Corte Suprema de Justicia lo cita por soborno y fraude procesal. Congreso deberá definir su renuncia

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Pocas veces, como en la actualidad, se ha presentado una crisis de la dimensión registrada a raíz del llamado a indagatoria, por parte de la sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, indiciado por la presunta manipulación de testigos, soborno y fraude procesal.

Uribe Vélez es, como se sabe, el líder más popular y prestigioso del país en el transcurso del siglo XXI. Tanto aliados como adversarios no lo bajan de ser uno de los mayores fenómenos políticos en la historia del país. De hecho, revistas internacionales de crédito lo han señalado como uno de los políticos más influyentes del orbe.

No en vano, en ese sentido, el expresidente Uribe Vélez tiene la mayor cuenta de seguidores de Twitter en el país (entre dirigentes políticos) y acaba de ser el gran elector del gobierno, próximo a posesionarse, de Iván Duque. Asimismo, lidera la bancada mayoritaria en el Senado de la República, a través de su partido de reciente creación, el Centro Democrático, con 19 senadores y más de 30 Representantes a la Cámara.

Es por ello, desde luego, que la noticia de su llamado a indagatoria ha causado revuelo, no solo nacionalmente, sino en el exterior.

Los cargos

El caso se refiere, puntualmente, a una denuncia que había hecho el propio Uribe Vélez contra el senador Iván Cepeda, por manipulación de testigos contra él y su hermano Santiago Uribe Vélez. No obstante el 16 de febrero pasado, la Corte dictaminó exonerar al congresista del Polo Democrático y, por el contrario, abrirle investigación a Uribe Vélez y otros de sus auxiliares. De suyo, parte importante del proceso en el máximo tribunal de la justicia ordinaria consiste, supuestamente, en que el Alto Tribunal tendría evidencia de nuevas manipulaciones a partir de ese dictamen.

Inclusive, la opinión pública conoció desde entonces grabaciones de interceptaciones de llamadas a teléfonos celulares en las cuales el expresidente llamado a indagatoria estaría hablando desprevenidamente con uno de los supuestos implicados. Al anunciar este martes su determinación la Corte sostuvo que “… Como reacción a esa providencia judicial y al parecer con su consentimiento, personas allegadas al expresidente Uribe habrían emprendido nuevos actos de manipulación de testigos".

Acto seguido, el tribunal sostiene que el exmandatario tendrá todas las garantías para conocer de antemano las pruebas y preparar su defensa. Trino de renuncia A poco de ello el mismo expresidente Uribe decidió renunciar públicamente a su curul en el Senado, causando un gran impacto nacional. Esa conducta, en principio, fue fundamentada en el hecho de que no puede dedicarse, al mismo tiempo, a su defensa judicial y a las actividades parlamentarias.

Así lo dijo en Twitter al sostener que: “la honorable Corte Suprema me ha llamado a indagatoria, me siento moralmente impedido para actuar como senador y al mismo tiempo adelantar mi defensa. Por lo anterior renuncio al Senado y pido se me acepte la renuncia”. También sostuvo que “la Corte Suprema me llama a indagatoria, no me oyeron previamente, me siento moralmente impedido para ser senador, enviaré mi carta de renuncia para que mi defensa no interfiera con las tareas del Senado”.

De forma paralela, no obstante, calificó el tema de “prejuzgamiento” y afirmó estar sorprendido porque, por anticipado, algunos periodistas y políticos conocían del tema. Inclusive pidió la renuncia de un magistrado que habría filtrado la información a un noticiero de televisión.

 

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A través de su cuenta de Twitter, Uribe también envió el motivo de su renuncia al presidente del Senado, Ernesto Macías.

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Primer expresidente ante la Corte 

Como era de esperarse, la noticia causó el martes en la tarde, reacciones políticas inmediatas. Es la primera vez, en efecto, que un expresidente, en su carácter de senador, y por su fuero especial, accede directamente a la Corte Suprema de Justicia.

Incluso los escándalos en la época del gobierno de Ernesto Samper fueron tramitados en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y su caso nunca pasó al Senado ni mucho menos al máximo tribunal judicial. Para los colombianos es sabido que decenas de denuncias reposan contra los expresidentes en esa célula legislativa. Pero, en esta ocasión, al expresidente Uribe se le juzga en su condición de congresista, cuando fueron cometidas, presuntamente, las conductas ilícitas por las que se le investiga. Estas constituyen, pues, delitos comunes que, sumados, podrían llevarlo a ser imputado y exponerse a una pena de prisión de al menos diez años, especialmente contemplada la gravedad del fraude procesal que, tipificado en el Código Penal, se sucede cuando hay manipulación de testigos y pruebas para producir resultados equívocos.

En América Latina hoy es común ver desfilar a los expresidentes y líderes políticos por los tribunales judiciales a raíz de los escándalos de Odebrecht y la corrupción latente, por ese caso, en buena parte del continente, pero muy pocas veces la Corte Suprema de Justicia, en Colombia, había llamado a un expresidente por soborno y fraude procesal, proveniente la supuesta manipulación de testigos. Ya el país, en efecto, viene exacerbado en esa materia, por las investigaciones del llamado “cartel de la toga”, donde incluso expresidentes de la Corte Suprema y un exfiscal anticorrupción se han visto implicados en la compraventa de fallos y decisiones judiciales. Las indagaciones sobre testigos falsos hacen, igualmente, parte del acervo probatorio en estos procesos.

En medio de ello, además, están los expedientes de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), a la que sorpresivamente se presentó, en estos días el general (r) Mario Montoya, comandante del Ejército durante la administración Uribe Vélez. Y así paulatinamente se ha anunciado con los casos pendientes de los denominados “falsos positivos”. No se sabe, por supuesto, hasta dónde llegue la Corte Suprema en el caso del expresidente y senador. De todas maneras un llamado a indagatoria, mucho más tratándose de ese máximo tribunal, supone unas pruebas bastante contundentes. Tendrá, entonces, el exmandatario la oportunidad de rebatirlas y de su actuación dependerá, en buena medida, su inocencia o culpabilidad.

Para ello el máximo tribunal tendrá un término de varios meses. Lo que no se sabe, a estas alturas, es si la indagatoria podrá venir acompañada de una medida de aseguramiento, si considera que pueden afectarse las pruebas con la libertad del investigado. Si bien el llamado es precisamente sobre manipulaciones procesales no parecería, en principio, que la Corte vaya a tomar una decisión en ese sentido.

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Comunicado a la opinión pública: pic.twitter.com/RxMX9Xv2X6

— Iván Duque (@IvanDuque) 25 de julio de 2018

 

¿A la Fiscalía?

Frente a lo anterior, hoy sin embargo está la discusión de si al renunciar al Senado, el expresidente Uribe pierde el fuero especial y queda automáticamente en manos de la Fiscalía General de la Nación. En épocas anteriores, durante las investigaciones por la “parapolítica”, al recurrirse a esta posibilidad  por parte de los congresistas, prolongando el proceso y logrando varias instancias, la Corte Suprema de Justicia determinó que no había lugar al cambio de fuero especial y mantenía las investigaciones dentro de su jurisdicción directa. No es claro, hasta el momento, si ocurrirá lo mismo con el caso en mención o si el expresidente pasará, con su renuncia, a la órbita judicial de la Fiscalía.

 

Impacto político

En tanto, del pleito jurídico se pasó rápidamente a sus consecuencias políticas. Sin el expresidente Uribe, en el Senado, la corporación pierde vigor, a no dudarlo, y su bancada deja de tener la figura fundamental que la aglutina y la hace más interesante. En menos de ocho días, pues, el Senado se ha visto impactado, tras la inauguración de este Congreso, primero con la controvertida bajada de pantalones del senador Antanas Mockus a mitad de la primera sesión en el hemiciclo, y ahora con la renuncia de Uribe por razones judiciales.

El segundo afectado es, a su vez, el gobierno entrante del presidente Iván Duque, por cuanto con la figura del exmandatario contaba con el pilar fundamental para adelantar su agenda legislativa y aglutinar en torno de él una coalición mayoritaria y multipartidista. Sin Uribe Vélez no se sabe, por el momento, quién será el llamado a tomar las riendas del oficialismo mientras que no deja de ser posible que se produzca una dispersión partidista.

Por otro lado, buena parte de los diez millones y medio de votos conseguidos por el presidente Duque en la justa electoral de hace unas semanas se dieron con base en que era el pupilo escogido por el expresidente Uribe Vélez. Nadie duda, ciertamente, que la decisión de la Corte se constituye en un golpe político que aísla al exmandatario y debilita al nuevo gobierno, así no sean esas las pretensiones judiciales. De otra parte, en cambio, la coalición opositora, encabezada por el excandidato Gustavo Petro, vocero de los ocho millones de votos de las últimas elecciones presidenciales, parecería fortalecerse, aún más siendo parte fundamental de ella el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, y denunciante del expresidente.

Sin Uribe Vélez en el Senado, asimismo, la dura agenda legislativa gubernamental, con la reforma tributaria y el ajuste prometido de los acuerdos de La Habana, entre otros, no encontrará la fluidez que podía presumirse si el exmandatario estaba en el hemiciclo. Prohibida la reelección presidencial los primeros 100 días a partir del próximo 7 de agosto son fundamentales para el inicio en firme del cuatrienio. Dedicado Uribe Vélez a su defensa, el presidente Duque habrá perdido un aliado fundamental para sus propósitos de gobierno. Es prematuro hablar, desde luego, de una crisis política pero lo que no puede esconderse es el profundo arraigo popular, tal vez como ningún otro líder colombiano, del expresidente Uribe. Y no se sabe qué rumbo pueda tomar, entonces, la movilización en torno de su figura, dependiendo claro está de cómo maneje el expresidente el delicado asunto.

 

Plenaria definirá renuncia

Tampoco es claro, en ese sentido, si el Senado va a aceptar la renuncia del expresidente que, por sus atribuciones constitucionales, debe considerar en la plenaria. Muy posiblemente el Centro Democrático  tendrá que hacer un manifiesto y los partidos de la coalición deberán, por su parte, tomar las determinaciones pertinentes.

De no aceptar la renuncia, como puede ser posible, el Congreso puede convertirse en una plataforma de dardos judiciales permanentes e, inclusive, paralizar la inaplazable reforma a la justicia, pese al consenso inicial planteado por el presidente electo a las altas cortes al respecto. Pero, del mismo modo, en caso de aceptarla, es de alguna manera dejar al expresidente relegado a su propia suerte.

En todo caso, los primeros años del gobierno Duque se auguran más movidos de lo presupuestado, con una oposición revigorizada y una administración, no solamente dedicada a la política pública sino, por lo visto, a fondearse en pulsos jurídicos como el que ya se lleva a cabo en la figura del expresidente Uribe, concentrado obvia y exclusivamente en demostrar su inocencia.