Aunque el  desempleo ha bajado en los últimos dos años, los altos costos del mercado laboral impiden que baje más y que se abran nuevas oportunidades para los desocupados.

De acuerdo con un análisis de la Asobancaria, las distorsiones introducidas por la regulación y la tributación, principalmente los altos costos laborales no salariales y la inflexibilidad del salario mínimo legal, impiden que baje la tasa de desempleo natural y generan informalidad laboral.

Indican los expertos que la inflexibilidad en el mecanismo de determinación del salario mínimo, que por disposiciones constitucionales debe aumentar por lo menos al ritmo de la inflación, lo mantiene elevado de manera sistemática, sin tener en cuenta la coyuntura del mercado.

Asimismo, este mecanismo impide que el salario se determine estrictamente de acuerdo con la productividad laboral y hace que permanezca alto respecto del ingreso promedio.

Señalan los analistas que los costos laborales no salariales, a su vez, constituyen un sobrecosto que se aplica a un salario mínimo legal ya artificialmente elevado.

Antes de la reforma tributaria del año pasado, los costos representaban 58% de un salario legal. Con la reforma se redujeron a 44,5% para las remuneraciones menores de 10 salarios mínimos. Sin embargo, continúan elevados comparados con los estándares internacionales.

Indican los investigadores que tanto el salario mínimo como los costos encarecen la generación de empleo formal. El exceso de oferta que se crea por la alta remuneración del trabajo formal origina un mercado informal, cuyas dimensiones en Colombia resultan altas en las comparaciones internacionales.

Además, los trabajadores informales permanecen empleados en actividades de baja productividad y sufren escasa protección social. Cuando pierden el empleo o envejecen, por tanto, enfrentan un riesgo inminente de caer en la pobreza, cuando no en la indigencia.

Al mismo tiempo, inclusive en el mercado formal, la dispersión salarial es alta, porque existe una prima elevada para las remuneraciones de los trabajadores más educados.

Esta prima refleja el bajo acervo de capital humano, la desigualdad en el acceso a la educación y su cobertura todavía relativamente baja, comparada con los estándares internacionales, sobre todo en los niveles educativos altos. De otra parte, la inflexibilidad del salario mínimo y los altos costos laborales impiden contrarrestar la pérdida de competitividad causada por la apreciación de la tasa de cambio.

Señalan que  si el salario mínimo fuera flexible a la baja y los costos menores, su efecto sobre los costos totales y los precios domésticos equivaldría a una

depreciación de la tasa de cambio.

Por esta, entre otras razones, el Gobierno se esforzó en recortar los costos laborales no salariales en la pasada reforma tributaria. Sin embargo, quedan  en la agenda pública disminuciones adicionales y propuestas para flexibilizar el salario.

Algunos expertos nacionales y en días pasados la OCDE han propuesto sistemas de salario mínimo diferenciales, que tengan en cuenta en su determinación los rangos de edad y las zonas geográficas.

Un esquema de esta naturaleza tendría la virtud de permitir una mejor alineación de la remuneración con la productividad y con los costos reales (o

materiales) del trabajo, por región y por edad.

El abaratamiento de los costos laborales estimularía probablemente la demanda formal entre los más jóvenes y en las zonas más deprimidas, grupos entre los cuales el desempleo y la informalidad son mayores.