*¿Equilibrio de los poderes públicos?

* El mal hábito de hacer mal las leyes

Muchos de los problemas de las leyes colombianas están en su hechura y trámite en el Congreso. El ejercicio legislativo, con sus rigores de forma y sus solemnidades correspondientes, no son un capricho, como muchos pudieran pensarlo. Son por el contrario la expresión democrática que permite el debate civilizado, el aporte o el control parlamentarios, a fin de conseguir la mejor normatividad posible.

No es ello, sin embargo, lo que suele distinguir al país. Para el caso no es sino observar la cantidad de normas que, por errores en su tramitación o desconocimiento constitucional, son demandadas ante los tribunales. Gran deterioro se ahorraría la Nación si el trámite legislativo estuviera a tono con la estricta disciplina y el seguimiento del cauce reglamentario. Porque el desgaste del Estado se manifiesta, en buena parte, en el suspenso que ronda cada ley una vez ha sido aprobada.

Comienza, entonces, una ruta incierta que solo llega a su fin, meses o años después, cuando los tribunales constitucionales o contenciosos, para el caso de los decretos, declaran la satisfacción o insatisfacción con la norma expedida. Y de este modo cualquiera ley nace dentro de arenas movedizas. Propias, no solo de la discusión parlamentaria, sino de esa marcha incierta por los estrados judiciales que impide la asimilación normativa en el momento oportuno. Que debería ser, a fin de cuentas, la cláusula principalísima de una sociedad acostumbrada a lo que los británicos llaman “the rule of law”, es decir, la estructuración de los referentes legales como un proceso social natural. Porque, desde luego, no basta con emitir las leyes, sino que es fundamental la apropiación de ellas en la sociedad como el máximo bien público posible. Y que es justamente donde se soporta una cultura legal. Mucho más allá, por supuesto, del legalismo de su emisión que, al contrario, es el fetiche colombiano, puesto que se da prevalencia superlativa a lo primero y se reduce lo segundo como cosa innecesaria y de poca monta, confundiendo la causa con la consecuencia.

En efecto, se atiborra el Parlamento con proyectos de ley. Una y otra vez se anuncia que la última norma, de las tantas presentadas, será la que por fin traiga la redención de tal o cual sector. Pero al final todo cae en las arenas movedizas ya dichas. Lo mismo ocurre con los gobiernos regionales y municipales, cuyas ordenanzas o acuerdos también sufren de la misma improvisación y rémora institucionalizadas.

Un caso típico de lo anterior radica en la llamada reforma de “equilibrio de los poderes públicos”, que en la actualidad está en audiencia en la Corte Constitucional. Se trataba, en principio, de una normativa sencilla que tenía el consenso ciudadano: la prohibición de la reelección presidencial inmediata. Pero ello, que era de bulto ante la extravagancia que había significado su imposición quebrando las vértebras constitucionales, se aprovechó para incluir un sinnúmero de disposiciones adicionales propias de otra reforma, la de la justicia, enervando la unidad de materia y viciando la discusión.

Se incurrió, luego, en todo tipo de malabares, permitiendo que se añadieran las ideas de cualquier cuño que a bien se tuvieran para satisfacer la galería parlamentaria. Con ello se surtía la fachada de la participación y en vez de un núcleo coherente, que por lo demás no era el escenario aconsejable en un acto legislativo sobre la derogatoria de la reelección presidencial, se legisló aquí y acullá. Y no sólo se llevaron por delante la unidad de materia. Por igual se violaron principios elementales de procedimiento, tanto en cuanto a la consecutividad en los debates,  como en la atención a los altos tribunales cuya escucha de tesis fue si acaso una pantomima. Aun así, se siguió adelante con los dictámenes señalados en el acto legislativo, pero el fracaso en aplicarlos ha sido enorme hasta el punto de que prácticamente ninguna de las nuevas disposiciones se lograron poner en vigencia hasta hoy.

De modo que la dicha “reforma” ha sido, precisamente, el ejemplo exacto de lo que no hay que hacer. Porque, en efecto, nunca las leyes pueden ser un embutido, así en Colombia todavía prevalezca la idea de que se puede hacer de ellas un chorrero de morcillas.