Entre los burgomaestres encartados con la justicia están los de cuatro capitales: Yopal, Arauca, Montería y Riohacha. De los cuales los tres primeros están despachando tras recuperar la libertad, aunque siguen vinculados a las respectivas investigaciones
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Un total de 30 alcaldes que fueron elegidos en los comicios de octubre de 2015 y que tomaron posesión en enero de 2016 han sido cobijados con medida de aseguramiento por diferentes delitos. Algunos de ellos han resuelto su situación jurídica y han retornado al cargo, en tanto que otros se mantienen tras las rejas o en prisión domiciliaria.
Teniendo en cuenta que en el país hay 1.202 burgomaestres de igual número de municipios o distritos, las tres decenas de burgomaestres encartados con la justicia son apenas el 2,4% del total.
No obstante sí llama la atención por su calidad de servidores públicos la gravedad de los delitos por los que han sido imputados por la Fiscalía.
El tema se pone sobre la mesa a propósito de que en días pasados un juez de Yopal, Casanare, dejó en libertad por vencimiento de términos al alcalde de esta capital, John Jairo Torres, popularmente conocido como ‘John Calzones’-
Torres fue imputado por el delito de enriquecimiento ilícito en más de $50 millones entre 2012 y 2015 así como por lavado de activos, relacionado con un caso de urbanización ilegal. A pesar de ello volverá a despachar como Alcalde.
En tanto que la Fiscalía pidió al Consejo Superior de la Judicatura investigar las actuaciones que contribuyeron a la libertad del alcalde de Yopal.
Una situación similar se presentó con el alcalde del municipio de Arauca, capital del departamento de este mismo nombre, Benjamín Socadagüi, quien desde septiembre del año pasado volvió al cargo tras recuperar su libertad por vencimiento de términos.
El Mandatario municipal es investigado por los delitos de corrupción al sufragante, fraude procesal y falsedad en documento.
Otro alcalde de capital departamental en problemas con la justicia es el de Montería, Marcos Daniel Pineda, quien fue capturado el 16 de junio pasado junto con el consejero presidencial para las regiones, Carlos Eduardo Correa, por presuntas irregularidades en contratos para la reconstrucción del coliseo Miguel Happy Lora y en la construcción de la Villa Olímpica en esta ciudad.
No obstante, el pasado 23 de junio un juez de Bogotá dejó en libertad a Pineda y a Correa por considerar que no representan un peligro para la sociedad, aunque continúan vinculados a la investigación.
Otro alcalde de ciudad capital en la cárcel es el de Riohacha, La Guajira, Fabio David Velásquez Rivadeneira, quien fue imputado por la Fiscalía por los delitos de peculado por apropiación, contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público.
La Fiscalía lo relaciona con irregularidades cometidas en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), a través de un contrato por un valor de 5.717 millones de pesos, dirigido a la población infantil indígena y vulnerable de esta municipalidad.
Alianzas con criminales
Desde mayo pasado está privado de la libertad el alcalde de Moñitos (Córdoba), Álvaro José Casseres Matoza, a quien la Fiscalía le imputó cargos por el delito de concierto para delinquir agravado por sus presuntos vínculos con el Clan del Golfo; corrupción al sufragante; fraude en inscripción de cédulas y constreñimiento al sufragante.
En tanto que en diciembre pasado fue condenado a 72 meses de prisión el entonces alcalde de Canaletes (Córdoba), Armando José Lambertínez Bolaños, como responsable del delito de concierto para delinquir agravado por promover grupos paramilitares entre los años 2001 y 2003, cuando también ejercía como Mandatario del municipio.
Falsedad
Desde marzo pasado se encuentra cobijado con prisión domiciliaria el alcalde de Mosquera (Cundinamarca), Raúl Emilio Casallas Rodríguez, quien fue imputado por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado.
Según la investigación, Casallas Rodríguez habría falsificado el diploma de grado que lo acredita como abogado de la Universidad Santo Tomás desde 2002.
Contratación
El pasado 23 de junio la Fiscalía imputó al actual mandatario de Santa Rosa de Cabal (Risaralda), Henry Arias Mejía, así como al exalcalde y exsecretario de gobierno para el año 2008, por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público por supuesto mal manejo de dos contratos que superaban los $23 millones.
Mañana un juez determinará si el alcalde Arias Mejía va o no a la cárcel.
En tanto que el pasado 16 de este mes, fue asegurado el alcalde de Nechí (Antioquia), Miguel Enrique Franco Menco, por presunto peculado superior a $800 millones.
De acuerdo con la investigación en el año 2010 cuando Franco se desempeñaba también como alcalde de la citada población, suscribió un convenio con el Invías para la construcción de algunas obras civiles.
Este organismo le entregó a la administración municipal $912 millones como anticipó del contrato y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea) le prestó otros $840 millones para la construcción de la misma obra. Sin embargo, culminada la administración del citado alcalde, la Fiscalía encontró que las obras solo fueron ejecutadas en un 23% con una inversión de $857 millones. Se desconoce el destino final del dinero restante.
En enero pasado, fue enviado a la cárcel el alcalde de Mogotes (Santander), Doryam Jovanny Rodríguez Avellaneda, por apropiación, celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales y prevaricato por omisión.
No obstante en marzo anterior un juez de San Gil le concedió la libertad al Alcalde de Mogotes, al resolver una apelación a la medida de aseguramiento.
En tanto que en diciembre pasado fue capturado el alcalde de Tocancipá (Cundinamarca), Walfrando Adolfo Forero, producto de una investigación por supuestas actividades fraudulentas con mantenimientos de vehículos dados de baja, cuando ocupó el mismo cargo, entre 2008 y 2011.
Minería
Desde diciembre pasado fue cobijado con medida de aseguramiento el alcalde de Puerto Leguízamo (Putumayo), Juan Carlos Paya Torrijos, quien fue capturado junto con otras 11 personas señaladas de contaminar los ríos Caquetá y Putumayo con químicos usados para la extracción ilícita de minerales.
Durante dos años se recopilaron pruebas de la contaminación y vertimiento de mercurio a las fuentes hídricas, se identificó a varios de los presuntos responsables de esta actividad y quedaron en evidencia los colaboradores que facilitaban permisos e información para cumplir con esta labor ilegal.
En contra del Mandatario municipal existen según la Fiscalía elementos materiales probatorios que lo incriminarían en la recepción de 25 millones de pesos para emitir actos administrativos que al parecer favorecerían el ingreso de maquinaria a la región y permitiría el dragado sobre el río Putumayo.
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