* Elección del Fiscal General de la Nación
* Una sociedad que se autodestruye
Hay ciertos órganos institucionales que aún están por desarrollarse y consolidarse después de la Constitución de 1991. Uno de ellos, precisamente, la Fiscalía General de la Nación, a lo menos en cuanto a entidad que coordine y formule la política criminal y la lleve a cabo bajo unos parámetros claramente establecidos. Más allá, pues, de las funciones constitucionales, que le son propias en la persecución del delito, de lo que se trata, además, es de tener una política criminal de largo alcance por encima del expediente tradicional del aumento de penas o los tecnicismos adecuados a la investigación moderna.
Esa era la idea, justamente, cuando se quiso hacer gala de un organismo que centralizara la antigua instrucción criminal y se hiciera cargo del sistema acusatorio a fin de perfeccionar el recaudo probatorio y fundar el régimen penal anglosajón. A ello se sumó el método oral, aun sin lograr la fluidez de otros países, y se ha obtenido, en todo caso, una expresión fundamental para mejorar la justica sustantiva, no sin advertir falencias en el carácter disuasivo del derecho penal. Cierto, por ello, que Colombia sufre de altos niveles de impunidad y algunos estudios, con base en la precaria información de seguridad y justicia de Naciones Unidas, confirman los niveles deplorables del fenómeno que la sitúan como la tercera nación de mayores registros con delitos impunes, especialmente los violentos. De tiempo acá, sin embargo, la sociedad colombiana ha sufrido una especie de maximalismo penalista, invadiendo buena parte de la órbita cotidiana. Lo que demuestra el alto grado de patología al que ha llegado el devenir social pero que también hace manifiesto, de otra parte, el concepto distorsivo de que solo a través del derecho penal se resuelven los ingentes problemas nacionales.
A nuestro juicio, la civilización de una sociedad se demuestra en la cantidad de derecho civil vigente, que es el mecanismo adecuado para dirimir los conflictos por la vía pacífica y sin la agresión a los bienes tutelados en el derecho penal. De modo que afianzar el civilismo, darle una mayor categoría, generar una cultura ciudadana al respecto, establecer procedimientos civiles y administrativos previos a las demandas, podría generar mayores frutos de bendición. Por lo menos en su carácter civilizador.
A su vez, buena parte de los problemas penales, en Colombia, nacen de que no se aplica la normatividad base, aquella establecida para regular las condiciones y límites de la convivencia. De allí que la sociedad colombiana permanezca en una especie de estado de contravención perpetuo, puesto que es común violar, por ejemplo, desde las normas de tránsito hasta las del espacio público o pasar por alto, verbigracia, las transgresiones contra las mujeres en Trasmilenio como circunstancia normal. De manera que en vez de cultura hay una incultura ciudadana. Por lo demás, aceptada y cohonestada. Lo que, asimismo, genera una erosión social primaria que incide gravemente y configura un ánimo colectivo de antemano desadaptado. Efectivamente, una sociedad que se autodestruye.
El problema está en que por esa vía se trasciende a la espiral penal. Entonces, de las riñas se pasa a las lesiones personales y de allí a los homicidios; de las golpizas a los ataques con ácido; de la negligencia familiar a la inasistencia alimentaria; de la viveza y la mordida al asalto al patrimonio público; del robo de los celulares al hurto agravado… y así en una sucesión interminable, para no hablar del microtráfico al narcotráfico, o de la asonada a la subversión. Por eso, ahora que está a punto de elegirse nuevo Fiscal, es bueno relievar este fenómeno que obliga a una reformulación conceptual.
En efecto, entre la funciones del Fiscal está, nada menos, que “el diseño de la política criminal”. Es lo que se ha olvidado y tanto ha hecho falta en 25 años de Fiscalía. Una política criminal que, armonizada con los diferentes órganos estatales, como obliga el artículo 113 de la Constitución, tenga un norte claro, una hoja de ruta, y no sea el trompo de quitar y poner de los caprichos de turno. Para ello hay que contar con alguien que le quepa el Estado en su cabeza. Y esa, antes que concursos públicos, es la condición insoslayable a tener en cuenta en la actualidad.