“Quienes tratan de construir relatos insensatos tienen otros intereses económicos, pretenden que algunas ONG’s coopten la ejecución de la Ley de Restitución de Tierras. Hay ONG’s que pretenden financiarse con voluminosos contratos de la Unidad de Restitución de Tierras para generar escenarios de injusticia, como los que estamos viendo. La Procuraduría lo tiene totalmente claro y por eso ha actuado de la manera en que ha actuado”, explicó este viernes el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, desde la ciudad de Bogotá.

Ante señalamientos de sectores políticos por los encuentros con la ciudadanía realizados en San Alberto (Cesar) y Sabanas de San Ángel (Magdalena), el jefe del Ministerio Público recordó que diferentes entidades del Estado hicieron parte de la etapa preparatoria de ellos y hoy no pueden desconocer las motivaciones y problemáticas que llevaron a su realización.

“Las reuniones de San Alberto y de Sabanas de San Ángel fueron previamente preparadas por la institucionalidad. A las reuniones preparatorias, un mes antes, asistieron funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras, delegados del Ministerio del Interior en cabeza del señor superintendente de Notariado y Registro, funcionarios militares y policiales, junto a la Procuraduría General de la Nación. Fue por solicitud de las autoridades locales, que manifestaron las tensiones que estaba generando el tema de restitución en esas regiones, por eso asistió la institucionalidad, esa es la realidad. Ahora que no se bajen del bus quienes previamente asistieron”, explicó.

El procurador recordó la función de la Procuraduría en esta materia y reiteró que seguirá cumpliendo con sus deberes constitucionales en defensa de las garantías ciudadanas y el interés común.

“Nosotros articulamos como representantes de la sociedad, pero esas reuniones fueron previamente preparadas por varios instituciones con el fin de escuchar a los campesinos. Es mi deber, mi obligación constitucional. Escucho a los ciudadanos en sus problemas, en sus preocupaciones, cuando consideran que políticas públicas están afectando determinados derechos. Es mi deber y voy a ejercerlo hasta el último minuto, de la última hora, del último día que esté en la Procuraduría”.

Preguntado por periodistas, el jefe del órgano de control se pronunció igualmente ante la polémica desatada por el otorgamiento de licencias de exploración petrolera en cercanías a la zona de reserva natural Caño Cristales, entre los departamentos de Meta y Caquetá.  

“Hay riesgos que han movido a la comunidad y a muchos actores, pero hay que evaluar que la ANLA duró cuatro años en este proceso y ha debido prever lo que previeron ayer y las razones por las que determinaron la suspensión o la revocación. Son temas que tendremos que evaluar. No puede una autoridad seria, ponderada, responsable, actuar sin la necesaria previsión y recaudando los elementos de juicio necesarios. En todos los casos en que haya irregularidades, la Procuraduría no solamente puede, sino que debe intervenir”, concluyó.

Las declaraciones del procurador general de los colombianos se dieron en desarrollo de una mesa de trabajo con autoridades nacionales y distritales, frente al Sistema de Salud y Protección Social en la capital colombiana.