llamado posconflicto.

La relación Recaudo Tributario/PIB “mágicamente” la eleva el FMI del 14% hacia el 16%, obteniendo en el papel +2% del PIB de recaudo por cuenta de la “mayor gestión tributaria” y de la aceleración económica.

ANIF ha encontrado ganancias de solo el 0,6% del PIB por año para dicho período, luego la discrepancia tiene que ver con el excesivo optimismo que le ha vendido el Gobierno al FMI. La relación Deuda Pública Bruta/PIB se estaría reduciendo, según el FMI, del 50% al 40% del PIB por cuenta de esos supuestos de mayor recaudo, pero donde no se presenta ninguna contención significativa del gasto público; de hecho, uno de los temas más ausentes de ese documento del FMI tiene que ver con las presiones de la seguridad social y de las vigencias futuras de infraestructura.

El centro de análisis avizora, por el contrario, que esa relación de deuda podría elevarse del actual 56% del PIB hacia cerca del 62% hacia 2022, en ausencia de choques frontales por el lado del ingreso y del gasto público.

Contrasta con la laxitud del FMI, las advertencias recientes de las calificadoras S&P y Fitch en el sentido de que Colombia está volada en al menos 10 puntos porcentuales en dicha relación frente a pares con esa calificación crediticia y de allí los llamados a reducirla prontamente, independientemente del posconflicto.

Por último, sorprende que el FMI no tenga en cuenta el grave problema de falta de diversificación exportadora, de una parte, y los desafíos existentes para mantener los volúmenes de petróleo-gas, aun si se recuperara el precio Brent hacia los US$60/barril en los próximos dos años, de otra parte.

A nivel nacional ya existe conciencia sobre este gran riesgo de dejar “caer la estantería minero-energética”, sin haberse recuperado en prácticamente nada las exportaciones no tradicionales.

Lo mismo le ocurre al “club de buenas prácticas” de la OCDE, aunque este al menos ha ido sincerando el cúmulo de tareas pendientes en lo social, en lo pensional y en la búsqueda de mejores arreglos institucionales para Colombia, si es que finalmente se concreta su ingreso tras cerca de cuatro años de preparación.