Tras el desconcierto generado por la libertad que se le concedió al grueso de los integrantes de la banda criminal conocida como Erpac que se sometieron a la justicia la semana pasada, y a las críticas porque nadie respondía por los vacíos en la normatividad, finalmente ayer, por solicitud de la Fiscalía, jueces de Villavicencio profirieron órdenes de captura en contra de 229 de los desmovilizados.

Estas órdenes de detención fueron dictadas como una salida jurídica que estudió la Fiscalía, luego de que sólo 19 integrantes del Ejército Revolucionario Popular Anticomunista de Colombia, Erpac, que se sometieron a la justicia, fueron cobijados con medida de aseguramiento y cuyos seis líderes principales fueron recluidos en La Picota.
Entre los enviado a la prisión bogotana están José Eberto López (alias Caracho) y Germán Ramírez (alias Vacafiada).

La Fiscalía precisó que los afectados con esta medida deberán responder por los delitos de concierto para delinquir y porte ilegal de armas.

Por lo menos cuatro grupos especializados de la Fiscalía, asignados para este caso, trabajan con el fin de buscar que sean libradas órdenes de captura por los mismos delitos contra el total de los miembros de esta Erpac.

De esta manera, solo faltan por proferir 36 órdenes de captura; sin embargo, de manera oficial, no se ha informado sobre ninguna detención.

Antes de que se profirieran las órdenes de detención, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, aclaró que los más de 200 integrantes del Erpac que se entregaron la semana pasada se sometieron a la justicia de forma voluntaria y que era obligación de la Fiscalía pedir su captura.

“Cualquier entrega a la justicia sometida al código de procedimiento penal implica que la Fiscalía General, a cualquier miembro de esa organización, pida su orden de captura por la sola pertenencia, concierto para delinquir”, manifestó el Ministro.
Vargas Lleras aclaró que este proceso de sometimiento a la justicia se trató de una entrega a la Fiscalía y no hubo injerencia del Gobierno.

“No hay ningún vacío jurídico. Un vacío jurídico no se presenta cuando una persona acepta haber hecho parte de una organización ilegal y se entrega a la justicia. Este procedimiento lo rige el Código Penal. No es una negociación, ni un sometimiento, ni aplica a la Ley de Verdad, Justicia y Reparación y a ninguna disposición distinta a la aplicación de las normas penales”, afirmó el jefe de la cartera política.

“Cualquier entrega a la justicia debe ser sometida al Código de Procedimiento Penal y al Código Penal. Ello implica que la Fiscalía pida la orden de captura a cualquier miembro de esa organización, por la sola pertenencia a la misma y por concierto para delinquir. Luego se procederá, ante los jueces de la República, a legalizar las capturas y a imputarles cargos”, dijo el Ministro del interior.

Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, dijo que el Gobierno sólo brindó apoyo logístico en el proceso de sometimiento de miembros del Erpac.

A su turno, la Directora Nacional del Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, Carmen Maritza González reveló que hasta el momento se abrieron 472 carpetas de investigación en desarrollo del proceso de sometimiento a la justicia de las Erpac , se realizaron 19 audiencias a cabecillas de la organización criminal cobijados con medida de aseguramiento, 13 personas estaban reportadas como desaparecidas y 15 como desmovilizados de las AUC.

De igual forma, en audiencia pública se solicitaron 43 órdenes de captura, posteriormente se libraron otras 51 órdenes contra miembros de la Erpac y se trabaja simultáneamente con jueces de control de garantías para solicitar 223 órdenes de captura restantes.