Aun cuando debe valorarse el esfuerzo de algunos mandatarios locales orientados a subsanar debilidades en materia institucional, “son preocupantes los resultados” en materia de lucha contra la corrupción”, aseguró el procurador Alejandro Ordóñez.

Entre otras cifras, señaló que en promedio las entidades territoriales no están publicando un 64% de los contratos que deben hacer visibles; el 33% de los municipios y el 9% de las gobernaciones no publicó en el Portal Único de Contratación (SECOP) ni un solo contrato susceptible de publicación; el 76% de las gobernaciones y el 77% de las alcaldías no reportó información completa y de calidad sobre el manejo de las regalías; el 75% de las gobernaciones no presentó informe anual de cumplimiento de sus planes de desarrollo, y el 80% de las alcaldías y el 66% de las gobernaciones no reportan información financiera y fiscal completa, de calidad y oportuna.

“Es imperativo decir que Colombia no es un país de corruptos”, enfatizó el procurador Ordóñez al referirse a la importancia de rescatar la autoestima del ciudadano colombiano y su confianza en la institucionalidad. Aseguró que son millones los colombianos de bien que se ven afectados por las acciones corruptas e ilegales de unos pocos.

Hizo un llamado para “equilibrar la balanza” entre el castigo a los corruptos y a los delincuentes, y el reconocimiento a los ciudadanos que trabajan honestamente para tener una vida digna para sí y sus familias: “sancionar a quienes matan a Colombia y aplaudir a quienes ayudan a curarla”, fue el mensaje del procurador.

El fortalecimiento de la institucionalidad y las capacidades de las nuevas administraciones territoriales para tomar las decisiones correctas, con el acompañamiento de la Procuraduría y de la Contraloría, es la primera de las nuevas estrategias anticorrupción anunciadas por el jefe del Ministerio Público. Se trata de articular un programa académico debidamente estructurado, en el cual se integren todos los ministerios y departamentos administrativos, orientado al fortalecimiento de capacidades que garantice mejores resultados a los ciudadanos.

Entre tanto, la fiscal Viviane Morales, dijo que una política seria e integral contra la corrupción debe vincular a los particulares en la prevención y represión de ese flagelo.
La declaración fue hecha durante la instalación de la Primera Cumbre Internacional “Buenas prácticas anticorrupción: hacia la configuración de un nuevo modelo de ética pública”, organizado por la Procuraduría General de la Nación y al que asistieron el Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, el Representante Residente de Naciones Unidas en Colombia, Bruno Moro y el Representante de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, UNDOC, Aldo Lale-Demoz.

Morales manifestó que ya es hora de pensar en la manera de exigirle legalmente a todas las entidades públicas y a todos los particulares que contratan con el Estado la adopción de programas de cumplimiento para la prevención de actos de corrupción.
“Me refiero a un régimen de prevención de la corrupción, inspirado en el régimen administrativo de prevención de lavado de activos que ya existe en Colombia y que ha dado tan buenos resultados en el sistema financiero”, explicó la alta funcionaria.