Las organizaciones de defensa de los animales han empezado a recurrir a las nuevas tecnologías para combatir el tráfico de algunas especies en Indonesia, desde aplicaciones de móviles a códigos de barras basados en el ADN.
La fauna y la flora de los bosques tropicales del archipiélago del sudeste asiático, cuya biodiversidad es una de las más ricas del planeta, están amenazadas por el lucrativo tráfico de animales, como los orangutanes o los pangolines. Se calcula que el comercio ilícito de especies en peligro reporta unos 23.000 millones de dólares (18.000 millones de euros) a escala mundial.
Para atajar esta lacra, activistas ecologistas han empezado a utilizar nuevos instrumentos para intentar proteger a las especies raras y en peligro en Indonesia.
La tecnología es “probablemente uno de los recursos más importantes para ayudar a los buenos a atrapar a los malos”, declara Matthew Pritchett, de la oenegé Freeland Foundation, que lucha contra el tráfico.
“Los delincuentes que están detrás del comercio ilegal de especies salvajes son organizaciones criminales muy sofisticadas y bien organizadas”, afirma.
Frente a tales redes, los defensores de los animales han empezado a recurrir a tecnologías hasta ahora reservadas a la lucha contra los cárteles de la droga y el crimen organizado.
La Sociedad de Conservación de la Fauna y la Flora (WCS) utiliza unos programas informáticos que permiten establecer las rutas de los traficantes y extraer datos de aparatos electrónicos de los sospechosos, explica Dwi Adhiasto, gestor del programa de WCS para Indonesia.
Falta de voluntad
Por su parte, el Centro Internacional de Auxilio para los Animales en Indonesia (IAR) examina las pruebas con ayuda de códigos de barras basados en el ADN para identificar especies.
El IAR ha creado una base de datos para el loris perezoso, un primate muy codiciado por el veneno que produce para defenderse, muy empleado en la medicina tradicional china.
“Si tenemos animales de los que conocemos el origen y animales que nos encontramos, por ejemplo, en Yakarta, podemos comparar las muestras genéticas”, explica Christine Rattel, asesora del programa del IAR.
“A continuación, podemos dibujar las zonas de caza y determinar las rutas utilizadas para el comercio ilegal”, indica.
Pero, pese a una serie de leyes para proteger la fauna y la flora indonesias, no hay suficientes guardias forestales y policías. Además, carecen de medios y conocimientos científicos, según los expertos.
“Mucha gente no se da cuenta de que las personas encargadas de que se respete la ley no son científicos. Quizá algunos de ellos se hayan especializado, pero hay entre 25.000 y 30.000 especies protegidas del comercio internacional en todo el mundo”, destaca Pritchette.
Gracias a las informaciones generadas por la aplicación de la oenegé -que contiene unas 700 especies y 2.000 fotos-, las autoridades de Indonesia y de Tailandia pudieron investigar redes de traficantes. Pero, pese a los esfuerzos de los activistas ambientalistas y la ayuda de la alta tecnología, la batalla está a punto de perderse, según los expertos.
Las leyes que no se adaptan a la realidad, la falta de efectivos para que se aplique la legislación y el hecho de que se abran diligencias en muy pocas ocasiones son los principales desafíos que habría que superar, según un informe de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) publicado en 2015.
A esto se sumaría la falta de voluntad política en Indonesia para terminar con el mercado negro de especies protegidas, según Ian Singleton, director del programa de conservación de orangutanes de Sumatra, que emplea drones para seguir el rastro de los monos y detectar las zonas de deforestación ilegal, una práctica que amenaza el hábitat de los animales.
“Sin voluntad por parte del gobierno, nada cambiará nunca, sea cual sea el nivel de la tecnología”.