El ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, generó controversia con sus recientes declaraciones sobre el acuerdo alcanzado entre el gobierno y las Entidades Promotoras de Salud (EPS), asegurando que este pacto es resultado de presiones o intereses económicos, y no de una búsqueda genuina por mejorar el sistema de salud del país.

En un extenso video publicado en sus redes sociales, Uribe desglosó sus críticas al acuerdo, comenzando por señalar que el mismo se concibió para "disimular la estatización del sistema de salud". Afirmó que el pacto se fundamenta en "unos oficios de relleno y unos pagos en mérito", sin abordar las alternativas más populares y efectivas que podrían haberse considerado.

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Uno de los puntos álgidos destacados por Uribe es que, a su juicio, el acuerdo no modifica aspectos fundamentales que considera dañinos. Entre estos, resalta la obligación de afiliarse al centro de salud del gobierno, lo que interpreta como un riesgo de empadronamiento político y la posibilidad de persecución a los ciudadanos por motivos ideológicos.

Uribe también critica la transformación de las EPS en gestoras, alegando que esto las sometería a un control gubernamental y político excesivo, limitando su autonomía y capacidad de gestión. Además, expresó su preocupación por la falta de control que estas entidades tendrían sobre los recursos financieros, así como su reducida participación en la organización de las redes de prestadores, especialmente en zonas geográficamente remotas del país.

Otro punto de desacuerdo de Uribe es la supuesta incapacidad de las EPS transformadas en gestoras para llevar a cabo auditorías de calidad y gestionar el pago de prestaciones económicas, lo que considera una pérdida de responsabilidad y autonomía a favor del gobierno.

En contraste con este acuerdo, Uribe propone una alternativa que garantice el derecho ciudadano a elegir su aseguradora de salud, sugiriendo un modelo que permita la libre afiliación a seguros ofrecidos por diversas entidades privadas, cooperativas, mutuales, fundaciones sin ánimo de lucro y otras organizaciones médicas y hospitalarias, siempre y cuando cumplan con los requisitos de solidaridad y calidad exigidos.

Estas declaraciones de Uribe han generado un intenso debate en el ámbito político y de la salud en Colombia. Algunos sectores respaldan sus críticas, argumentando que es necesario replantear el acuerdo para evitar posibles perjuicios al sistema de salud y a la inversión privada en el sector, mientras que otros defienden el pacto como un avance necesario para mejorar la cobertura y calidad de los servicios de salud en el país.