Un proyecto de ley que propone elevar al nivel estatutario el derecho fundamental al acceso a la información pública, fue radicado.

La iniciativa, desarrollada por Transparencia por Colombia y el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia), lleva las firmas de los senadores Carlos Emiro Barriga, del Partido Conservador; Manuel Enríquez, del Partido Social de Unidad Nacional (La U); John Sudarsky, del Partido Verde; y Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, así como de los representantes Alfonso Prada, del Partido Verde; Germán Navas, del Polo Democrático; y el presidente de la Cámara, Simón Gaviria, del Partido Liberal.
Los debates arrancarían por la Comisión Primera del Senado, una vez se designe, en las próximas dos semanas, un ponente para el estudio y discusión del proyecto de Ley en la presente legislatura.
Dado su carácter de Ley Estatutaria, la iniciativa deberá contar con la revisión de la Corte Constitucional.
La Ley Estatutaria de Acceso a la Información Pública busca promover el derecho fundamental de recibir respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública y el deber estatal de visibilizar y promover activamente esta información sin necesidad de solicitud previa, basado en la cultura de la transparencia.
Aunque en Colombia existen mecanismos para ejercer y defender el derecho ciudadano de acceder a la información pública, como el Derecho de Petición (artículo 23 de la Constitución y artículo 17 del Código Contencioso administrativo), el recurso de insistencia (artículo 21 de la Ley 57 de 1985) y la Tutela, este derecho aún no ha recibido un tratamiento autónomo ni reconocimiento independiente en el nivel legislativo.
Esta propuesta legislativa retoma la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública y la Guía de implementación de la Ley Modelo aprobadas por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Esa normatividad establece el marco legal necesario para garantizar el derecho humano al acceso a la información como condición indispensable para la participación ciudadana, la lucha contra la corrupción y la transparencia en las actividades gubernamentales, principios fundamentales para el buen gobierno.