Con una inversión que supera los 3.300 millones de pesos la Alianza del Buen Gobierno, conformada por el Ministerio de Justicia, la Unidad para la Consolidación Territorial y la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, apoya 17 proyectos de desarrollo alternativo en los departamentos de Bolívar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés y Antioquia.
Estos 17 proyectos, que benefician a unas 43.275 personas, se desarrollan en las líneas productivas de piscicultura, avicultura, porcicultura, agricultura (para la producción de cacao, café, miel), actividades silvopastoriles (para la producción y manutención de ganado) e iniciativas forestales (madera y caucho). Además, la alianza también ha facilitado la construcción de centros de acopio y la entrega de maquinaria especializada para la producción de los diferentes productos.
Entre estas asociaciones de campesinos y comunidades indígenas se destaca el proyecto agrícola de la comunidad Kogui-Malayo-Arhuaco, quienes desde hace 4 años y medio iniciaron la recuperación de sus territorios ancestrales con siembra de café silvestre y hoy ya exportan su producto a Alemania y Estados Unidos.
Iniciativas de desarrollo como esta son impulsadas en los municipios de Santa Rosa (en Bolívar); Los Córdobas, Tierralta y Montelibano (en Córdoba); Santa Marta, Sitio Nuevo y Fundación (en Magdalena); Dibulla (en La Guajira); San Andrés y Providencia (en San Andrés); y Arboletes, Necoclí, San Juan de Urabá y Turbo (en Antioquia).
Estos proyectos buscan que los colombianos que solían cultivar sustancias ilegales logren transitar hacia economías lícitas y sostenibles de la mano del Estado y de socios estratégicos de la cooperación internacional como las Naciones Unidas. El objetivo es convertir a los colombianos que han estado vulnerables ante el mercado de las sustancias ilícitas en agentes de desarrollo rural, legalidad y paz.
La Alianza de Buen Gobierno impulsa estos proyectos para la sustitución de cultivos ilícitos a lo largo y ancho del país, para ello ha invertido 18.630 millones de pesos en 15 departamentos y 54 municipios. Esta inversión ha logrado que 20.423 familias colombianas puedan decirle adiós a los cultivos ilegales.