El fallo del lunes pasado de la Corte Constitucional, dándole vía libre a la ley estatutaria del plebiscito para refrendar un eventual acuerdo de paz con las Farc, no disminuyó en forma sustancial la prevención de muchos sectores frente a lo que se negocia con la guerrilla en La Habana.

Por lo menos así lo deja ver la última encuesta de la firma Datexco, contratada por La W radio y El Tiempo, que indagó qué opinan los colombianos sobre el plebiscito tras la sentencia del alto tribunal, que no sólo dejó en firme el umbral electoral de aprobación en apenas 13% del censo electoral vigente (lo que implica que el “Sí” debe sumar 4,5 millones como mínimo para imponerse y ganarle obviamente al “No”), sino que también dejó en claro que el carácter vinculante de la decisión de las urnas es solo para el Presidente de la República y no para los otros poderes.

A la pregunta en torno a que “La Corte Constitucional aprobó el plebiscito como el mecanismo para refrendar los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con lo pactado en La Habana?”, un 47,6% de los consultados se mostró en contra, a favor solo el 34,4% y un 15,9% dijo que no sabía.

Se trata de un resultado bastante diciente ya que evidencia que una parte de la opinión pública sigue oponiéndose a temas que ya se han pactado con las Farc en la Mesa de Negociación. Temas que tendrían que ver con que los guerrilleros que confiesen sus graves delitos no irán a la cárcel e incluso quedarían habilitados de inmediato para participar en política, incluyendo la posibilidad de asumir curules en el Congreso.

Datexco también indagó sobre qué harían los colombianos frente al plebiscito refrendatorio, ahora que la Corte ya le dio vía libre a su convocatoria.

A la pregunta “¿Usted prefiere abstenerse a votar o realizar campaña para el “No” en el plebiscito?”, un mayoritario 51,9% de los consultados dijo que no iría a las urnas, al tiempo que un 36,3% respondió que optaría por votar negativamente. El 11,8% no sabía ni contestó el interrogante planteado.

Aunque la encuestadora no hizo un tercer interrogante que incluyera la opción del “Sí”, lo cierto es que el resultado anotado deja ver que la abstención activa, por más que la Corte le haya tratado de quitar espacio político en su fallo (no permite financiar una campaña por esta alternativa) continúa teniendo un peso específico muy alto, incluso frente al “No”.

Ello es significativo toda vez que lograr 4,5 millones de votos por el “Sí” no pareciera una meta fácil, no sólo al tenor de esta encuesta sino de los análisis de otras de las últimas semanas, en las que es evidente que la opinión pública tiene reservas y desconfianza frente a las cesiones a la guerrilla.

Quienes apoyan lo negociado con las Farc, con el Gobierno a la cabeza, insisten en llamar a los ciudadanos a que vayan a las urnas a votar, ya sea positiva o negativamente. Pero sectores de la oposición replican que al hacerlo quienes no  están de acuerdo con las gabelas políticas y jurídicas a las Farc, estarían ayudando no sólo a que el plebiscito alcance los 4,5 millones de umbral de participación, sino dándole legitimidad política al “Sí”, así este gane por escaso porcentaje.

 

Admiten tutela

Ayer fue admitida una tutela en el Tribunal Administrativo  de Cundinamarca  impetrada por el abogado Tomás Javier Oñate Acosta, en la que pide la protección al debido proceso, pues según él fue violado con la expedición por parte del Gobierno nacional de la Resolución 339 de 2012, por medio de la cual se autorizaron las conversaciones de paz con las Farc en La Habana.

El demandante pretende  con esta acción que “se suspendan los efectos jurídicos de todos los actos administrativos que hayan nacido a la vida jurídica sobre el proceso de paz hasta tanto se resuelva de fondo la demanda ordinaria (de nulidad que cursa en el Consejo de Estado)”.

Dicha tutela fue instaurada en contra del presidente Juan Manuel Santos; el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez; y la presidenta de la Corte Constitucional, María Victoria Calle.

Sin embargo, el Tribunal no concedió las medidas cautelares que solicitó el demandante pidiendo suspender los efectos jurídicos de todos los actos administrativos sobre el proceso de paz, lo que en últimas también afectaría el reciente fallo que emitió la Corte Constitucional declarando exequible el plebiscito para la paz, por medio del cual el presidente Santos espera consultar a los colombianos si aceptan o no los acuerdos con las Farc.

Tiempos

Tras la decisión el pasado 18 de julio de la Corte Constitucional de validar con algunas condiciones el plebiscito por la paz, considerando que es el mecanismo idóneo para consultar a los colombianos sobre los acuerdos con las Farc para poner fin al conflicto, el paso a seguir es que la alta Corte tiene 15 días para hacer llegar al Congreso la sentencia para su conocimiento y con el fin de que remita al Presidente de la República el texto definitivo, eliminando el inciso y la expresión declaradas inexequibles.

Posteriormente, el presidente Santos procederá a sancionar este proyecto de ley estatutaria, convirtiéndose la misma en ley de la República.

En este punto del proceso la fecha para la realización del plebiscito queda dependiendo de la firma del acuerdo final de paz con las Farc, pues la decisión de la Corte obliga a que la publicación del acuerdo final se realizará simultáneamente con la presentación del informe del Presidente de la República.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, explicó que "una vez se firme el acuerdo de paz en La Habana, al día siguiente el Presidente informará al Congreso de su decisión y la fecha en que se convocará el plebiscito".

Después de que el Jefe de Estado informe de su intención de convocar el plebiscito por la paz, el Congreso deberá pronunciarse en un término máximo de un mes. Aunque es previsible que lo haga en pocos días teniendo en cuenta que el Gobierno tiene las mayorías que respaldan su intención de esta negociación.

Para el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y el ministro para el Posconflicto, Rafael Pardo, este plebiscito podría realizarse en el mes de septiembre próximo, teniendo en cuenta el avance de las negociaciones en La Habana.

En este  tiempo que prevén Cristo y Pardo están contempladas las seis o siete semanas que tomará a la Registraduría organizar esta cita con las urnas.

Costos

El registrador nacional, Juan Carlos Galindo, dijo que la realización del plebiscito demandará recursos por cerca de $350 mil millones, pues demanda la misma logística que se requiere para unos comicios presidenciales colocando mesas de votación en todo el territorio nacional.

El organismo electoral pondrá en marcha este proceso hasta que el presidente Santos convoque el plebiscito.

Frente a los costos del plebiscito anunciados por la Registraduría, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, indicó su intención de que se puedan disminuir por la vía de optimizar los recursos disponibles. Para ello manifestó su intención de reunirse con el registrador Galindo.

Por lo pronto, la Registraduría tomó la decisión de que no habrá inscripción de cédulas para votar en el plebiscito, pues los ciudadanos podrán votar en los mismos puestos que lo hicieron en las elecciones de autoridades locales del 25 de octubre pasado. De esta forma se ahorra tiempo y por supuesto dinero.

Garantías del CNE

Existía preocupación porque el Consejo Nacional Electoral llevaba 9 meses sin presidente porque no se ponían de acuerdo dos bloques (de 5 y 4 magistrados cada uno) que se formaron en torno a la decisión sobre la persona que debería suceder al magistrado Emiliano Rivera.

No obstante, la presión del Gobierno y partidos como La U logró un rápido acuerdo precisamente ante la inminencia de la realización del plebiscito. Fue designado el magistrado Alexánder Vega.

El CNE tiene la función constitucional de vigilar los procesos electorales, y por ello en el plebiscito le corresponde ser un elemento clave garantizando que las campañas del SÍ y el NO a los acuerdos de La Habana se den dentro del marco establecido en la ley y los dictados de la sentencia de la Corte Constitucional.

En este sentido, la Corte ordenó que las campañas por el No o el Sí no pueden realizarse a nombre de partidos ni utilizar sus símbolos.

Promoción y divulgación

La Corte puso de presente que las actividades de divulgación y promulgación se refieren exclusivamente a la difusión imparcial del contenido del acuerdo de paz y tiene, en consecuencia, un carácter informativo, sin que pueda confundirse con las campañas a favor o en contra de la refrendación popular del acuerdo.

A este respecto, la Corte insistió en que la divulgación se distingue de la promoción, en el sentido que conforme a aquella la presentación de los contenidos del acuerdo final debe hacerse de manera imparcial, objetiva y sin sesgo o carga valorativa alguna. Esto con el objeto que se garantice la libertad del elector, la cual depende de una adecuada información sobre la materia del acuerdo final, que permita formar un criterio autónomo e independiente sobre el sentido del voto en el plebiscito especial.

Campañas de partidos

El hecho de que el Jefe de Estado delegara en el expresidente liberal César Gaviria la jefatura de debate en la campaña por el Sí  en el plebiscito, hizo que surgieran resquemores en los partidos de La U y Cambio Radical, como lo manifestaron el senador Armando Benedetti y el representante Rodrigo Lara, quienes palabras más, palabra menos, anunciaron que no se dejarían imponer por los liberales la línea en esta campaña.

No obstante parece que ayer todo quedó resuelto en una reunión que con el Presidente sostuvieron los partidos que apoyan el proceso de paz.

En ese sentido se definió que cada colectividad adelantará su propia campaña en favor del Sí en el plebiscito, aunque reconocen a César Gaviria como el coordinador de este proceso.

"Tenemos claro que todo va a estar coordinado bajo el expresidente César Gaviria, quien es como el coordinador general de la campaña, pero cada partido tiene que hacer su propia campaña", precisó el nuevo presidente del Congreso, el senador Mauricio Lizcano (Partido de La U).

Explicó que "vamos a conformar un comité político de todos los partidos para empezar a visitar las regiones para realizar la pedagogía para la paz".

Sabotajes

La Misión de Observación Electoral previno que el Eln y las bandas delincuenciales podrían intentar sabotear el plebiscito por la paz en las regiones que tienen influencia. “Hay unas regiones que son delicadas y vamos a evaluar la situación de cada una de ellas en los próximos quince días en una reunión de regionales”, dijo la directora de la MOE, Alejandra Barrios.

Las regiones en la cuales las autoridades tendrían que extremar las medidas de seguridad son Arauca, la zona del Catatumbo (nordeste), la zona del Bajo Cauca Antioqueño, el Urabá (noreste) y lo que tiene que ver con las zonas de Cauca, Putumayo (suroeste).