Mediante auto del 11 de marzo del presente año, con ponencia del magistrado Nilson Pinilla, la Corte Constitucional admitió la demanda de inconstitucionalidad, por vicios de procedimiento, contra la reforma a la Justicia Penal Militar, en la que se amplió el fuero castrense.

La demanda fue radicada el 19 de febrero por los congresistas Iván Cepeda y Germán Navas, del Polo Democrático; Ángela Robledo, del Partido Verde; y Guillermo Rivera, del Partido Liberal; así como los juristas Ramiro Bejarano y Santiago Medina, la ONG Comité de solidaridad con los presos políticos y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ).

Los demandantes alegan que existieron vicios de forma en el proceso de formación del Acto Legislativo número 02 de 27 de diciembre de 2012 y que se violó el principio de unidad de materia.

El Congreso, al aprobar esta reforma –afirmaron los accionantes– hizo caso omiso a las cifras sobre impunidad que es de 98 por ciento en los casos de falsos positivos y ejecuciones extrajudiciales, entre otros delitos cometidos por agentes del Estado en Colombia. También aseguraron que el Legislativo desatendió todas las advertencias provenientes de la Corte Penal Internacional, del Sistema Internacional de Derechos Humanos de la ONU, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de organizaciones como Human Rigths Watch.

Del mismo modo, señalaron que la ampliación del fuero militar, es decir, dejar en manos de los uniformados la administración de justicia para sus propios delitos, constituye un riesgo para un país en guerra como Colombia, en donde la impunidad llega a cifras tan altas y donde miles de jóvenes han sido víctimas de acciones militares, mal llamadas “falsos positivos”.

“Esta reforma claramente incorpora vicios de inconstitucionalidad y nos pone en el ojo del huracán frente a los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos”, concluyeron.